Por Lea Ross. Nuestro país recibió un fuerte apoyo de parte de las Naciones Unidas a la hora de combatir a los especuladores financieros. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se trata de denunciar a los otros saqueadores.
Finalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación de un marco jurídico basado en el apoyo de la reestructuración de las deudas a fines soberanos. El proyecto fue presentado mediante el G77 más China, a partir de los pedidos de Argentina, en plena disputa contra los fondos buitres o holdouts. La resolución fue aprobada por 124 votos, con 11 en contra y 14 abstenciones.
A partir de 2015, representantes de distintos países mantendrán reuniones para poder construir esta nueva herramienta jurídica. “Si para la Argentina esto fue una victoria con la que prueba una vez más que no está aislada del mundo, como contrapartida resultó también una dura derrota para los que votaron en contra. EE UU y Japón, que sólo fueron acompañados por Alemania, Inglaterra, Canadá, Israel, Australia, Finlandia, Hungría, Irlanda y República Checa, terminaron quedando aislados de lo que exige o desea buena parte del planeta. Un dato anecdótico, la representación inglesa no habló”, resalta el diario Tiempo Argentino.
Todos los bloques de América Latina apoyaron la iniciativa –excepto México- como así también los países de peso que conforman los llamados BRICS, es decir China, India, Sudáfrica, Brasil y Rusia.
“Los pueblos del mundo hemos hablado y decidimos que es hora de comenzar a trazar conjuntamente un camino ético, político y jurídico capaz de ponerle freno a la especulación desenfrenada, eligiendo el camino del derecho justo que es el que se construye a través de un debate plural y democrático, como este, en donde todos, exactamente todos, tenemos voz y voto”, señaló el canciller Héctor Timerman.
De ahora en más, los fondos buitres van perdiendo respaldo político a nivel global. Pero también a nivel jurídico. Solo resta un poco de tiempo.
Sin embargo, resulta llamativo el rol selectivo que mantiene Argentina dentro de los pasillos de la ONU a la hora de enfrentar a distintas entidades económicas que tanto daño han provocado al mundo y a nuestro territorio. Un par de meses atrás, en este caso en la ciudad de Ginebra, nuestro país tuvo la posibilidad de colaborar con una nueva herramienta que pondría freno a los abusos de poder por parte de las multinacionales.
La otra normativa “histórica” que Argentina dijo NO
El jueves 26 de junio pasado, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que significaría un duro revés para las corporaciones. Se trata de un fallo que reglamenta la creación de un grupo de trabajo inter-gubernamental para que, en el plazo de dos años, logren armar un instrumento jurídico internacional que obligue a las empresas trasnacionales a respetar los derechos humanos.
Se trata de “una victoria sin precedentes para las víctimas de las violaciones de derechos humanos y los movimientos sociales”, según señala el movimiento Amigos de la Tierra desde un comunicado de prensa. Si este trabajo entre gobiernos logra llevarse a cabo, se trataría de la primera norma internacional jurídicamente vinculante que va a tener éstas características.
“Antes solo había normas para la protección de los intereses de los inversionistas, como los tratados de libre comercio, pero no había hasta hoy ningún tipo de norma vinculante en el derecho internacional que señalara a las multinacionales como culpables –apunta Diana Aguiar, investigadora brasilera del Transnational Institute, al portal español Público-. Hay muchos casos en los que se ha intentado acceder a justicias nacionales, pero por limitaciones diversas no se ha logrado, y este mecanismo cambia la distribución de fuerzas”.
Se estima que esta inédita resolución fue apoyada por 610 organizaciones sociales de todo el mundo, con sede en 95 países, sobretodo regiones de África, Asia y América Latina. Oficialmente, la resolución fue presentada por los miembros representantes de Cuba, Sudáfrica y Venezuela, junto con otros países como Bolivia y Ecuador.
La iniciativa fue aprobada durante la sesión número 26 del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y fue aprobada por 20 países.
Los miembros que la rechazaron fueron 14 en total y parte de ellos representan a potencias mundiales y/o miembros de la Unión Europea. Entre ellos están Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.
Mientras que los 13 miembros restantes se abstuvieron a votar. Y 6 de ellos son de América Latina. Hablamos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, México y Brasil. Según un estudio de la Global Witness, la mitad de los asesinatos perpetrados contra militantes socio-ambientales, durante los últimos diez años, ocurrieron en Brasil.
“La división del voto entre los países del Norte y del Sur muestra quiénes son los que están dispuestos a defender los intereses del capital transnacional y quiénes defiende los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, aseguró Brid Brennan, también del Transnational Institute, desde el portal web de la campaña mundial “Desmantelemos el Poder Corporativo”.
Para el embajador ecuatoriano Luis Gallegos, en una nota realizada a Radio Mundo Real, “América Latina tiene un alarga historia de trasnacionales que han derrocado gobierno. Y yo lamento la posición que se han colocado algunos miembros de países latinoamericanos”.
Finalmente, el politólogo Atilio Borón analizó desde su blog las abstenciones que hubo de parte de seis países latinoamericanos: “Puede ser comprensible que Chile, Costa Rica, México y Perú -países seducidos por el canto de sirena y las engañifas de la Alianza del Pacífico y sumamente proclives a obedecer las órdenes de la Casa Blanca- se hayan plegado al mandato de Estados Unidos y sus aliados. ¿Pero cómo explicar que también lo hayan hecho Argentina y Brasil? El delegado argentino, ¿se habrá abstenido para no desgraciar a su país con la Chevron, involucrada activamente en la explotación de los yacimientos de petróleo no convencional de Vaca Muerta o para no entorpecer las cordiales relaciones establecidas con las transnacionales mineras que están destruyendo el ecosistema de la cordillera de los Andes?”.
Los aleteos de los mandatarios argentinos son bastantes selectivos a la hora de definir quiénes son las aves de rapiña y quienes no lo son tantos. Tanto dentro de nuestro territorio como por fuera.