Por Manuel Pérez Berro. Tres empleados de la multinacional alimenticia fueron procesados por realizar un corte en la autopista Panamericana. La Corte Suprema rechazó un recurso en defensa de los imputados. Los trabajadores deuncian criminalización de la protesta.
Ramón Bogado, Jorge Penayo y María Rosario, son acusados por un corte sobre la Panamericana en el marco de una protesta que aglutinó cientos de trabajadores que enfrentaban despidos masivos en 2009. Las pruebas utilizadas, fueron obtenidas de manera ilegal, en lo que se conoce como Proyecto X. En febrero pasado, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de los trabajadores, mencionando que la sentencia no era definitiva y no ponía “fin a la acción o a la pena”.
En diálogo con el programa radial La Revancha, Nicolás Tauber, abogado de los tres acusados e integrante de Liberpueblo analizó la situación de la causa y la instalación de un dispositivo punitivo para la clase trabajadora.
–El juicio lamentablemente avanza en contra de los trabajadores. ¿En qué situación está esta causa?
-Se ha dado un paso más para que se llegue al juicio. La corte rechazó un planteo que hicieron las defensas en cuanto a la nulidad de la prueba. Recuerden que las pruebas que se utilizan contra estos trabajadores fueron obtenidas de manera ilegal, en lo que se conoce como Proyecto X. Llevamos ese tema a la Corte, que sin resolver el fondo, si la prueba es nula o si la prueba es correcta, lo rechazó por un defecto formal que no era tal. Lo rechazó por una falta de copias. Con lo cual motivó que se presente un pedido a la Corte para que revise su decisión porque era sustancialmente errónea.
–Las pruebas que se están utilizando en contra de los trabajadores de Kraft, fueron obtenidas a partir del espionaje ilegal, conocido como Proyecto X, que realizó Gendarmería.
-Te doy dos ejemplos. Las actas de dos de los cortes hablan de la presencia un dirigente de la CGT que se llamaba Luis Cubilla. Luis Cubilla falleció seis meses antes de ese corte. Esa acta la sacaron de una reunión anterior que tenían del 2007. A su vez en la causa hay un informe de un agente infiltrado en una reunión de trabajadores de Kraft del 2008. Esto fue en 2009. Ese agente se hizo pasar por trabajador y brindó un informe pormenorizado sobre las acciones que seguían, quiénes estaban presentes, quiénes hacían uso de la palabra. Luego se los pretende mostrar, porque tampoco hay pruebas que lo demuestre, con los cortes. Digo dos ejemplos para que se vea hasta qué punto llega la situación. De un corte que supuestamente pasó en 2009, hay un informe de inteligencia de junio de 2008, sobre una reunión a 20 kilómetros del lugar. Esa es la causa contra los trabajadores de Kraft, así está armada.
–Dentro de los procesamientos de los trabajadores y de otros miembros de organizaciones sociales, ¿éste un caso testigo en lo que tiene que ver con el corte de ruta, o es algo que ya se ha llevado a juicio?
-Casos de criminalización de la protesta en juicios hubo muchos, y lamentablemente va a seguir habiendo. En este momento tenemos más de cuatro mil juicios contra compañeros que fueron acusados de participar en alguna lucha. No siempre por cortar la calle. Los trabajadores de Kraft están acusados por usurpar la planta y por los 38 días de su huelga. La usurpación de la planta es otra causa abierta contra los mismos trabajadores. Al día de hoy, por cortes de ruta tenemos bastantes casos, algunos fueron absueltos por diversos argumentos.
En general, la Justicia trata de no reconocer el derecho a luchar y fundarse en algún argumento de falta de pruebas, o de error de prohibición. Esto es que la persona no pudo comprender que eso estaba mal, partiendo de la base que luchar está mal. Esa es la postura que tienen los jueces en general y que ha llevado a que el número de procesados se mantenga e incremente a lo largo de los años. Tenemos que revisar el informe de Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia del 2012 en el cual participaron los organismos de derechos humanos que integramos ese colectivo. Encontramos por nuestros propios medios, sin apoyo estatal, 4200 casos chequeados de criminalización. Chequeados con todos los datos eran 2298, que fueron objeto de muestras. Nos mostraron cómo era la situación de la criminalización. Con los pocos recursos que tenemos para la investigación, nos mostró que era un fenómeno nacional, y que es una política de estado para reprimir al movimiento popular. Mientras hay en esa base de datos 4200 y 2200 chequeados con juzgados, número de causa, delito, causa procesal, hay sólo 850 genocidas procesados. Hay más de 4 mil compañeros procesados y 850 genocidas. Digo como para tener una idea de la dimensión de esta política.
–Esta cantidad que vos decís de cuatro mil trabajadores procesados, ¿en su mayoría llegan a juicio oral?
-En general se quiere llegar a juicio oral con los casos que ellos estiman más emblemáticos, o como luchas más grandes como por ejemplo la de Kraft. Este mes tenemos el juicio oral contra dos militantes que son el “Tano” Nardulli y Diosnel Pérez Ojeda, a quienes se acusa sin pruebas por haber realizado la toma del (Parque) Indoamericano. En general no se eligen los casos para llevar a juicio oral en los que haya pruebas, o en donde haya elementos para llevar a juicio, sino en donde ellos puedan poner en jaque y preocupar a las organizaciones populares y generar un avance represivo por sobre la lucha. En definitiva estas causas no existen por los hechos que supuestamente las inician, sino para frenar la lucha y la organización popular.
–Entonces estos armados de causas, procesamientos de trabajadores y miembros de organizaciones sociales, funcionan en términos de amedrentamiento. Cuando ves a un trabajador con una causa, aunque no tenga una sentencia, ¿pensás dos veces si te vas a organizar?
-La criminalización es una herramienta utilizada por varios motivos. El primer motivo, por el cual el Gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales usan esta herramienta, es que les da un marco de legalidad. Es una forma de reprimir “legalmente”. Te ponen en la situación de tener que explicar que no es un delincuente. El tema del ámbito político, gremial, ambiental, o el del tema de los pueblos originarios, los llevan a un conflicto penal. Entonces ante la sociedad vos quedás como un infractor de la ley. Ese es el primer objetivo. El otro es amedrentar. En el caso de los trabajadores de Kraft, han llegado a tener 20 causas simultáneas abiertas. En cada una de esas causas se declaran embargos efectivos sobre los bienes, pesa sobre ellos la posibilidad de ser detenidos, la empresa muchas veces los usa en juicios de desafuero como fundamentos para sacarle los fueros gremiales o para despedirlos. Con lo cual, sin la condena de la causa, se cumple la criminalización. No necesita de por sí las condenas como el caso de Corral de Bustos, el caso de Las Heras, como el caso de Quebracho, o como el caso de Marcolín. Con tener la causa abierta durante años se genera una función de amedrentamiento en donde los compañeros muchas veces se cuidan de no aparecer en los medios, o lo tienen que pensar. En lo que tienen que pensar es que participar es en su derecho democrático. Además los directivos de Kraft no tienen ni una causa abierta.
–Volviendo a la causa que pesa sobre los trabajadores de Kraft, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a seguir respecto al juicio oral?
-Por ahora el juicio oral está listo para fijar fecha. Lo que los frenan son los recursos que están ante la Corte. En los dos casos fueron mal rechazados con motivos formales, porque esos defectos no existían. Fueron motivo de un recurso propio ante la Corte, con lo cual esa discusión todavía no está cerrada. Una vez que se cierren esos recursos definitivamente, el juzgado federal podrá fijar la fecha del juicio. Si efectivamente rechaza los recursos puede ser el año que viene.