A un año del asesinato, todos somos Kevin

Créditos: Colectivo Alegre Rebeldía.

Ya pasó un año desde el asesinato de Kevin Molina en el barrio Zavaleta de la Villa 21/24, durante un tiroteo que se produjo frente a su casa. en aquel enfrentamiento entre dos bandas, la Gendarmería Nacional dejó la zona liberada y no atendió a los llamados de los vecinos. Así se sumaba otro caso de violencia institucional. En ese momento, las autoridades de Nación y Ciudad no hicieron nada. Tampoco apareció la noticia del asesinato de Kevin con 9 años de edad. Los vecinos se organizaron inmediatamente para dar a conocer el caso, denunciar a los responsables y crear una garita de seguridad con el objetivo de proteger al barrio de los abusos de las fuerzas de seguridad. Un año después, hay dos causas abiertas, pero los responsables siguen libres o prófugos.

“Hoy estamos acá frente a la casa de la inseguridad”, exclamó uno de los oradores en el acto organizado el domingo 7 de septiembre frente al Ministerio de Seguridad de Nación. La iniciativa “Todos somos Kevin” convocó a diversas organizaciones sociales, organismos y referentes de la lucha por los derechos humanos, en solidaridad con la familia, con su mamá, Roxana Venegas y compañeros de Kevin.

Entre el sol del domingo, una gran olla popular y la canchita improvisada donde los niños y las niñas jugaron al fútbol contra la violencia institucional, diversas bandas y músicos invitados como Jorge Venegas, tío de Kevin, o “Corta la Bocha” se manifestaron por la memoria y contra la impunidad.

Durante la jornada fueron subiendo distintos oradores que si bien llevan adelante diversas luchas, todas tienen un denominador común: la violencia física y simbólica que las fuerzas de seguridad despliegan sobre los barrios y la impunidad que les brinda el sistema judicial que opta por mirar hacia otro lado. Como recuerda Nacho de la organización La Poderosa hay muchos “partidos políticos, pero derechos humanos hay uno solo y entonces nunca más podemos volver a preguntarnos cómo tenemos que jugar, porque con los derechos humanos no se juega”.

El acto transcurrió entre relatos de lucha, abrazos de solidaridad y denuncias. El periodista y escritor, Eduardo Anguita, expresó con preocupación que “vamos a cumplir 32 años de democracia y la Ciudad de Buenos Aires está dando uno de los peores ejemplos que puede dar. Muestra un crecimiento de la población en barrios humildes, villas y asentamientos cada vez mayor y con un despliegue de maltrato, atropellos y muertes. No es ajeno a un proceso político que muestra una desigualdad creciente”.

También Nora Cortiñas, integrante Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, se hizo presente en el festival. Como uno de los principales referentes de los derechos humanos para los sectores populares, viene acompañando la lucha por justicia para Kevin desde los comienzos. Cortiñas señaló que el contexto político institucional actual es uno de los principales problemas: “tener un secretario de seguridad que tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos, es el primer horror, no ya error, del gobierno nacional”. Y agregó que “el dramático caso de Kevin, nos recuerda la mirada indiferente del gobierno hacia los que más lo necesitan”.

También se sumaron al reclamo referentes los familiares de los jóvenes asesinados recientemente en la villa 21-24, Gabi y Chueco. Otros de los que se hicieron presentes fueron El Padre Juan de la capilla ubicada en la villa 21-24; Alejandra Díaz, referente de la lucha contra la violencia institucional, Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lescano y Jaqui Flores, representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), entre otros.

Hay una realidad cotidiana, en los barrios más pobres sobre todo, que vulnera los derechos humanos y da lugar a una reflexión profunda sobre la connivencia de los gobiernos de distinto signo político, con las fuerzas de seguridad y las mafias narco en años de democracia. Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, mencionó que “estamos naturalizando la muerte de muchos jóvenes en los barrios”. Y los números son escalofriantes: “más de 4 mil pibes asesinados por el gatillo fácil, más de 200 casos de pibes desaparecidos, y sólo estamos contando los casos que están judicializados, hay casos que no llegan ni siquiera a la justicia”. Pero el eje es mucho más amplio e implica detectar todos los espacios involucrados y asumir un problema estructural. “Tenemos que entender, cuando hablamos de gatillo fácil, que está dentro de otra gran problemática que es la violencia institucional. La violencia institucional representa que cientos y cientos y cientos de familias, vivan mal, pero entendamos lo que es vivir mal. Vivir mal es que una persona no acceda a una casa digna, que no se pueda atender en un hospital con insumos y médicos, que no acceda a una buena educación. Vivimos en un sistema capitalista, si no tenemos estos derechos garantizados, caemos en la desigualdad. Esa exclusión provoca otras formas de violencia institucional, naturalizando la estigmatización y la discriminación” sentenció.

Por su parte, Lucas Morello, militante del área de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán, hizo referencia también a los sucesos recientes ocurridos en el Barrio Papa Francisco, así como los antecedentes en el Parque Indoamerciano. “Hace pocas semanas, nuevamente, este ministerio arremetió con topadoras en el Barrio Papa Francisco, sacando de los pelos y a balazos a todos los vecinos que seguían peleando por una vivienda digna, que ningún gobierno pudo garantizar en todos estos años de democracia. Hay políticas concretas que se aplican contra los derechos humanos, y se aplican a cada minuto”. Definió que es necesario no sólo denunciar sino también precisar quiénes y cómo tienen la responsabilidad ante la desidia. “Tiene que caerse la máscara de los Derechos Humanos de este gobierno, que no existe si hay un pibe asesinado. Este Ministerio se fundó con la sangre de los tres asesinados en el desalojo del Parque Indoamericano. La respuesta del gobierno nacional y el aval del gobierno de la Ciudad frente a estas tres muertes, fue la creación de este Ministerio”.

Nacho de La Poderosa agregó que es necesario re pensar los mecanismos de organización popular. “El control de los abusos tiene que ser popular; control popular de las fuerzas de seguridad. No estamos apelando a la sensibilidad de Berni. El control de los abusos, estaría en echar a Berni” de la dirección de la cartera de seguridad nacional.

También se hicieron presentes los abogados de las familias de Brian Ayabiri, y el abogado de la familia de Kevin, Luciano Ortiz. Ambos hicieron hincapié en la necesidad de repensar y hacer una reforma profunda del sistema judicial. La abogada de Brian por su parte mencionó que “los asesinatos de Jonathan y Brian, no son un problema de la villa 20 solamente, sino de la democracia argentina. Hay una cobertura de impunidad que está garantizada por el poder judicial. Hay una batalla que tenemos que dar y que es modificar nuestro sistema judicial”.

Ortiz, abogado de Kevin expresó que “el gobierno (nacional) se quedó en la idea de un cambio que no pudo llevar a cabo. Tenemos que pensar en fiscales que sean amigos de la gente, tenemos que repensar qué tipo de sociedad queremos. El discurso de mano dura no tiene ningún sustento y tenemos que combatirlo”.

La causa que se abrió por el asesinato de Kevin sigue sin avances. A pesar que los vecinos demostraron a través de las grabaciones de la línea 911 que hubo inacción policial, la Justicia aún no llamó a indagatoria a los prefectos implicados. Kevin murió del impacto de una de las más de 100 balas que aquella noche dos bandas narco se cruzaron en su barrio. La Gendarmería no actuó para protegerlo ni a él ni a sus vecinos. Hoy, muchos de sus oficiales, están involucrados en casos de gatillo fácil, en la liberación de “zonas” en barriadas populares, y en la persecución y represión a los trabajadores.