Villa 31 y 31 bis.
Por Demián Konfino. La violación al derecho a la vivienda digna está en su etapa más profunda. El accionar represivo de los gobiernos nacional y porteño ante el incremento de la población villera. El caso del barrio Papa Francisco. Las respuestas populares y un camino posible.
El incremento del déficit habitacional
La ciudad de Buenos Aires experimenta el momento más crítico, desde su autonomía, en materia de vulneración del derecho a la vivienda digna garantizado a todos los habitantes por la Constitución porteña.
Más allá de resultar un polo de atracción por las oportunidades laborales y de servicios que la Ciudad posee, la situación se agravó notablemente desde que el jefe de gobierno, Mauricio Macri y el Partido Propuesta Republicana (PRO) se hicieron cargo de la gestión de la Ciudad. Tal es así que, desde el 11 de diciembre de 2007, el gobierno porteño alternó su gestión habitacional entre un discurso estigmatizador hacia la población villera y la inserción clientelar en las villas; la repartija de funciones entre diferentes y contradictorias agencias del Estado (tal los casos de la UGIS, la SECHI y el Ministerio de Espacio Público) y la reasignación de prioridades del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) destinando sus partidas a atender programas para la clase media o para cumplir, parcialmente, demandas judiciales. En cambio tampoco dejó afuera la violencia hacia las personas en situación de calle y la represión, lisa y llana, de tomas emergentes de casas abandonadas o terrenos ociosos.
Este panorama habilitó una gestión que incidió en el territorio con recursos líquidos, garantizándose una cuota tolerable de paz social, operando a punteros políticos, a través de la implementación del sistema de cooperativas, a fin de “bajar” partidas para obras menores, sin coordinación ni abordaje integral en el marco de procesos urbanizadores, mientras declamaba discursos destinados a reforzar, en la opinión pública, los estereotipos negativos sobre las villas y los villeros como culpables de buena parte de los males de la Ciudad.
Sin embargo, hasta este agosto pasado, no había recurrido a la política de topadoras ni a erradicaciones compulsivas, sino que permitió el crecimiento de las villas, sin intentar dignificar a sus habitantes por la única vía que marca el artículo 31 de la Constitución porteña: la urbanización. Tal es así, que en el reciente informe denominado “De villa a barrio”, la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad admitió el crecimiento de la población villera de 163 mil en 2010 a 275 mil habitantes en 2014.
Nueva etapa de la política habitacional del PRO: el caso del barrio Papa Francisco
El inconstitucional procedimiento realizado en el barrio Papa Francisco de Lugano, llevado a cabo, en forma conjunta, por la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional, donde tales fuerzas violaron diversos derechos de los habitantes del asentimiento; engañándolos con órdenes de allanamientos que terminaban siendo desalojos, torturando a hombres, amenazando a las mujeres con quitarle a sus niños si no aceptaban salir, entre otros y sin haber tomado precauciones sobre el destino de las personas desalojadas, marca una nueva etapa de la gestión del PRO respecto a la crisis habitacional.
Si alguna vez Mauricio Macri elogió la gestión de facto del Brigadier Osvaldo Cacciatore, como el último intendente que había planificado la Ciudad, ahora, el advenimiento de las topadoras en el barrio Papa Francisco, demostró que no se trató de un exabrupto. Ya no son desbordes discursivos destinados a engordar un sentido común clasemediero. La gestión pasó a la acción erradicadora, a pesar de la prohibición expresa de la Constitución.
El operativo y las acciones posteriores de las agencias del Estado porteño para atender la urgencia habitacional no son excepciones, sino que proyectan un ensayo que puede derivar en nuevas arbitrariedades. La disgregación de los núcleos familiares desalojados y el envío de sus miembros, por separado, a paradores nocturnos, el ofrecimiento de subsidios habitacionales temporales y de escasos montos. Y el hostigamiento constante a las familias que permanecen acampando en el bulevar de la avenida Fernández de la Cruz, que divide el asentamiento erradicado del fastuoso Club de Golf, con requisas de pañales, bolsos y la instalación de una valla discriminatoria que los vecinos llaman “Franja de Gaza”, evidencian la aplicación a escala masiva de un dispositivo que solo se había visualizado en los desalojos aislados implementados por la fuerza paraestatal de la disuelta Unidad de Control del Espacio Público (UCEP).
