Por Francisco J. Cantamutto. La iniciativa del gobierno sobre la ley de pago “soberano” divide aguas sobre el problema de la deuda. El problema del agua estancada a ambos lados del proyecto.
La semana pasada, la presidenta argentina Cristina Fernández envió un proyecto de ley que pomposamente llamó “de pago soberano”, con el cual se defendería la extraña idea de que el país paga “porque quiere y puede”. Tal acto de soberanía, por supuesto, encuentra defensores nacionales y populares, como el dirigente gremial oficialista Hugo Yasky, quien señaló que esta discusión divide aguas entre patria y buitres. Pero también convoca el apoyo de buitres de diverso linaje. Mientras la discusión que divida el campo político sea cómo hacer para pagar, estaremos estancados en un dilema sin salida. Ese es el estanque de aguas servidas en el que la dependencia argentina flota.
El problema de la deuda pública no es ninguna trivialidad. Fue uno de los ejes del ciclo de protestas de fines del modelo de la convertibilidad (1991-2002), y alcanzó sus últimos momentos de fuerza con la Contra Cumbre de Mar del Plata en 2005. El gobierno de Néstor Kirchner se las ingenió para esconder bajo la alfombra el problema, aprovechando la enorme liquidez de la economía argentina y prometer suculentos pagos, operando discursivamente para crear la ilusión de que era posible pagar sin hacer ajuste. Una ilusión que duró lo suficiente como para que una gran parte del arco popular y progresista la aceptara como un hecho. Pero desde que el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa quedara firme, la reverberación de la deuda otra vez cobró visibilidad.
El arco empresarial está dividido desde hace algunos años respecto del gobierno nacional. Por un lado, algunas organizaciones del capital concentrado entienden que el kirchnerismo garantiza una gobernabilidad básica, al justificar como nacional y popular todos los límites que ellos imponen a mejoras estructurales de la situación del pueblo argentino. Los representantes más visibles de este polo son la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y una parte de la Unión Industrial Argentina (UIA). La primera de esas organizaciones, por ejemplo, intentó salir en la ayuda del gobierno tratando de comprar los juicios de Nueva York.
Por otro lado, están las organizaciones del capital que encuentran este arbitraje muy costoso, y preferirían un Ejecutivo más directo en su mensaje de ajuste social, y que por ello se inclinan en diverso grado por acercamientos a Mauricio Macri, Sergio Massa y sectores del Frente Amplio UNEN (FAUNEN) (básicamente la UCR y la Coalición Cívica). Entre estas cámaras se encuentran las liberales Sociedad Rural, la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la asociación del capital más concentrado AEA (Asociación Empresaria Argentina), y otra parte de la UIA; todas ellas ramas del capital que han impulsado el Foro de Convergencia Empresarial para poder operar como lobby abierto y directo, ganando presencia en los medios y sesgando la opinión pública. Este grupo realizó a fines de julio un encuentro en el hotel Sheraton de Córdoba, donde el presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Miguel Blanco, señaló el rumbo elegido: “En la negociación con los fondos buitres es necesaria la participación de otros sectores políticos, porque las consecuencias de lo actuado tendrán impacto en el futuro”.
Debe notarse que es exactamente lo que el kirchnerismo hizo: enviar una ley abierta –todo está sujeto a discusión- al Congreso, para involucrar a otros sectores políticos. Por supuesto, esto impactó en los partidos allí representados, porque los obliga a tomar decisiones y quedar involucrados en las gestiones del gobierno. Este cambio en las responsabilidades políticas encontró eco: el PRO, el Frente Renovador, la UCR y la Coalición Cívica explicaron que no acompañarían el proyecto con balbuceos incoherentes de que “hubieran actuado diferente”, y si esperan una solución de su parte, esta llegará sólo cuando sean gobierno. Todos estos partidos –excepto la Coalición Cívica- apoyaron al gobierno hace pocos meses viajando a Nueva York para convencer a Griesa de tomar otro rumbo. Su negativa no se basa en ningún desacuerdo fundamental, sino en que les resulta imposible capitalizar la confrontación verbal con los buitres (como sí lo hace el gobierno, que eleva su imagen positiva a partir de ello), mientras que arriesgan quedar atados al precio de cualquier acuerdo. Al buscar diferenciarse del gobierno sin tener ninguna alternativa real, estos partidos tienden a homogeneizarse entre sí en la postura más liberal y de derecha, como reconoció el referente de Libres del Sur, Humberto Tumini, que señaló la necesidad de diferenciarse de la postura de Macri.
Por supuesto, lo que no quieren poner sobre la mesa es discutir una salida alternativa. El último viernes se realizó un Acto por la Suspensión de Pagos e Investigación de la Deuda, donde distintas organizaciones sociales y referentes populares insistieron con una verdadera salida al problema. No es llamativo que ni ésta alternativa ni el acto no hayan encontrado eco alguno entre los partidos arriba referidos, ni en los principales medios oficiales y opositores. Esto señala un acuerdo fundamental del arco patronal, sean partidos u organizaciones del capital: se puede discutir cuánto, dónde y cómo pagar, pero no se puede discutir qué hay que pagar.
Es por esto que no pocos buitres ya han explicado su apoyo a las gestiones del equipo de Cristina Fernández. La semana pasada un grupo de bonistas italianos que entraron a previos canjes salieron a apoyar al gobierno, en vistas de querer cobrar sus bonos, criticando a la oposición por su falta de apoyo al proyecto de ley. En la conocida columna dominical de Horacio Vervitsky en el diario Página/12, se explicó orgullosamente el caso de David Martínez Guzmán, titular del Fondo de Inversión Fintech Advisory, otro buitre del sistema financiero mundial que ha acaparado bonos argentinos –comprados a precios de remate- y quiere cobrar los jugosos canjes. Aparentemente, en el sistema financiero habría buitres carroñeros (como MNL Elliott y Aurelius) y buitres domesticados, que viven de la misma rapiña, pero tienen buenos modales. Como dato central, esto muestra que del lado del gobierno también se reúnen de buen grado otras aves carroñeras.
La estrategia del gobierno es lograr la presión conjunta de los “terceros involucrados” sobre el juez Griesa, de modo que quede visible su connivencia con un grupo minúsculo de especuladores. Se trata básicamente de involucrar a otros acreedores con bonos argentinos, como Martínez, los bonistas italianos, el Citibank (que apeló ante el juez para poder pagar). Griesa no puede declarar a todos en desacato. Así, el gobierno parece avanzar en su estrategia al acumular apoyos populares de buitres nacionales e internacionales, mientras la oposición patronal boya en estas aguas servidas sin capacidad de dar una orientación cualitativamente diferente al problema. Por eso, es necesario buscar alternativas fuera del consenso establecido del nada soberano pago.