Por J.P. Gardes. El pasado viernes se realizó una conferencia de prensa para denunciar el armado de una causa a Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza.
Pimentel es acusado por abogados de policías presos por el asesinato de Gabriel Blanco en una comisaría de San Carlos, partido de La Matanza. Por el crimen del joven de 21 años, ocurrido en marzo de 2007, fueron indagados, imputados y condenados por torturas seguidas de muerte el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena. Pasado el tiempo, y luego de que la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza desestimara las apelaciones a las prisiones preventivas dictadas contra los policías por el juez Raúl Alí, uno de los abogados, de apellido Fernández, denunció ante la Fiscalía General la presunta incitación a falso testimonio de un grupo de jóvenes que compartieron la detención con Blanco. Denuncia que, contra la opinión de la Fiscalía Descentralizada a la cual la deriva, la Fiscalía General se niega a desestimar, dejando abierta la investigación.
En la sede porteña de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Teófilo y Carmen Blanco, padres de Gabriel, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Miguel Monserrat e Inés Izaguirre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Nacional), el legislador porteño Pablo Ferreyra (Seamos Libres), José Schulman de la LADH, integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Comisión de Amigos y Familiares de Agustín Ramírez, Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACIFaD) y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros organismos de los derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, y familiares y amigos de víctimas de la violencia policial e institucional, respaldaron a Pablo Pimentel, y denunciaron que con este tipo de acciones la corporación judicial-policial pretende criminalizar a los organismos de derechos humanos y amedrentar a aquellos que defienden, acompañan en la búsqueda de justicia, y construyen herramientas de lucha junto a los sectores más vulnerables del pueblo.
Pimentel sostuvo que la persecución judicial contra los militantes de la APDH La Matanza “es un acto que pretende disciplinarnos, pero no vamos a dudar en profundizar la lucha”, alertando que el “cambio político que se viene en el país es por derecha, por eso debemos estar atentos”, y que en frente “encontrarán a un pueblo que se empodera de sus derechos, con los organismos a su lado”, porque “los derechos humanos se defienden o se violan, no hay término medio”.
En la misma línea, Pérez Esquivel afirmó que la causa contra el dirigente “no es casual, es parte de una política para criminalizar y judicializar a los organismos, ahora cargan contra Pablo y mañana será contra otros”. “Hay una complicidad de determinados jueces y un sector de la policía que se protegen mutuamente”, denunció el titular del Serpaj.
A su turno, el referente de la LADH, José Schulman, propuso la presentación de un “Amicus Curiae” para solicitar la inmediata desestimación de la denuncia, el cual, con el acompañamiento de los presentes, estará siendo presentado en breve. Por su parte, Miguel Monserrat señaló que la investigación abierta contra el titular de la APDH La Matanza es “un disparate”, mientras que el legislador porteño Pablo Ferreyra expresó que una parte del Poder Judicial “es un eslabón más en la cadena de impunidad para garantizar el juego sucio y la impunidad”.
Gabriel Blanco y Luciano Arruga
Además de haber sucedido en el mismo municipio, el asesinato de Blanco tiene varios puntos en común con el de Luciano Arruga, joven de 16 años desaparecido desde enero de 2009, causa que también lleva adelante la APDH La Matanza. Al igual que Arruga, Blanco no aceptó las presiones de la policía bonaerense para robar en zonas liberadas, por lo que fue amenazado que lo iban a detener e iba a terminar en una zanja. El primero de marzo de 2007, a las nueve de la noche, los agentes fueron a buscarlo a la casa de su hermana y se lo llevaron detenido a la comisaría de San Carlos, en Isidro Casanova. A las doce aparecería ahorcado con un cable en un calabozo de dicha dependencia. Previamente, tanto su mujer -con quien vivía junto a su hijo de dos años y sus padres- como otros presos, lo habían escuchado gritar desesperadamente. Según quedó demostrado en las pericias, el cuerpo de Blanco recibió golpes mortales, lo que también se comprobó en una segunda autopsia, siendo que la primera había sido realizada por la propia policía. Asimismo, la policía científica realizó pruebas con los cables que Blanco habría utilizado para suicidarse, de donde se desprendió que los mismos se habían cortaron con la presión de un peso de cincuenta kilos. Blanco medía un metro ochenta de altura y pesaba más de ochenta kilos.
Otro punto en común es que en ambos casos intervino la fiscal Celia Cejas Martín. Cejas, sucedió a la fiscal Roxana Castelli, quien durante los primeros 40 días de instrucción no avanzó sobre la pista policial, encargando el esclarecimiento a la misma fuerza, pese a que la familia de Arruga señalaba a los agentes del destacamento de Lomas del Mirador como los responsables de la desaparición. Luego de apartada Castelli de la causa por pedido de la familia de Arruga, la fiscal Cejas tuvo la causa virtualmente parada durante casi cuatro años, hasta que, a principios de 2013, la justicia resolviera modificar la carátula de la misma, pasando de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”, lo que implicó que el expediente se trasladara de la órbita bonaerense a la federal. Aunque, para ser exactos, algo hizo Cejas: en vez de investigar a la Policía, ordenó intervenir, desde abril de 2009 hasta agosto de 2010, los teléfonos de los familiares de Arruga, pedidos que contaron con la aprobación del juez de Garantías de La Matanza, Gustavo Banco. Por “no resguardar las garantías constitucionales de las víctimas y por revictimizar a la familia Arruga”, los abogados de la familia Arruga y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentaron ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios el pedido de juicio político tanto de Cejas, como de Castelli y el juez Banco.