Por Francisco J Cantamutto. El gobierno, presionado por los fondos buitres y por la oposición, lanzó una nueva apuesta: discutir en la Asamblea General de Naciones Unidas una regulación para las reestructuraciones de deuda soberana.
Los fondos buitres, a esta altura las ya conocidas entidades del sistema financiero internacional, se dedican a comprar bonos desvalorizados de deuda soberana y accionar por diversas vías para lograr su cobro con exorbitantes ganancias. No son más que la versión más explícita de cómo funcionan las finanzas en el globo, de ninguna forma una excrecencia. Una de las técnicas utilizadas por estos fondos, o más en particular por el MNL Elliott de Paul Singer, para lograr sus cobranzas es la persecución personalizada de los gobernantes y su círculo cercano. Así lograron sitiar al dictador congoleño Denis Sassou-Nguesso, y obtener grandes ganancias. Ahora van en la misma dirección con la presidenta argentina, al investigar y buscar trabar inversiones y activos de Cristóbal López, Lázaro Báez, y en los últimos días de la propia hija de Cristina, Florencia Kirchner. Se trata de un hostigamiento sistemático que busca agobiar a los representantes del gobierno.
En el plano local, el gobierno optó por enviar al Congreso un proyecto de ley de pago, que básicamente, abre la opción para que los tenedores de bonos puedan cambiar de agente fiduciario (quien ejecuta el pago) y de jurisdicción. Se trata de una tibia versión que llega tarde y como opción a elección de los acreedores, en lugar de aplicar coactivamente al conjunto de los bonos, algo que podría realizarse a través de una cesación de pagos generalizada. Aún esta tibia versión está siendo rechazada por los representantes de los intereses patronales, que aprovechan la ocasión para diferenciarse del gobierno con un programa aún más regresivo. Así se aclaran las posiciones de la UCR, la Coalición Cívica, el Frente Renovador o el Peronismo Federal.
Y sin embargo, como el ministro de economía Kicillof recalcó, el gobierno está preocupado por defender los intereses de los bonistas. La hoja de ruta trazada por Boudou en su ascenso político marcaba con toda claridad: pagar todas las deudas remanentes para poder reinsertarse en el mercado de créditos internacional. De la idea del ex militante de la ultraliberal Ucedé salieron los pagos a REPSOL, al Club de París y a las empresas litigantes del CIADI del Banco Mundial. Con los fondos buitres el conflicto estalló antes de poder resolverlo, pero ni aun así doblegó la voluntad de pago del gobierno. Sitiado por su propio juego de pagos seriales, el gobierno no ha logrado convocar la participación de otros partidos políticos del establishment, aunque sí ha ganado opinión pública favorable. El proyecto de ley de pago soberano tendría casi nulos efectos, se trata más de una jugada de gestos políticos (la voluntad de pago) que de efectos jurídicos o económicos reales.
Mientras esta jugada se resuelve en el plano nacional, y el gobierno continúa honrando bonos de dudosa validez jurídica, se comienza a desplegar una serie de acciones en el plano global. Con el apoyo del G77 más China, que reúne a 133 países mal llamados “en vías de desarrollo” o “emergentes”, dio rienda suelta a una estrategia de validación de su propuesta a escala internacional. Primero fue la denuncia ante la Corte de La Haya, alegando que los problemas de la deuda soberana vulneraban derechos humanos. Estados Unidos no aceptó la jurisdicción, pero el acto tuvo su efecto: puso en conocimiento del mundo el argumento, y la intención de Argentina de buscar salida por arreglos internacionales.
La nueva intención es conseguir el voto favorable de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde aparentemente habría apoyo incluso de países europeos. Al no tener capacidad de veto del Consejo de Seguridad, la posibilidad de elaborar una convención sobre reestructuraciones de deudas soberanas tendría alguna posibilidad de convertirse en realidad. Los países deberían luego validar la convención, por lo que ésta no tendría efectos en el corto plazo. Se trata del mismo tipo de legislación del derecho internacional como las convenciones sobre trabajo infantil o trata de personas, o –más pertinente en este conflicto- los tribunales de Mar que permitieron a Argentina liberar a la Fragata Libertad de Ghana. El gobierno de Argentina estaría tratando de reeditar, poco más de un siglo después, la famosa doctrina Drago, aquella que –por virtud del entonces canciller nacional, logró establecer que los países no tenían derecho a invadir a otro país por motivos de deuda externa.
Varios países se ven ante la posibilidad de reestructurar deuda, en el marco de una economía mundial donde la deuda soberana total estaría rondando los 55 millones de millones de dólares. Sin un marco jurídico que controle, los Estados se ven sometidos al poder del capital financiero. El nivel de conflictividad potencial es tan grande, que no sólo países ligados a esta forma de capital en su forma imperialista (como Inglaterra) han apoyado iniciativas de este tipo, sino que incluso las propias organizaciones representantes de las finanzas se pronuncian por algún tipo de regulación. La Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), que nuclea bancos e inversores de más de 50 países, emitió un comunicado reclamando este tipo de legislación. Lo que buscan es lograr algún tipo de cláusula de acción colectiva del estilo de una convocatoria privada de acreedores, que impida a una minoría asegurar el cobro que exige la mayoría. Este mecanismo es exactamente lo que George Bush reclamaba como presidente de Estados Unidos en 2000-2001 a partir del informe Meltzer, como vía para renovar el FMI.
Incluso la propia ONU ya había demandado un informe a una comisión de expertos, coordinada por el ex vicepresidente del Banco Mundial –luego devenido en supuesto progresista- Joseph Stiglitz, para analizar reformas al sistema financiero. Con el estallido de la crisis mundial en 2008, se hizo evidente la necesidad de reformas. Nada pasó hasta ahora, pero Argentina quiere aprovechar la oportunidad y visibilidad que ganó su caso en el mundo.
Mientras tanto, diversos periódicos financieros internacionales señalan que la actual situación argentina no sería un problema de negocios. La valorización de activos ante cualquier potencial arreglo sería fuente de enormes ganancias, así como la inversión en activos como YPF. A pesar de la cháchara de la oposición patronal, el capital financiero sigue haciendo negocios con el país, amparados en la indeclinable voluntad de pago del gobierno.