Créditos: Mucho Palo Noticias
Por Lucrecia Fernández y Lea Ross, desde Córdoba. Desde la semana pasada, se instaló la Carpa Anti-Represiva Provincial en plaza de la Intendencia de la capital de Córdoba frente a Tribunales I, uno de los focos de reclamo por ser cómplices en el accionar represivo impune en la provincia.
La Carpa Anti-Represiva Provincial fue impulsada por organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la represión del Estado, con el propósito de poner en vilo la realidad que se vive en Córdoba en materia represiva y que se extiende por todo el país. Otro de los objetivos fue denunciar la vulneración a los derechos humanos.
A pesar de poner en cuestión una temática sensible, no se dejó a un lado la mirada ocurrente. Las siglas que conformaban la actividad CAP (Carpa Anti-Represiva) funcionaron como guiño al Comando de Acción Preventiva, la fuerza policial que se creó durante la primera gestión del gobierno de José Manuel De la Sota como producto del plan de Tolerancia Cero -mediante los acuerdos brindados por el gobernador con el Manhattan Institute y la Asociación Blumberg en 2004-.
La apertura de la jornada, que duró cuatro días, se realizó con una conferencia de prensa donde participaron familiares de víctimas de gatillo fácil –en particular, familiares de Ezequiel Barraza, Miguel Torres, y Nicolás Nadal entre otros-. También estuvo presente el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación Córdoba (Cispren) para darle voz a los casos de persecución y censura a la libertad de expresión que en Córdoba viene sufriendo el periodismo sobre todo en la cobertura de hechos represivos.
Una de las principales exigencias de la Carpa es la renuncia del actual jefe de la policía cordobesa, Julio César Suárez. La gestión del comisario comenzó luego de los saqueos ocurridos el 3 y 4 de diciembre de 2013, transcurridos principalmente en Córdoba capital. A comienzos de abril, en pleno panorama de los llamados linchamientos y la puesta en foco a los denominados “moto-choros”, Suárez declaró ante los medios de comunicación su proeza de salir a “policializar la ciudad” y agregó que “cualquier delincuente que salga armado va a terminar muerto”. Desde entonces, los allanamientos a los barrios más pobres de la ciudad, mediante los métodos de razzias y operativos saturación, se profundizaron semana tras semana, dejando siempre un saldo no menor de 40 detenidos que serán liberados en horas, por contravenciones menores, pero con consecuencias para toda la vida. En su haber como jefe policial, ya lleva siete casos de gatillo fácil contra jóvenes cordobeses que perdieron sus vidas por las balas de plomo de la institución policial. Así como dos hechos de asesinato, registrados como suicidios en comisarías de la provincia, sumado a una infinidad de denuncias sobre golpizas, torturas, maltratos, irregularidades de todo tipo en las detenciones, controles policiales, etc.
Pero la Carpa hizo foco también hacia los funcionarios judiciales. De hecho, tanto jueces como fiscales son responsables de delitos represivos por su accionar en connivencia con las fuerzas de seguridad: encubrimiento a los policías sospechados de haber perpetrado un delito y demoras en las investigaciones requeridas por familiares de víctimas, son moneda común.
Otro de los reclamos hacia la Justicia fue la exigencia de la entrada a las cárceles y comisarías para los organismos de derechos humanos. El pedido es en base a tener la posibilidad de conocer en detalle las realidades que se viven dentro de las instituciones carcelarias por la seguridad de los detenidos. El caso de Maximiliano Peralta es uno de ellos. Fue detenido por resistencia a la autoridad, un delito excarcelable. Él fue el único testigo del asesinato de su primo Güere, víctima de gatillo fácil este año.
Durante cuatro días las actividades convocaron a diferentes sectores sociales a debatir y reflexionar sobre lo que está sucediendo a nuestros jóvenes. Entre conferencias de prensa, una radio abierta, proyecciones de videos y un espacio para recepción de denuncias, exposiciones artísticas, talleres de formación sobre leyes represivas y cómo actuar frente a una detención, sobre cómo trabajar desde las organizaciones la defensa en hechos de represión, fue sólo el comienzo de un acampe que dejó como saldo positivo la respuesta de los asistentes.
Las mesas funcionaron a través de material gráfico y folletería, intervenciones visuales, así como un mapa con todas las cámaras de vigilancia de la Ciudad. La muestra fotográfica del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos reflejó la situación de los jóvenes en los barrios. Entre las leyendas “A los jóvenes no se los suicida” o “Si el cheto corre, entrena. Si el negro corre, chorea” fueron transcurriendo los días. En palabras de los propios organizadores evaluaron que los asistentes “se acercaban a preguntar, informarse, hacer eco de la preocupación sobre la situación e incluso acercar donaciones de alimentos para el sostenimiento de las actividades”.
El cierre de la jornada fue una conferencia de prensa con los familiares víctimas de la represión del Estado y de las organizaciones que llevan adelante la lucha antirrepresiva en Córdoba. Estuvo presente Lorena Barraza -hermana de Ezequiel Barraza-, Sandra Torres -hermana de Miguel Angel Torres-, la madre de Cristian Guevara y la mama de un joven que fue asesinado en 2013 por el oficial Rubén Leyva quien es uno de los autores del asesinato de Alberto “Were” Pellico, en julio último.
Las organizaciones convocantes enfocaron como síntesis la lucha en la calle y la unidad para hacer frente al avance de la represión, rescatando el caso cordobés, no como un caso aislado sino como parte de un plan sistemático que se repite en cada provincia del país. El próximo miércoles a las 11 hs, los integrantes de la Carpa organizarán una concentración frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba para “exigir un conjunto de medidas que permitan a las organizaciones del campo popular actuar como organismos legítimos (e independientes del Estado) en defensa de los DDHH de las personas, también poder discutir situaciones concretas de algunos casos e investigaciones, como así también la situación de los presos de Corral de Bustos, las demoras en las planillas prontuariales que ralentizan la liberación de muchos detenidos”, señalo Matías Calderón de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba.