Por F.S. La recuperación de los nietos y nietas apropiados por la última dictadura cívico militar en nuestro país es la bandera de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. El marco legal de un proceso que empieza mucho antes de la llegada de la noticia a toda la sociedad.
Ignacio o Guido Montoya Carlotto, como lo conocen sus abuelas, hace unos días recuperó su identidad, al igual que ya lo hicieron 113 nietos y nietas, y no es casual.
Desde su creación en 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo trabajan con el fin de localizar y restituir a sus familias a los niños y niñas que fueron robados y apropiados en la última dictadura cívico, eclesiástica militar. Desde Abuelas, entre otras cuestiones, efectúan presentaciones ante autoridades administrativas y judiciales tanto a nivel nacional como internacional.
Por su parte, en el marco del retorno de la democracia y con el objeto de obtener y preservar información genética destinada a facilitar la determinación y el esclarecimiento de la filiación biológica de los niños y niñas robados y nacidos en cautiverio durante la dictadura, se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el que funciona como un ente autárquico. Desde 2009 funciona bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El BNDG posee, de manera centralizada, los datos genéticos de familiares de niños y niñas robados o presuntamente nacidos o nacidas en cautiverio que vivan dentro y fuera del país. La información genética almacenada en el Banco sirve como prueba para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad. El resultado de 114 casos de filiación a través de las pruebas elaboradas con el material genéticos de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura fue la evidencia de la existencia de un plan sistemático de apropiación de niños y niñas.
Asimismo, en cumplimiento de sus funciones, en el marco de los diversos reclamos al Poder Ejecutivo, en 1992 solicitaron la existencia de un organismo estatal especializado en la temática, lo que se materializó con la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) que en la actualidad se encuentra dentro de la competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Claudia Carlotto.
Conadi es un organismo conformado por especialistas que abarca las diferentes aristas que la restitución de la identidad supone: la investigación, la genética, la psicológica y la jurídica. Efectúa además, presentaciones en la Justicia y colabora en las diferentes etapas del proceso de restitución, tanto en aquellos que se judicializan, como en las presentaciones espontáneas, las que suponen una posterior judicialización con el fin de llegar a la verdad de lo acontecido, las responsabilidades que le supones a las diferentes personas que formaron parte del hecho.
Finalmente, en 2012, desde la Procuración General de la Nación se crea la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante de terrorismo que se ocupa, entre otra funciones, de diseñar estrategias de investigación para el esclarecimiento de casos de apropiación y el control de la aplicación del Protocolo de actuación para los casos de apropiación por parte de los agentes fiscales de todo el país. Ese protocolo establece pauta de actuación en relación a la particularidad y sensibilidad de la temática y las personas afectadas al proceso.
Por ello no es casual. Ignacio, o Guido es el resultado de la lucha, la perseverancia y el coraje que las Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron para que toda la sociedad conociera la existencia de un plan sistemático de apropiación. Concientizaron con su ejemplo y este proceso de más de 30 años de visibilización permitió que Ignacio, ante la duda, se acercara a Abuelas.
Asimismo, su lucha se transformó en una lucha del pueblo, del Estado y se tradujo con el tiempo en políticas públicas que permitieron materializar el anhelo de memoria, verdad y justicia y la restitución de la identidad de 114 de los 500 nietos y nietas apropiados en la última dictadura cívico militar.