Por Miriam Moreyra y Mario Hernández. Mientras que el oficialismo prepara un proyecto de ley para regular piquetes, los dirigentes de Smata secuestran a trabajadores de Lear y extorsionan a trabajadores de Emfer-Tatsa. Argentina 2015: La política del vaciamiento y el chantaje.
A la espera de instrucciones de la Casa Rosada, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados acaba de terminar el borrador de un proyecto para avanzar en la regulación de la protesta social. Marcha y Che Barracas, dialogaron con Ezequiel Peralta, delegado de Emfer-Tatsa, sobre el difícil escenario al que se enfrentan, donde Smata secuestra y presiona.
Elaborado a partir de cuatro iniciativas presentadas en los últimos meses por legisladores kirchneristas, el texto legislativo intenta articular el derecho a la protesta con el de la libre circulación, pero también exige que en todo piquete se deje libre la mitad de la calle o ruta cortada.
En simultáneo, los trabajadores de Emfer-Tatsa luego de un nuevo corte sobre avenida Gral Paz el miércoles último ante la amenaza de 40 nuevos despidos, y ante la ausencia de una respuesta por parte de Ministerio de Trabajo nacional, decidieron tomar la planta donde funcionan las dos firmas dedicadas a la reparación de material ferroviaria y a la fabricación de colectivos.
Por su parte, los trabajadores de la Autopartista Lear también se movilizaron el miércoles con una caravana en Panamericana para repudiar los más de 200 despidos. Aguardan aún que la cartera de Carlos Tomada brinde una solución definitiva, a la vez que denuncian al titular de Smata, Ricardo Pignanelli, por el delito de coacción contra los trabajadores.
Marcha y Che Barracas, dialogaron con Ezequiel Peralta, delegado de Emfer-Tatsasobre sobre la lucha, que sigue en pie.
– ¿Cuál es la situación del conflicto?
-Tuvimos anuncios nuevamente por parte de la empresa de nuevos despidos, y ya llegaron algunos telegramas a las casas de algunos compañeros. Ante este hecho que ya excede todo tipo de situación, nos vimos obligados a realizar el corte del miércoles. No tenemos respuesta por parte del Ministerio de Trabajo aún.
– ¿Hubo solución ante los sueldos adeudados?
-Se pagó el sueldo adeudado la semana pasada, pero ya teníamos dos semanas de atraso. Sumado a los despidos que plantea la empresa, que ellos dicen que es un método de presión para que el Gobierno destrabe la situación, pero la realidad es que nos están usando a nosotros como método de chantaje para que la empresa siga conservando su negocio; o que le den una solución a ellos. Mientras, nosotros como trabajadores, seguimos sufriendo la presencia de las fuerzas represivas constantemente. Sin embargo por nuestra parte, nos comprometimos en una mesa de trabajo, eso lo hemos llevado adelante cuando hubo algún tipo de gestión, pero hasta el momento no tenemos nada y nuestra situación es desesperante.
– ¿Cuántos trabajadores fueron despedidos en esta última tanda?
-Ellos mismos hablan de 40 despidos, hasta el momento tenemos registrados unos cinco compañeros a los que ya les llegó el telegrama. Para nosotros un despido ya es motivo de conflicto, porque no podemos permitir que se despida así como así a cualquier compañero. Por eso estamos en pie de alerta constante.
Un palito para reprimir
El borrador del proyecto de ley se conoció luego que el Gobierno nacional reprimiera dos piquetes en General Paz y en la Panamericana. En esa ocasión, el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, reclamó al Congreso que avance en la sanción de una ley para controlar las protestas.
El 1 de marzo último, cuando la Presidenta criticó los piquetes y reclamó ante el Legislativo la sanción de una norma de “convivencia ciudadana”, se desató el primer palito simbólico: el del desarrollo del aparato legal al servicio del paradigma punitivo.
Un elemento central de la propuesta kirchnerista es la creación de una Comisión de mediación, en la órbita del Ministerio de Justicia, que se encargará de llevar adelante todas las negociaciones con los manifestantes. Compuesta por funcionarios de otros ministerios que el Poder Ejecutivo designe, la Comisión deberá intervenir de inmediato ante cualquier manifestación, toma de establecimiento público o privado, cortes de rutas o calles o cualquier otra movilización con “exteriorizaciones que afecten a terceros ajenos al conflicto”, lo que incluye absolutamente todo acto de protesta o reclamo.
Si tras la mediación la protesta se mantiene, las fuerzas de seguridad tienen vía libre para intervenir y hacerla cesar: “Si (la mediación) no tiene éxito, se hará una intimación ordenando el cese de las acciones que afectan derechos de terceros”. En el artículo 10, el texto establece que la intervención policial será “progresiva, respetando especialmente las instancias de diálogo”. Se estipula que el uso de la fuerza será limitado a su “mínima expresión” y que se aplicará como “último recurso” para restituir derechos y para la protección de personas, así como la integridad física del personal de las fuerzas de seguridad. Agrega respecto del uso de armas, que sólo para defenderse de un “peligro inminente”, los efectivos podrán disparar balas de goma, pero nunca como medio para dispersar una manifestación.
Para facilitar su aceptación por parte de los sectores involucrados especifica que se declara la amnistía de “todas las personas incursas en delitos cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales, gremiales y políticas, producidas a partir del 10 de diciembre del año 2001 y hasta la sanción de la presente ley”, y agrega: “Se excluyen los delitos de homicidio, lesiones graves y cualquier otro que implique el ejercicio directo de violencia física sobre las personas”.
