Por Leonardo Rossi, desde Córdoba. La investigadora Beatriz Giobellina indica qué debería ocurrir en torno a la ciudad de Córdoba si cumpliera la legislación. Analiza la convivencia campo-ciudad.
Mientras la frontera agropecuaria avanza de la mano de los commodities, las grandes urbes hacen lo propio motorizadas por el desarrollismo inmobiliario (countries, grandes complejos de torres, centros comerciales). Pararse en medio de estas dinámicas del capital, analizar sus impactos ambientales y sanitarios, y pensar otras lógicas de planificación urbano-rural son desafíos que asumió Beatriz Giobellina, técnica del Pro-Huerta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
En esta línea de trabajo, la doctora en Arquitectura (Universidad Politécnica de Valencia) señala que, por ejemplo, el cordón hortícola “se está achicando peligrosamente” generando dependencia de alimentos cotidianos de otras partes del país. “Ahora el 50 por ciento de ‘los verdes’ que entran por Mercado de Abasto no viene del cinturón local”, alerta.
Frente a esta convivencia entre grandes concentraciones poblaciones y una agricultura basada en la aplicación masiva de agroquímicos, Giobellina plantea que por ejemplo “100 mil hectáreas” que rodean la ciudad de Córdoba hoy no debieran ser pulverizadas si se aplicara la normativa que regula esa actividad (ley 9.164)
-¿Por qué pensar la ciudad en función de lo que sucede en el campo?
-Primero debemos mencionar que históricamente los arquitectos nos ocupábamos de la ciudad, los agrónomos del área rural, y los biólogos y los ingenieros forestales de los bosques. En territorios como el área metropolitana de Córdoba esas fronteras no son claras, está todo mezclado. En el territorio encontramos bosques, ríos, vemos que la ciudad crece sobre el campo y el campo se resiste un poco a la ciudad. Entonces las nuevas miradas disciplinares nos hacen pensar en términos de territorio.
-¿Y qué ocurre en Córdoba?
-Por ejemplo, Córdoba necesita que su cuenca hídrica que viene desde la sierras esté saludable para abastecerse de agua; necesita que en sus tierras productivas se sigan produciendo hortalizas, alimentos frescos, frutas, lo que come la población. Entonces el ordenamiento del territorio y el medio ambiente trata de integrar todas esas necesidades de los ecosistemas, de la población, y de los productores para tratar de equilibrar frente a lo que estamos viendo. Estamos frente a ecosistemas con muchos problemas. Intentamos identificar esos problemas y definir marcos normativos, estrategias y políticas para ordenarlos.
-¿En qué aspecto cotidiano el ciudadano puede comprender esto que usted plantea?
-Desde el INTA empezamos a hacer diagnósticos de los problemas. Y un ejemplo claro es el tema del cinturón verde de Córdoba, que históricamente ha sido muy importante, y que nacía prácticamente desde el casco antiguo. Hemos visto cómo la ciudad ha ido comiéndose las quintas. Frente al avance de la ciudad nunca se ha planteado cuál es el área de abastecimiento que necesita Córdoba y las poblaciones aledañas; cuál va a ser el parque agrario que va a alimentar la ciudad. Y estamos viendo que el cinturón verde se está achicando peligrosamente al punto de que la población cordobesa empieza a depender para su alimentación de productos que se hacen en otras partes del territorio nacional. Ahora el 50 por ciento de ‘los verdes’ que entran por el Mercado de Abasto no vienen del cinturón local.
-¿Qué factores desplazan a esta agricultura?
– Estamos observando que las zonas de producción fruti-hortícola, la base de la alimentación cotidiana, está siendo el jamón de un sandwich, apretado por la urbanización que crece por proyectos inmobiliarios desarrollistas que se implantan donde había quintas, priorizando la rentabilidad en relación a lo inmobiliario. Por otro lado, viene el modelo agrícola industrial con la soja y aprieta. En el medio está ese ‘jamoncito’ cada vez más pequeños que lo forman los productores de legumbres u hortalizas que van tratando de sobrevivir. Eso es irracional desde el punto de vista de la sustentabilidad, y no es nada recomendable desde el punto de vista de la alimentación. Hay que diagnosticar esos problemas y desarrollar políticas, como ser la promoción de parques agrarios que promuevan la producción de alimentos locales.
-Hay claros argumentos para detener la frontera agrícola, ¿qué pasa con la frontera urbana?
-Como hemos tomado conciencia de que la frontera agraria no debe avanzar más sobre los bosques, debemos entender que hay que compactar la ciudad que ya está, que existe ahora. No debemos seguir avanzando ni con countries hacia el sur, que han liquidado las quintas, ni tampoco sobre las Sierras Chicas. A nivel internacional hay un debate claro entre la ciudad compacta y la ciudad difusa. En Córdoba tenemos una ciudad difusa, que se extiende indiscriminadamente en las cuatro orientaciones tragándose todo lo que lo rodea, sean ríos, sierras, fincas o quintas productivas. Eso no es sustentable en el corto plazo. En general nuestras ciudades tienen una infraestructura insuficiente, zonas sin cloacas, sin iluminación, cómo vamos a seguir extendiendo una mancha que implica mayor demanda de infraestructura que nos falta donde ya tenemos urbanizando.
-¿Qué hacemos con esas zonas urbanas donde el modelo agrario a gran escala irrumpe, por ejemplo, con fumigaciones?
-Primero debemos pensar si podemos permitirnos como país un modelo de producción que no cuide nuestro ambiente. Pero sin entrar en ese debate, todo lo que sea borde urbano, borde de un asentamiento humano, siempre se tiene que priorizar la salud de la población. Si tenemos un modelo productivo que echa productos que son venenos debemos contar con franjas de no pulverización que deben estar bien normadas y controladas. En la región metropolitana de Córdoba, entre los dos anillos de circunvalación, existen 100 mil hectáreas que no deberían ser pulverizadas con productos dañinos a la salud y el ambiente si aplicáramos la franja que prevé la ley de agroquímicos.
-Son problemáticas de gran escala, ¿por dónde se empieza?
-Desde el equipo que integro en INTA estamos haciendo una experiencia piloto en Juárez Celman, donde hay 400 hectáreas que bordean el área urbanizada y donde hay que pensar qué tipo de producciones implementar, que sean rentables para el productores, y proteger a la vez a la ciudadanía que no tiene por qué ser violada en su derecho al ambiente sano. En esas franjas hay que armar estrategias participativas donde todo los actores sociales involucrados estén debatiendo para generar riqueza sin atentar contra la salud pública y el medio ambiente.