Por Nicolas Cannone. Ayer miles de vecinos y vecinas nucleados en numerosas organizaciones sociales y políticas, salieron a la calle y se movilizaron a diferentes organismos estatales, en el marco de una jornada nacional por la tierra y la vivienda.
El acceso a una vivienda digna es un derecho esencial que se encuentra plasmado en la Constitución Nacional. Sin embargo, tanto en la provincia de Buenos Aires, como en la Ciudad porteña, así como en distintos puntos del país, la situación es cada vez más grave. Por eso ayer miles de personas se movilizaron para reclamar una solución al déficit habitacional estructural que presenta la Argentina.
En cada ciudad densamente urbanizada se presenta el mismo escenario: los barrios periféricos no tienen acceso a los servicios básicos como agua, cloaca, electricidad, desagües pluviales o red de gas. Tampoco tienen infraestructura como calles asfaltadas que permitan tanto la libre circulación de vehículos particulares, así como el ingreso de servicios de emergencia, tales como bomberos o ambulancias. Este panorama refleja altos niveles de hacinamiento (hoy la gran mayoría de las familias viven en un ambiente de 4 por 5)
Estos argumentos entre otros, impulsaron la salida a la calle de familias de bajos recursos en la Ciudad porteña. La urbanización de los barrios con la participación de los vecinos y el cumplimiento de las leyes existentes de urbanización, fue uno de los que más se hizo escuchar. Ayer Carlos Cuenca de la Mesa de Urbanización de la Villa 31-31bis Carlos Mujica mencionó a FM Che Barracas: “Nosotros tenemos la Ley 3.343, que dice que se tiene que urbanizar nuestro barrio, pero se está incumpliendo. Una ley que votó la misma Legislatura y que el mismo gobierno no cumple. A ellos no les importa, ellos quieren que los pobres no vivan en la Capital”, aclaró en relación a una demanda histórica sobre la discusión de la ley que permita una solución definitiva para la villa 31 y 31 bis. Además agregó que el trasfondo de esta desidia es el negocio inmobiliario: “Quieren las tierras para hacer negocio, por eso es que nosotros luchamos justamente para que esto no suceda, para que las tierras sean destinadas a la urbanización”, afirmó.
En el norte y en el sur, y por donde quieras que vayas
Pero también en otras ciudades de distintas provincias del país sucede algo similar. En San Miguel de Tucumán, cientos se manifestaron frente al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano. Hugo Heredia, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) de Tucumán así lo explicaba: “Hay muchos terreno de Engorde, como le llamamos nosotros, que son terrenos que están destinados a la especulación”. Estos y otros terrenos “podrían estar disponibles para planes de urbanización de barrios y viviendas populares” señaló Heredia. El “engorde”, como lo llaman los vecinos, también responde a la lógica de acumulación de capital inmobiliario que el gobierno tucumano lleva adelante ya que el objetivo es “que crezca el valor de esos terrenos y luego entren al mercado inmobiliario” revalorizados. Según Heredia “en la capital de la provincia y en Gran San Miguel, se concentra casi el 90 por ciento de la población de la provincia y existen aproximadamente 400 asentamientos”.
Por su parte en el sur del país, cientos de familias cortaron el puente carretero que une Cipolletti con Neuquén. Allí María José, aseguró que “los problemas son los mimos en todo el país. No se implementan políticas habitacionales que estén al alcance de los sectores populares. En Cipolletti, por ejemplo, hay alrededor de 24 asentamientos”, sin embargo para María, “lo único que se hace por parte del gobierno es criminalizar a luchadores que se organizan para defender el derecho a la vivienda”. La preocupación además consiste en que “la mayoría de los asentamientos están judicializados y con orden de desalojo”, lo que agrava aún más las condiciones habitacionales para un conjunto de la sociedad que ve cada día más lejano el derecho a la vivienda propia.
Tras el último temporal que azotó la Ciudad y luego de 5 meses de una respuesta para las familias que perdieron mucho o casi todo lo poco que tenían, se hace cada día más desesperante. “La plata desde Nación llegó, pero no sabemos en donde se perdió porque al barrio nunca llegó” aseguró María. Situación que se agrava ante el inminente desalojo para las familias que viven en el barrio Los Sauces, ya que hace una semana el juez Cabral envió la orden de desalojo del predio.
El escenario en este sentido refleja una problemática de carácter estructural a lo largo del país. La problemática de la vivienda y el acceso a la tierra no sólo se plasma en las villas, asentamientos y conjuntos habitacionales, sino además en la ausencia de una política de respuesta emergente ante casos de población en situación de calle. O en casos de emergencia como focos de incendio en viviendas precarias o catástrofes naturales.
Los desplazamientos de los campesinos y comunidades originarias en el campo y los desalojos sistemáticos de familias en las ciudades es una realidad que refleja los movimientos migratorios internos dentro del país. Los motivos son como desde hace siglos, la tierra y la vivienda. En estos últimos años se dieron diversas formas de desplazamientos. La especulación inmobiliaria es el caballito de batalla de un modelo económico productivo que expulsa y margina a los que menos tienen. En los montes está la especulación del agronegocio de la mano de las fuerzas de seguridad manejadas por el aparato político que patotea, mata y desplaza año tras año, a miles de familias campesinas y comunidades originarias, para favorecer el avance de los límites de la soja. Sesenta mil familias sufren hoy este conflicto.
Una solución definitiva
Por su parte, en las urbes está la especulación de la tierra favorecida por políticas de reordenamiento urbanístico que desaloja a cientos de familias. Sólo en la Ciudad porteña hay doscientas mil casas vacías y ociosas. El desalojo con topadoras del Barrio Papa Francisco en la Villa 20, donde 700 familias fueron brutalmente desalojadas y dejadas en la calle por la Gendarmería Nacional de la mano del subsecretario de Seguridad, Sergio Berni y en articulación con la Policía Metropolitana, mostró una vez más su cara mas cruda.
La ausencia de políticas en materia de vivienda y hábitat ya se cobró un Papa Francisco así como ya lo hizo con el Indoamericano en diciembre del 2010 que dejó como consecuencia el procesamiento y el llamado a Juicio Oral de los luchadores sociales Luciano Nardulli y Diosnel Pérez.
Denominar estructural a la crisis habitacional, reside precisamente en detectar el vaciamiento de políticas públicas serias ante esta problemática y la ausencia de una legislación adecuada o cuando la haya, la falta de su aplicación. No alcanzan los “Institutos de Vivienda” porque los dispositivos que se trasladan a los territorios no son suficientes para pensar procesos de construcción de un hábitat digno para la población, y simplemente residen, en el mejor de los casos, del traslado de familias de un territorio inseguro a otro mucho peor. Es un problema estructural porque las soluciones definitivas no se plasman en mesas de trabajo en articulación con todas las áreas de gobierno que deberían tener competencia en el tema, como salud, vivienda, cultura, justicia, desarrollo social, por mencionar algunos, con plena participación ciudadana en el diseño de las estrategias que afectarán su vida.