A la izquierda el ex intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba. A la derecha, el intendente de Lonquimay, Luis Rogers.
Por Ana Inés Cabral*. La trata de personas puede parecer un delito cometido solamente por redes criminales. Sin embargo, es imposible sin las complicidades políticas, judiciales y policiales. Los casos de La Pampa y Salta muestran las dificultades de los fiscales a la hora de investigar el complejo entramado de este fenómeno.
A partir de una serie de investigaciones que llevan adelante los fiscales Juan Baric, de La Pampa, y Eduardo Villalba, de Salta, y que cuentan con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, cinco intendentes de diferentes localidades son investigados por presunta complicidad. Los casos presentan similitudes y enfrentan un gran desafío: cómo sortear las trabas judiciales a la hora de investigar a los responsables de estos delitos y lograr mayor celeridad en la resolución de estos casos, sobre todo cuando los funcionarios son los sospechados.
La Pampa
Las investigaciones realizadas por el fiscal Federal de Santa Rosa de La Pampa, Juan Baric, dieron como resultado la imputación de cuatro intendentes de distintas localidades de la provincia, investigados por presuntas connivencias con las redes de trata de personas con fines de explotación sexual.
El 9 de mayo de este año, luego de reiterados pedidos por parte de la fiscalía, procesaron al intendente de la localidad de Lonquimay, Luis Rogers, y al subcomisario Carlos Alanis, ambos acusados de ser cómplices del funcionamiento de una red en un local nocturno entre diciembre de 2007 y noviembre de 2009.
El 10 de junio, tras varios pedidos por parte de la fiscalía, la jueza Federal subrogante, Iara Silvestre, ordenó los llamados a indagatoria del intendente de la localidad pampeana de Macachín, Jorge Cabak, y del comisario de la policía provincial Hugo Iglesias, investigados por encubrir a una red de trata de personas que operaba en local nocturno “Chicho Show”.
En este punto, las casualidades no parecen ser casuales: el 8 de julio, Baric apeló el sobreseimiento de la ex intendenta de General Acha, María Elena García; del secretario de Gobierno del municipio, Luis Javier Bassa y de Nicolasa Beatriz Cárdenas, quienes habrían hecho la “vista gorda” con otro prostíbulo denominado “El Delfín”, donde Cárdenas se desempeñaba como encargada. A Bassa se le imputa haber extendido la habilitación comercial de otro local nocturno llamado “El Amanecer”, que en realidad funcionaba como una “casa de tolerancia”.
Finalmente, en agosto, el representante del Ministerio Público solicitó la imputación de David Bravo, otro intendente. El edil de 25 de Mayo ya había sido condenado por la justicia provincial en otro caso por abuso de autoridad en el marco del mismo delito, sentencia ratificada por el Tribunal de Impugnación el mes pasado. Bravo está acusado de haber permitido el funcionamiento de un cabaret “Venus”, a pesar de existir una ordenanza —que lleva su propia firma— que prohíbe “la habilitación de cabarets, night clubs, whiskerías, etc. dentro del territorio de 25 de Mayo”.
Las causas de los intendentes Rogers y García se encuentran en la Cámara de Casación debido a las apelaciones de los abogados de los acusados. En el caso de Rogers, la defensa recurrió los procesamientos y la fiscalía la falta de prisión preventiva. En el expediente de García, Bassa y el resto de los imputados, el fiscal apeló el sobreseimiento que se dictó en favor de ellos. Las otras dos causas, en las que están involucrados Cabak y Bravo, aún en ronda de indagatorias.
A pesar de sus imputaciones, tanto Rogers como Cabak y Bravo continúan en sus respectivos cargos. García es la única que renunció a sus funciones, pero por un caso de corrupción.
Trabas judiciales
Baric resaltó los grandes problemas que debió sortear por enfrentar al poder político: “En estos casos encontré, en un principio, una cierta mala predisposición a encarar el tema, ya sea por negligencia, desidia o fastidio. Escuché varias veces decir ‘son putas porque les gusta’. Escrito tras escrito, nos los iban rebotando por pavadas. Y por estar involucrados funcionarios, sin lugar a dudas fue el principal escollo. En la causa de Rogers, son cinco los imputados: el intendente, el comisario, el dueño del cabaret y los dos encargados. Los citaban a indagatoria a los tres últimos y con exactamente la misma prueba sobre los dos funcionarios, no ordenaban su indagatoria”.