Al respecto, un comunicado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) señala con preocupación: “Prácticamente ningún compañero, de los más de 5 mil que hoy enfrentan causas penales como consecuencia de su participación en movilizaciones o protestas de cualquier tipo, podrá ser beneficiado con la anunciada amnistía. No es necesario detenernos en la situación de los petroleros de Las Heras, condenados por homicidio calificado y coacción agravada, que quedan claramente excluidos”. Y agregan que el llamado “combo manifestación”: tanto el atentado y resistencia a la autoridad como las lesiones implican, en su definición técnica, el “ejercicio directo de violencia física sobre las personas”. La situación que enfrentan los militantes sociales y que se refleja en casos como los de Corral de Bustos, de Esteche y Lescano, de los periodistas que esperan el juicio por la represión en la toma de la Sala Alberdi, entre otros, es el reflejo de un espejismo legal sobre el que poco hay que confiar.
Argentina 2015, vaciamiento y protesta social. La estatización que no fue de la década ganada.
La intervención de las fuerzas de seguridad en diferentes operativos frente a la protesta social indica un desplazamiento en las políticas de “no represión” por parte del Gobierno Nacional. En diálogo con el programa radial La Revancha emitido por FM La Tribu, Marcela Perelman, directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales, analizó qué implican esos cambios.
El desempeño de las fuerzas de seguridad en el operativo frente a los cortes de trabajadores de la Autopartista Lear en Panamericana y de Emfer-Tatsa en Gral. Paz marcan diferencias con la política de “no represión”. Se caracterizó, según Perelman, por “el control estricto del uso de la fuerza y en la prohibición de la portación de armas, y una cantidad de regulaciones, prácticas y formas de actuar. Así como la presencia en el espacio del conflicto de un interlocutor político” que permitiera otro diálogo y la posibilidad de “afrontar las demandas de fondo”. Todos estos aspectos no se están cumpliendo.
Además, la integrante del CELS indicó que el momento de conflictividad laboral no explica ni justifica estos cambios, ya que en otras coyunturas como la actual, la respuesta fue distinta.
Por su parte, Edgardo Moyano, abogado de los trabajadores de Lear, expresó que “las pretensiones de la empresa estadounidense de que la Justicia argentina ‘avale’ el accionar ilegal de impedir el ingreso a los delegados” fue condenada al recibir semanas atrás “cuatro fallos favorables a los trabajadores” obligando a la “empresa a permitir el ingreso de los delegados a la planta”, aseguró.
Pero el peor enemigo es el interno, dice el refrán. Al mismo tiempo que la Justicia se expedía en efectivizar derechos, los dirigentes de Smata lejos de representar la lucha de los trabajadores, llevaron adelante las practicas más nefastas: subieron a los micros a los trabajadores que aún no habían sido suspendidos o despedidos y alterando el recorrido que tenía como destino una asamblea –en connivencia con las órdenes de la patronal- los llevaron hasta la sede del sindicato a más de 30 km del lugar. Allí fueron recibidos por Pignanelli, quien les informó que la asamblea sería “sin debate” y que la misma contaba “con la presencia del Ministerio de Trabajo”. Luego, el secretario adjunto, Mario Manrique, leyó una carta “supuestamente” firmada por numerosos trabajadores que solicitaban la revocación del mandato de la Comisión Interna. Cuatro trabajadores que se negaron a firmarla fueron despedidos. Los trabajadores “secuestrados” denunciaron a Smata por coacción y amenazas.
Moyano anunció la presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación de una impugnación a la denominada ´asamblea’ del gremio por considerarla “insanablemente nula”, ya que “no notificaron ni a los delegados que querían revocar ni a los más de doscientos despedidos, que siguen perteneciendo al gremio y deberían tener voz y voto para decidir”.
El martes 22 se realizó una conferencia de prensa en el Edificio Anexo del Congreso Nacional, para dar a conocer los términos de una denuncia penal contra Ricardo Pignanelli y otros directivos de SMATA por haber incurrido en el delito de “coacción” contra los trabajadores de la Autopartista norteamericana Lear. La denuncia fue presentada junto a Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), el obispo emérito Aldo Etchegoyen (presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), representantes de ATE-CTA y referentes de numerosos organismos de derechos humanos, mientras que los delegados de la Comisión Interna se presentaron como querellantes.
La abogada Myriam Bregman, adelantó que “tenemos pruebas de sobra sobre el accionar criminal de (Ricardo) Pignanelli, quien incurrió en el delito previsto en el artículo 149 bis segundo párrafo del Código Penal y que tiene como pena hasta cuatro años de prisión”.
La denuncia está fundada en las amenazas de despidos y hasta del cierre de la planta de Lear en General Pacheco producidas por la empresa Lear y la dirigencia del Smata para obligar a los trabajadores a firmar la revocatoria contra sus delegados, que son independientes de la conducción del sindicato y fueron elegidos hace poco más de un año con el 70 por ciento de los votos de la fábrica.
La persecución de delegados disidentes en la fábrica Volkswagen y la aparición de afiches con sus rostros pegados en distintos lugares de la empresa, con lemas del tipo “Malditos aquellos traidores…”son los signos de una connivencia entre la empresa y los dirigentes sindicales.
Ya son once los “escrachados” por la burocracia del sindicato, a pesar que Pignanelli había afirmado que “no quedaban delegados de izquierda en las fábricas donde estaba Smata”.