Por Luka Morello y Gloria Cosentino. En el marco de la decisión de la Justicia porteña de elevar a juicio oral a Diosnel Pérez y Luciano “Tano” Nardulli, organizaciones sociales junto a organismos de derechos humanos, realizaron una conferencia de prensa en solidaridad y para exigir la absolución.
El viernes por la mañana en el salón Montevideo de la Legislatura porteña un amplio arco de organizaciones sociales, políticas, sindicales y organismos de derechos humanos instaron a toda la sociedad a posicionarse frente a una causa emblemática, plagada de irregularidades, que decidió sentar en el banquillo en los próximos días, a dos referentes en la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires.
A sala llena, Diosnel Pérez -miembro de la junta vecinal de la Villa 20 y militante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS)- remarcó que el objetivo que tuvieron inicialmente, y que los llevó a movilizarse fue solidarizarse “con los compañeros por el derecho de tener una vivienda digna, porque todos los ciudadanos tenemos derecho de tener una vivienda digna”, señaló en repudio a la acusación de “usurpación” e “instigación” arrojada por la fiscalía porteña a posteriori de la reunión en la Casa Rosada, el 10 de diciembre del 2010 con las autoridades nacionales y porteñas.
Luciano “Tano” Nardulli, militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), también retomó la mentada decisión de represión y criminalización del Gobierno porteño en la inacción ante una problemática que no deja de tener asidero en la Ciudad “acá tenemos que hacer que el suelo cumpla una función social” mencionó y resaltó la importancia que tuvo históricamente la lucha por la vida digna en la legitimidad de su reclamo “el pueblo va a luchar y no le va a pedir permiso ni a Diosnel ni a mí, mucho menos a ellos”.
Pérez no dejó de hacer mención a los vecinos asesinados en diciembre de 2010 en el Indoamericano. “También nos acordamos y no nos olvidamos de los compañeros caídos”, resaltó haciendo mención a su memoria. El recuerdo a Bernardo Salgueiro, Rosemary Puña y Emilio Canaviri Álvarez se retomó en la conferencia dando lugar a un aplauso sostenido y de pie por todos los presentes.
La conferencia del pasado viernes contó también con la presencia de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora y Alberto Santillán, padre de Darío Santillán que, en sus saludos enérgicos, reforzaron el pedido de absolución de ambos referentes y llamaron a la movilización y a la lucha solidaria especialmente durante el transcurso del juicio. Entre los organismos presentes que dejaron su adhesión resaltó la presencia de los que se agrupan en el Encuentro memoria Verdad y Justicia (CEPRODH, AEDD y Liberpueblo entre otros) así como también organismos como ACIJ, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la APDH la Matanza y el CELS, estos últimos presentaron el informe ante el Juzgado que lleva la causa un “Amicus Curiae” en solidaridad con los acusados.
También participaron la diputada Patricia Walsh, los legisladores porteños Pablo Ferreyra y Marcelo Ramal, el diputado nacional, Nicolás del Caño y los diputados porteños, Maximiliano Ferraro, Pablo Bergel, Alejandro Bodart y Quito Aragon. La audiencia además recibió contadas adhesiones, como la de Adolfo Pérez Esquivel y numerosos luchadores y militantes sociales.
Un juicio en puerta
Pero tal conclusión, cuenta también con otra cara descubierta de la impunidad que absuelve por falta de mérito a los policías implicados en los asesinatos de los tres vecinos en los mismos acontecimientos de diciembre del 2010. “La Justicia tendría que haber perseguido a esos asesinos y no a nosotros que somos luchadores populares”, expresó contundente Pérez.
La presencia contundente y a salón lleno el viernes en la Legislatura, sumado al incansable acompañamiento en todos los llamados a declaratoria con movilización popular, renueva el compromiso de repudiar la persecución a la lucha de las organizaciones en su conjunto.
Pero también revive el debate actual por el acceso a la tierra que, nuevamente contrapesa al mercado y la especulación inmobiliaria y sus representaciones políticas que, por medio de su permanente criminalización, el procesamiento de luchadores populares y desalojos violentos evitan la posibilidad de regularizar la situación de la clase trabajadora en materia de vivienda.
El desalojo del Barrio Papa Francisco en la Villa 20, con un saldo de 700 familias desplazadas, reedita una problemática que muestra como único actor interesado al pueblo organizado, desnudando a su vez la articulación del gobierno nacional y porteño que apremia en materia represiva.