Y continuó: “No solo no tuvimos apoyo por parte de los jueces, sino todo lo contrario. Metieron más trabas que nadie. Inclusive en la causa de Rogers, para que lo procesen tuve que presentar un escrito con mi firma y las de dos fiscales generales Marcelo Colombo y Alejandro Cantaro, que confiaron en el trabajo que veníamos haciendo desde acá. En ese documento, demoledor, hasta amenazamos a la actual Juez con que si no procedía a resolver la situación procesal de Rogers y el comisario Alaniz, la íbamos a denunciar a ella”.
Salta
En agosto del año pasado, en la localidad salteña de Salvador Mazza, ocurrió un hecho similar. A partir de una investigación del fiscal Eduardo Villalba, fueron allanados seis domicilios de los que se rescataron a 34 mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. En esa oportunidad, el ex intendente , Carlos Villalba, fue encontrado en uno de los locales, lo que derivó en su imputación y el posterior llamado a indagatoria. El ex jefe comunal está acusado de haber trasladado de Salta a Jujuy a dos de las víctimas rescatadas.
El caso tuvo implicancias políticas a nivel municipal y provincial. El Concejo Deliberante dispuso la intervención del municipio por tres meses, hasta la realización de nuevas elecciones en las que Villalba fue habilitado paraparticipar. En esa oportunidad, perdió las elecciones aunque obteniendo el treinta por ciento de los votos.
La característica principal que tuvo este procedimiento —y que, según Villalba puede ser presentado como una buena práctica a tener en cuenta—, es la intervención de la AFIP: “por motivos de su incumbencia (personal en negro, patovicas no registrados, etc.), la involucramos en el procedimiento y fue la información detonante del procedimiento”.
“La Policía Federal Delegación Salta informó que tomó conocimiento que en la provincia funcionaría una red de trata de personas con conexiones en Jujuy y Chile, Bolivia y Brasil. Esa red se encontraría integrada por una tal ‘Marisel’, quien sería la encargada de captar chicas en Jujuy, estableciendo contacto con el cabaret ‘Quijote’ y con ‘El Señor de la Noche’ de la ciudad de Calama, Chile”, detalló Villalba.
A través de remiseros de la terminal de ómnibus de Salta, la banda captaría jóvenes y menores que llegarían solas a esta ciudad para trasladarlas al cabaret “Quijote”, cuya propiedad sería de una persona identificada como Roberto y sería regenteado por Mercedes, su pareja.
Como resultado del operativo, seis personas quedaron detenidas, entre ellas un conocido comerciante. Luego, fueron procesados y permanecieron detenidos durante ocho meses por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, actualmente ninguno de los imputados está preso, gracias a una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que calificó la conducta como facilitación de la prostitución, lo que generó que les otorgaran la libertad. “Se trata de un fallo desacertado, que fue en un sentido contrario al esfuerzo puesto en la investigación y al mencionado compromiso internacional asumido por nuestro país”, señaló Villalba.
“Debo destacar las dilaciones formuladas por el ex intendente de Salvador Mazza para evitar declarar. El ex edil se encuentra acusado de participar en el traslado de dos víctimas desde Salta hasta Jujuy. Sin embargo, evitó ser indagado, pese al requerimiento formulado en su contra por la Fiscalía. Su planteo llegó hasta la Cámara de Casación Penal, interponiendo un recurso extraordinario. En esa circunstancia, fundó su última presentación realizada en fecha 31 de julio de 2014, cuando debía comparecer a declarar”, agregó Villalba.
La colaboración de Protex
La colaboración de Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en los casos en los que había funcionarios públicos involucrados en La Pampa y Salta se remonta a un seguimiento de unas denuncias realizadas en La Pampa. En una de ellas, figuraba un prostíbulo que estaba ubicado en Lonquimay. El intendente Rogers defendió públicamente su funcionamiento y la supuesta función que ocupa en una sociedad refiriéndose al local como un espacio de “contención espiritual”.
“A nosotros, eso no solo nos preocupó desde el punto de vista simbólico, sino también porque intuimos que podía representar una red de connivencia y complicidad con ese prostíbulo. Nos parecía muy extraño que él saliera a hacer esta defensa encendida siendo un funcionario público de tanta importancia en ese lugar”, recordó el fiscal titular de la Protex, Marcelo Colombo.
