Por Agustin Bontempo. La empresa AUSA comenzó la construcción de un muro que divide la Autopista Illia de la villa 31 bis. El Gobierno porteño argumenta que esto “mejora la seguridad vial” y evita el vandalismo. Las claves de otra medida en contra de los villeros.
Desde la semana pasada, la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), cuyo paquete accionario corresponde en un 95% al gobierno porteño, comenzó la construcción de un “muro antivandálico” en la Autopista Illia a la altura de Villa 31 bis, con la intención de mejorar la seguridad vial y prever acciones vandálicas sobre los automovilistas.
A partir de esta decisión que ya se está ejecutando sin el consenso de los vecinos del barrio Carlos Mugica, se puso otra vez en debate que hay detrás de un vallado divisorio y la profundización de los estigmas sociales en nuestra sociedad.
En el año 2007 encontramos el antecedente más cercano de una medida similar. Aquella vez el Gobierno porteño intentó avanzar con la construcción de un muro, pero la iniciativa debió suspenderse ante la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que advirtió en aquella oportunidad la vulneración de derechos de los habitantes del barrio.
En este caso, la empresa argumenta que la obra se hace para dar garantías en relación a la seguridad vial, tanto para los automovilistas como para los vecinos en el caso de que producto de un siniestro, se desprendan partes de algún vehículo por fuera de la calzada y provoquen un accidente para las casas que se encuentran cerca de la Autopista.
El muro tiene una base de hormigón de 65 cm y unos tres metros de enrejado. Según voceros de AUSA, la obra se lleva a cabo porque debido a las reiteradas reparaciones que tuvieron que hacerle al alambrado que estaba hasta el momento, éste ya no servía más.
Criminalización de la pobreza
Hasta aquí los datos en relación a los argumentos de la agencia de gobierno porteño. Sin embargo, cuál es la problemática de fondo ante soluciones que debieran ser concretas y definitivas pero sólo se ven como un nuevo parche.
La idea de avanzar con medidas de seguridad vial, surgieron producto de supuestos hechos de inseguridad provocados desde habitantes del barrio, como arrojar ladrillos o el acceso peatonal hacia la Autopista de las personas que viven en la villa. Nuevamente se descuidan los derechos de los villeros y villeras y el problema real de fondo que es la crisis habitacional a la que asistimos en la Ciudad de Buenos Aires, con la excusa de la inseguridad.
Pensar que un muro es la solución a estos problemas, no hace más que estigmatizar y criminalizar la pobreza, reproducir los estereotipos del “pibe chorro” de la villa y desestimar los derechos de las personas que viven en barrios marginales.
En esta línea, tenemos el antecedente del muro construido durante la gestión de Osvaldo Cacciatore en la última dictadura civíco-militar-clerical, cuando se construyó una obra similar para “tapar” la Villa 15 ante las visitas de extranjeros con motivo del mundial de 1978. Aquella medida es la que dio la denominación de Ciudad Oculta al histórico barrio porteño.
Sin vivienda no hay dignidad
Es importante destacar que la Constitución porteña en su artículo 31 promueve la solución de hábitat y vivienda en villas y asentamientos. Asimismo, la Ley 148/98 propone un marco general de urbanización de todas las villas de la Ciudad y particularmente la Villa 31-31 Bis cuenta con su propia Ley 3343/09, la cual está en proceso de debate legislativo para su reglamentación.
Sin embargo, lejos de avanzar con todo este marco normativo que evidentemente no se cumple, la gestión que encabeza Mauricio Macri sigue sin dar respuesta a la demanda de estos derechos, mientras, profundiza las medidas que excluyen a los sectores marginales de la Ciudad.
En este sentido, tampoco cuenta con una ley de alquileres acorde a los sectores populares, dejando al mercado inmobiliario como el garante de este rubro. Asimismo, el 26% de las viviendas formales de la Ciudad están vacías, mientras cientos de miles de personas viven en situación de calle o asentamientos.
Como si todo esto fuera poco, avalado por la mayoría de los bloques opositores en la Legislatura, el ejecutivo porteño avanza con leyes como la del Plan Maestro de la Comuna 8, que nuevamente descuida y vulnera los derechos de las personas que viven en la zona de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, en función del mercado comercial.
Ante todo este panorama, el amplio conjunto de los sectores villeros, alzaron su voz en repudio al muro que se está construyendo entre la Villa 31 y la autopista Illia. Al ver las diferentes posiciones que el gobierno tiene ante una u otra situación, nos encontramos nuevamente ante una contexto de estigma cultural, de criminalización de la pobreza y de la justificación de medidas reaccionarias y retrogradas, escondidas tras los típicos argumentos del “sentido común”.
En este sentido la organización villera La Poderosa, emitió un comunicado en el que decía, entre otras cosas, que “El nuevo ‘cerco antivandalismo’, tan tristemente bautizado por el periodismo, separa a la villa 31 de la autopista para que la desigualdad no afecte la vista, pero no tiene ninguna relación con ningún ‘plan de urbanización'”. En la misma línea, la Agrupación Los Invisibles repudió la iniciativa ya que “no hace más que repetir los nefastos momentos en que los muros dividieron a la sociedad, provocando y acentuando la discriminación y la estigmatización”.
Mientras que se definen acciones para detener los hechos de inseguridad para los sectores sociales medios y altos, se desconoce la inseguridad social que viven diariamente las personas de más bajos recursos. En este caso, la urbanización de la Villa 31 y 31 Bis, es la única opción viable para una solución definitiva que garantice los derechos negados desde siempre y evite la salida delincuente para muchos pibes y pibas que ya fueron criminalizados desde su nacimiento.