Por Jesús Reyes. Juan Manuel Santos asume este jueves su segundo período presidencial en Colombia. Un balance de su gobierno, la expectativa por el probable acuerdo con la guerrilla y la continuidad neoliberal. ¿Qué se puede esperar (y qué no) en los próximos cuatro años?
Aunque hubo un distanciamiento en cuestiones de fondo, como el reconocimiento de la existencia del conflicto armado, las medidas que implementó Santos con su propuesta de “las cinco locomotoras” y su plan de la prosperidad democrática (vivienda, infraestructura, minería, agricultura e innovación) fueron, sin más, la continuidad de las políticas neoliberales que desde el gobierno de Virgilio Barco fueron puestas en marcha, pero que se habían radicalizado con Álvaro Uribe Vélez y su maquinaria paramilitar.
Desde que Santos llegó al gobierno en agosto de 2010, los cambios superficiales han sido su bastión más grande. Un discurso plagado de ambigüedades que contrastan con sus acciones, como el hecho de convocar a la paz, pero continuar con una alta inversión en armas para seguir el camino de la guerra.
Sin embargo, esta es la punta del iceberg. De los Tratados de Libre Comercio que se iniciaron en la época de Uribe, Santos dio continuidad a 14 y firmó cinco nuevos. Estos TLC implican los derechos de inversión y posesión de la producción y las utilidades de empresas transnacionales en suelo colombiano, así como la exportación de la producción local a mercados internacionales junto a la importación de la producción extranjera a aranceles cero o de bajo porcentaje para participar en el mercado nacional.
Uno de los grandes problemas es que las exportaciones al mercado extranjero, siendo un país basado en la pequeña producción, no llegan a representar un alza económica, mientras que las importaciones de productos provenientes por ejemplo de Estados Unidos pueden crear en Colombia la quiebra de la producción campesina.
Aunque hubo un reconocimiento del conflicto armado interno, creció en estos cuatro años la inversión en armas, entrenamientos militares y equipamiento bélico. Los escándalos referidos a desapariciones, torturas y vinculaciones con los paramilitares no cesaron, tampoco la colocación de guarniciones militares cerca de la población civil, la irrupción en territorios campesinos pacíficos, los asesinatos selectivos, el secuestro de dirigentes populares y el bombardeo indiscriminado a zonas campesinas e indígenas.
Los títulos de concesión minera, aunado al incremento de la inversión directa extranjera, hacen del campo uno de los mayores afectados con las políticas derivadas de “las locomotoras” que el presidente Santos puso en acción. Esta inversión no solo ha costado víctimas humanas, sino también ha sido el factor esencial para no realizar una reforma agraria integral.
Políticas públicas
Otras “víctimas” del modelo fueron la educación y la salud, que siguen siendo de las más costosas de Latinoamérica, además de bajas en su calidad. Por eso se dieron grandes movilizaciones estudiantiles. Además, la tecnificación y tecnocratización de la educación hizo de esta un baluarte empresarial, donde el ideal de los centros tecnológicos y técnicos son mano de obra económica para el mercado y para las empresas privadas, dejando de lado la inversión en ciencia y tecnología, en investigación y el fortalecimiento de las “universidades públicas”.
La salud ha sido uno de los “olvidos” de Santos. Privatizada, como un paisaje monopolístico en pocas manos, con bajos salarios para los médicos y poca inversión en la infraestructura.
La restitución de tierras a campesinos despojados por la violencia paramilitar y del Estado ha sido un mito que ha dado espacios para que aquellos que detentan el poder continúen usurpando los derechos sobre la superficie territorial y el usufructo de la tierra. La Justicia no da solución al paramilitarismo, que sigue despojando a los campesinos de sus tierras.
Continuidades y rupturas
Si se sigue el camino que marcó la Ley de Justicia y Paz, que fraccionó a los paramilitares en columnas, bloques o grupos específicos que siguen delinquiendo aún desde las prisiones, no habrá, como hasta el momento ha sucedido, verdad, justicia y reparación.
La Justicia se ha visto retrasada ante los mecanismos que la misma derecha ha trastabillado tras tantas leyes, normas y decretos que impiden formalmente hacer justicia frente a los casos de los paramilitares; hace unos 10 días algunos de los paramilitares beneficiados por la Ley de Justicia y Paz (creación de Álvaro Uribe Vélez) salieron de la cárcel. Mientras tanto, la reparación sigue sin realizarse, los campesinos no pueden volver al lugar al cual pertenecían, son amenazados y asesinados.
De esta manera, aunque el discurso haya cambiado, aunque se reconozca la existencia de un conflicto y que la génesis del conflicto va más allá de la pertenencia a un grupo u actor armado, el gobierno de Santos significa la continuidad de las políticas neoliberales, de la tan mentada “apertura económica y democrática” aplicada por Uribe.
Sus rupturas, aunque pocas, se hace necesario reconocerlas. La forma en que está llevando las relaciones con los vecinos (Ecuador y Venezuela) ha cambiado, al mismo tiempo que ciertas tonalidades del discurso que enmascaran la realidad tras un hálito de educación y negación formal de lo que sucede. Pero el país no se compone de indicadores económicos o estadísticas resultantes de encuestas o sondeos, la realidad está transformándose poco a poco y se hace necesaria la solución al conflicto armado, transformando así la estructura del poder. No podemos hablar ya de una distribución del ingreso, se hace necesaria una distribución de la riqueza, de la propiedad, de la tierra, al mismo tiempo que plantear la soberanía como algo que pertenece a la diversidad cultural colombiana.