“Lo que hicimos fue hablar con Baric y le propusimos trabajar en conjunto sobre una serie de medidas de investigación que permitieran vincular al intendente, al proxeneta y a un comisario que estaba imputado. Esa vinculación entre los tres la pudimos establecer por intermedio de un cruce de llamadas telefónicas entrantes y salientes de los celulares. Se trata de un análisis técnico que solemos hacer para evaluar cuáles son los interlocutores frecuentes de cada uno de esos celulares y pudimos determinar infinidad de comunicaciones cruzadas entre estos tres funcionarios. Nos permitió explicar esa defensa encendida que el intendente había realizado. Las llamadas fueron una de las evidencias centrales que se tuvo en cuenta al momento de pedir la indagatoria y para que resultara procesado el intendente”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal.
Más tarde, eso se pudo corroborar también con aquellas inspecciones que se habían hecho en el lugar y que habían omitido señalar que eso era un prostíbulo. “Si había inspecciones en esos cabarets o whiskerías nunca decían que eran prostíbulos, hacían la vista gorda sobre lo que allí pasaba y eso también es otra evidencia más para sostener que toda la intendencia tenía vinculación en este delito”, puntualizó Colombo.
“En La Pampa, tuvimos que hacer varias presentaciones no sólo junto a Baric sino algunas que hizo él sólo donde se solicitaba un pronto despacho porque hubo un año y medio en el que esta situación de las indagatorias del intendente y comisario no se concretaban. Hubo una que inclusive tuvimos que hacer con el fiscal Cantaro. Es decir, el fiscal General, fiscal Federal y el fiscal especializado. Recién ahí, se pudo mover un poco esa resistencia”, resaltó Colombo.
Colombo sostuvo que esa misma modalidad quisieron implementarla también en el caso de Salta junto al fiscal Villalba pero ahí, al igual que en La Pampa, la justicia tuvo mucha resistencia para avanzar en las investigaciones. “En ese caso, también vimos una resistencia grande pero con otra cara. Ahí, no se demoraron en resolver la cuestión pero algo que nos llamó la atención fue el hecho de que cuando se llamó a prestar declaración indagatoria al intendente, la decisión del juez fue apelada por la defensa y el recurso fue concedido por el juez y la Cámara cuando no es recurrible. Eso hizo que la causa se demorara muchísimo más antes de escuchar a intendente”.
Finalmente, otro asunto que ahora se encuentra en discusión es que la Cámara Federal, luego de demorar la indagatoria, se declaró incompetente. El tribunal de alzada afirmó que no es un caso de trata porque no está afectada la interjurisdiccionalidad o transnacionalidad del delito. “Se trata de un caso de explotación sexual local y lo enviaron a la justicia provincial, sin tener en cuenta que el caso mostraba una relación innegable entre el prostíbulo y otro que estaba en Chile y que tenía el mismo nombre: El señor de la noche. Además, se constataron muchos viajes que había realizado el dueño del prostíbulo hacia el país vecino. Todo lo cual permite dotar al caso de una característica de transnacionalidad. Entonces, ya estamos hablando de un delito federal en el que las mujeres seguramente eran rotadas entre ambos prostíbulos. Así, la teoría de que era una explotación sexual local también se cae”, añadió Colombo.
“En este caso, a diferencia de lo que ocurrió en La Pampa, la pesquisa se demoró bajo resoluciones infundadas de acuerdo con lo que los hechos mostraban. Por eso, junto con el Villalba, estamos intentando vencer las resistencias para que el caso quede en el fuero federal y que la justicia lo aborde con la seriedad que merece”, señaló el titular de Protex.
“Aquí, se cruzan también algunas cuestiones culturales. En general, estos casos de trata cuentan con los dos problemas graves para avanzar hacia los núcleos de poder más duro: por un lado, funcionarios públicos muy poderosos que pueden tener contactos con funcionarios judiciales o que a veces se inhiben porque no se atreven a ir contra ellos. Por el otro, hay cuestiones culturales que ni al funcionario político ni al judicial les parece que hay que investigar un prostíbulo, que ni vale la pena porque es algo que existió toda la vida o que las mujeres están ahí porque quieren. El cóctel entre esos dos problemas genera resistencia para avanzar”, concluyó Colombo.
*Periodista de fiscales.gob.ar