Por Agustin Bontempo. Los recientes y mediáticos conflictos laborales como en Lear y Donnelley pusieron sobre el tapete un debate más profundo. ¿Cuál es el escenario para la clase trabajadora? Las reivindicaciones que moldean un nueva etapa para la crisis.
Mucho se viene debatiendo en relación a la situación que se vive en Lear, la toma de Donnelley por parte de sus trabajadores y el pedido de estatización en Tatsa-Emfer. No es menor el rol que tanto el gobierno nacional como el provincial vienen cumpliendo, así como lo hace la burocracia sindical. Sin embargo, los reclamos son la cara de una situación mucho más compleja.
De acuerdo con el informe “Conflicto, negociación colectiva y mercado de trabajo”, elaborado por el Observatorio de Derecho Social (ODS) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en el segundo trimestre del 2014 se registraron un total de 317 conflictos laborales, donde se desprende que 7 de ellos pertenecen al sector informal mientras que los otros 310 lo hacen al formal.
Si bien el sector público viene creciendo considerablemente en este rubro de manera ininterrumpida desde 2011, es el sector privado el que más conflictos tuvo porcentualmente si lo comparamos con el primer trimestre del corriente año. Esto se debe a que la mayoría de los conflictos que afrontan los empleados públicos viene especialmente de la mano de reclamos salariales (aunque no por esta razón, se desconocen otros reclamos como las mejoras contractuales), mientras que en el sector privado los conflictos giraron en torno a lo que el informe destaca como “medidas de crisis”. Es decir, suspensiones, despidos, deudas salariales, quiebras; situaciones ya conocidas en los conflictos más mediáticos.
Como advertíamos antes, Lear y Donnelley, pero también Gestamp o Weatherford representan hoy las reivindicaciones más conocidas. Algunas de las medidas se llevaron adelante a través de cortes de calles, tomas de fábrica, represión, alianza empresario-gubernamental. Sin embargo, el informe elaborado por el ODS es esclarecedor en cuanto al alcance nacional de los conflictos obreros producto de la crisis financiera. Es así que del documento se desprende que el 42% de los conflictos llevados adelante en el sector público ocurren en la región patagónica, así como también el 20% del sector privado. La administración provincial, petroleros y trabajadores y trabajadoras del transporte de pasajeros encabezan la lista. La región pampeana, Cuyo y el norte argentino siguen en orden de aporte.
Pero ¿qué rol cumplen los sindicatos? Si bien el informe brinda datos estadísticos contundentes, los mismos no hacen más que reafirmar lo evidente. Por un lado, la burocracia sindical como el SMATA de Ricardo Pignanelli entre otros, no hacen más que perseguir a la clase obrera. Acuerdos con los empresarios y las patronales, presión a los delegados combativos, son algunas de las recetas que están a la orden del día. Basta con recordar el ejemplo de la vergonzosa asamblea que la burocracia de este gremio propuso para desplazar a los delegados que estaban reclamando sus justos derechos como trabajadores en Lear.
Por el otro lado, como se advierte, los lugares donde hubo más conflictividad a partir de las desidias patronales, fueron en aquellos espacios donde los delegados gremiales no respondían a las conducciones burocráticas. Como dijimos desde un principio, los casos mediáticos son apenas un pequeño número en relación al total de problemas a nivel nacional, pero sin duda expresan situaciones que se repiten.
Generalmente, cuando hablamos de empleados activos (nos referimos a quienes no sufrieron despidos, suspensiones, etcétera) los principales motivos de disputa son los aumentos salariales. Sin entrar en profundos debates filosóficos, está claro que las personas advierten una situación crítica cuando el sueldo no alcanza. Es así que la escalada inflacionaria de los últimos años se lleva todas las luces a la hora de negociar las paritarias. Esta situación se advierte cuando notamos que la mayoría de los aumentos (aún insuficientes) rondan el 30% en la mayoría de los sectores, más allá del intento gubernamental por imponer el 2%0 como pauta de negociación. Incluso a partir de las cifras del Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INDEC), el salario real se contrajo en un 3,4% promedio en comparación con el mismo período del año 2013.
Siguiendo con las cifras oficiales, en el primer trimestre del corriente año se desprende que el desempleo es del 7,1% y el subempleo del 8,1%, aunque estas cifras son producto de, por ejemplo, el 0% de desocupación en Resistencia. Un tanto dudoso. No obstante, incluso para el INDEC, estos sectores mantienen niveles similares a los del año 2007, demostrando las falencias del mercado de trabajo para solucionar esta situación.
Finalmente, es importante destacar que quienes más sufren esta situación siguen siendo los jóvenes y las mujeres que, además, sufren todos los vicios de la sociedad patriarcal. El nivel de salarios es porcentualmente más bajo que el de los hombres, así como su estado de precarización laboral es superior al sexo opuesto.
Un dato que no es menor en el Informe y que tiene asidero nada menos que en las palabras de la presidenta Cristina Fernández, es que a pesar del progresivo estado de precarización laboral, los empresarios han tenido niveles de ganancias superiores, incluso, a la devastadora década del 90. Por supuesto que esto viene de la mano de un proceso de industrialización y de participación del Estado mucho más intenso que durante el menemismo, pero las claras ventajas que la burguesía nacional y los buitres internacionales han tenido, contradicen en algún punto la óptica popular. Si mejoramos durante un lapso a costa del enriquecimiento de quienes quebraron el país y sin lugar a duda lo volverán a hacer cuando sea necesario, dichas mejoras que se viven concretamente en un tiempo determinado, terminan siendo una ilusión a largo plazo si las concebimos como un intento de emancipación. En este sentido, resulta la escalada que durante este año tuvieron las movilizaciones y reivindicaciones de todas las luchas de los trabajadores. Tal como venimos advirtiendo en artículos anteriores, el terreno propuesto por el gobierno nacional está dado. Los gobiernos provinciales y la oposición reaccionaria juega las mismas fichas y la burocracia sindical no hace más que embarrar la cancha.
El estado de situación actual no hace más que reivindicar necesidades como la estatización de fábricas como Tatsa y Emfer, con participación de las y los trabajadores, la cooperativización como el caso de Donnelley y la defensa de los delegados combativos como en Lear. Las medidas políticas podrán establecer un escenario que deje de tener a la clase trabajadora como una pagadora serial de la crisis que históricamente la condiciona.