Por Orlando Agüero. El 23 de enero de 1989 el Movimiento Todos Por la Patria (MTP) intentó copar el Regimiento de La Tabalada. Hubo muertos, heridos, torturas y desapariciones. Era el final del gobierno de Alfonsín. Hoy, continúa el pedido de justicia.
Durante el primer gobierno en democracia de Raúl Alfonsín, luego del golpe militar del ’76, la situación política y social era muy compleja. Por un lado, se vivía la algarabía de haber recuperado la democracia, la vuelta a las garantías constitucionales, el funcionamiento de las instituciones del Estado, derechos suprimidos mientras gobernaron las Juntas Militares. Por el otro, las desapariciones y violencias que atentaron contra todos los derechos humanos que sufrieron amplios sectores de la sociedad, habían abierto heridas que no iban a cerrar jamás. En ese sentido, el principal discurso de aquél gobierno expresaba la consolidación de la democracia. Para ello habían recurrido a una teoría que se denominó “de los dos demonios” que responsabilizaba a los sectores del pueblo que fueron víctimas del terrorismo de Estado en el mismo sentido que a los militares que montaron la tragedia que vivió nuestro pueblo durante la dictadura del ’76 al ’83.
Mientras se recuperaba la confianza en el Estado, las políticas económicas no podían parar la inflación (en ese período la hiperinflaciones llegaron a generar saqueos a supermercados). En tanto, el peronismo de la CGT de Ubaldini, fogueó el conflicto social con la idea de debilitar aún más al radicalismo y proponerse como alternativa de gobierno. Pero además de eso grupos de militares rebelándose con el objetivo de frenar los juicios a los responsables de la dictadura, proponían un escenario repleto de dificultades y en permanente estado de ebullición. Existía en el pueblo y en la militancia de aquél momento, una firme intención de impedir el regreso de la dictadura de las fuerzas armadas. Tal así que cada vez que había alguna clase de movimiento militar, casi inmediatamente se organizaban movilizaciones a Plaza de Mayo. Lo cierto es que se respiraba una atmósfera en la que permanentemente sobrevolaba la idea que podía haber un golpe o algo parecido. Fue en este contexto, donde despertamos la mañana del 23 de Enero de 1989 y escuchamos la noticia que había sido copado el Tercer Regimiento de Infantería Mecanizada III “General Belgrano” de la localidad de La Tablada, en la Provincia de Buenos Aires. Lo primero que muchos pensamos fue “Uh., otra vez los milicos”, pero no eran los milicos.
Se cumplieron 25 años del intento de copamiento del Regimiento al que ingresaron 46 militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) de los que sólo sobrevivieron 13. A 25 años de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los hombres y mujeres asesinados en La Tablada durante el regreso de la democracia. El pedido de justicia, de verdad y de castigo a los culpables, sigue vigente. Sus familiares continúan con el reclamo de justicia por los primeros cuatro militantes desaparecidos en democracia.
Marcha dialogó con Claudio Rodríguez, sobreviviente de aquel levantamiento. Su testimonio forma parte de la memoria y de un pedido de justicia. Hoy tiene 48 años y trabaja de electricista. Milita en el Encuentro por la Unidad Latinoamericana, luego de haber tenido que cumplir con 12 años de prisión -mayoritariamente en la cárcel de Caseros-. Paradójicamente, hoy ya no existe ni esta esta cárcel, ni el regimiento de La Tablada.
– Contanos, ¿qué pasó el 23 de enero de 1989 en el Regimiento de La Tablada?
– Eran momentos difíciles en los que había que analizar bien el contexto en que se dio la situación. Nuestra organización entendió que había que frenar a los militares. Es así que salimos a enfrentar el avance de la derecha que se venía articulando ya hacía bastante tiempo a través de repetidos levantamientos militares.
– ¿Y qué creen que salió mal?
– Creo que no supimos leer bien algunas cosas del contexto político en general, como el reflujo en el que en realidad estaban comprendidas las masas. En la cuestión internacional, los efectos de la caída del Muro de Berlín y la derrota del proceso Sandinista en Nicaragua, fueron dos datos que sin dudas influyeron en el desarrollo de los avances y retrocesos políticos de las propuestas de entonces. De todos modos, no puedo decir que esté arrepentido. Algunas cosas no cambian, sobre todo porque muchos compañeros cayeron convencidos de que era lo correcto.
– Hoy, a 25 años de aquel acontecimiento tan relevante, ¿cómo piensan el presente a la luz de todo lo que pasó?
– En primer lugar, decir que cuando entramos a la cárcel fue durante el gobierno de Alfonsín y cuando salimos estaba De la Rúa, nos habíamos perdido todo el menemismo. No entendíamos mucho.
Pero habíamos empezado desde hacía rato con la idea de recuperar los cuerpos de nuestros compañeros, ya que hubo desapariciones luego de torturas, posteriores a que fuéramos detenidos. La cuestión es que en el año 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, elabora y envía un informe al gobierno argentino, donde se recomendaba la investigación de casos de crímenes de lesa humanidad. La cuestión es que el Estado argentino siempre puso trabas a la hora de reconocer los cuerpos, llegando hasta puntos macabros como por ejemplo, que nos hayan hecho confundir durante mucho tiempo entre los cuerpos de los compañeros “Quito” Burgos y “Pancho” Provenzano.
En este trabajo de reconstrucción, tuvimos la colaboración invaluable del equipo argentino de Antropología Forense, que sin dudas, ayudó a reconocer los cuerpos del compañero “Quito” Burgos y del Gordo Sánchez, a quienes les realizamos un homenaje esparciendo sus cenizas en la Plaza de Mayo. Cosa que no pudimos hacer con otros compañeros. Somos capturados con vida, Pancho Provenzano, el Sordo Samojedny y yo. Cuando estábamos detenidos, preguntan por Provenzano y se lo llevan, desde ahí no lo volví a ver. Francisco Provenzano había sido preso de la dictadura militar.
– Entonces se hace necesaria una investigación sobre el tema..
– La doctora Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, se pronunció diciendo que esta causa no puede prescribir y que se debería investigar por el pedido de la CIDH del año ’95. Por eso es que también estamos juntando firmas con el objetivo de pedirle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que investigue por tratarse de casos de lesa humanidad, de la desaparición de personas con responsabilidades criminales en la dictadura.
Por ejemplo, el General Arriyaga, jefe del operativo de represión en el Cuartel, hoy cumple una condena por delitos en el proceso militar. Quienes hasta ahora permanecen desaparecidos, son Iván Ruiz, José Díaz, Francisco Provenzano y Carlos Samojedny.