El papel de los Poderes Legislativo y Judicial. Respuestas populares
El escándalo, solo apaciguado por el proceso previo de estigmatización que contó con el protagonismo del secretario de Seguridad del Gobierno nacional, Dr. Sergio Berni, y por el paragua mediático que protege al jefe de Gobierno porteño, generó como respuesta una serie de movilizaciones populares encabezadas por los delegados del Papa Francisco, acompañadas por un arco político plural, que sumó a organizaciones como La Cámpora, el Movimiento Evita, el Movimiento Villas al Frente, el MST y el Partido Obrero, entre otras.
Además de las marchas a la Jefatura de Gobierno, vecinos y organizaciones confluyeron sus protestas en el ámbito de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, donde plantearon diversas soluciones trabajosamente consensuadas entre la oposición parlamentaria, pero que fueron desestimadas por el bloque del PRO y la complicidad del Presidente de la comisión, el diputado por Proyecto Sur, Javier Gentilini.
En este sentido, Gentilini, de buena relación con el oficialismo porteño desde su paso por una gerencia del IVC hasta el año pasado, desmotivó a la concurrencia señalando los inconvenientes potenciales de todos los proyectos presentados pero sin establecer propuestas superadoras. Esta actitud del legislador resulta coherente con el tránsito que tuvo la Comisión de Vivienda durante todo este año, en el que no emitió despacho para ninguno de los proyectos urgentes debatidos en ese ámbito. Como por ejemplo, el proyecto de aplicación de la Ley 403 para Villa 1-11-14, proyecto de reglamentación de la Ley 3.343 de urbanización de Villa 31-31 bis y proyecto de reglamentación de la Ley 1.770 de urbanización de Villa 20, incluyendo una solución para los habitantes del barrio Papa Francisco.
Obturados los caminos legislativos y ejecutivos para la plena vigencia del derecho a la vivienda digna para todos los habitantes de la Ciudad, algunos vecinos y organizaciones lograron fallos favorables a sus derechos por intermedio del Poder Judicial de la Ciudad, como es el caso de los fallos de la Dra. Elena Liberatori intimando la urbanización de Villa 20 o la instalación de servicios en el barrio San Martín de la Villa 31, aunque posteriormente, estas sentencias son desairadas parcialmente por los funcionarios que deben cumplirlas.
Jornada de lucha por la urbanización
A pesar de este panorama desalentador, la correlación de diversas fuerzas políticas del campo popular y vecinos de las villas porteñas muestran un camino de unidad táctica que puede ejercer la presión suficiente, sino para avanzar en la conquista del ejercicio pleno del derecho a la vivienda digna para todos, para detener el avance inconstitucional de la gestión habitacional del PRO.
En este sentido el próximo jueves 25 de septiembre, vecinos y organizaciones sociales y políticas preparan una jornada de lucha por la vivienda en todo el país, donde diversas actividades serán protagonistas de la jornada. En Capital Federal, serán varios los puntos donde se concentrarán las organizaciones de vecinos que buscarán visibilizar el reclamo por la vivienda. Los ejes estarán enfocados en la pelea por la urbanización, por ejemplo la marcha que encabezará la Mesa de Urbanización y Radicación de Villa 31-31 bis Padre Carlos Mugica, desde el Obelisco hasta la Legislatura, reclamando por la aprobación del dictamen 98-D-2013 de reglamentación de la urbanización de Villa 31-31 bis. Y otros como el pedido de basta de desalojos, la exigencia de un plan integral de Vivienda y también de justicia para quienes luchan por una ciudad digna, como es el caso de Diosnel Perez del FPDS y el Tano Nardulli, de la CCC, quienes fueron procesados por la toma del Indoamericano en diciembre de 2010.