Por Eduardo Lucita*. La extorsión no es sólo propiedad de los fondos buitres, también de las empresas, de los sindicatos y del Estado.
He señalado en varias notas anteriores que en el marco de la crisis actual muchas patronales hacen un “uso capitalista de la crisis”. Aprovechan la incertidumbre y el temor que se instala en las filas obreras para suspender y despedir, muchas veces más de lo que la propia crisis les exige y de paso, sacarse de encima a los delegados y activistas más cuestionadores del orden establecido.
Esto ha pasado en diversas ocasiones, siempre con el colaboracionismo sindical y la distracción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Pero el caso Lear Corp., la multinacional autopartista de capitales norteamericanos, traspasó todos los límites.
Como es conocido, el conflicto se desenvuelve desde hace varias semanas, cuando la empresa sin presentar procedimiento de crisis ante el Ministerio de Trabajo, suspendió sin sueldo a cien trabajadores y despidió a unos ciento treinta, entre ellos a los cinco miembros de la Comisión Interna (CI), legítimos y legales representantes, asignados democráticamente en elecciones que en su momento fueron avaladas por el sindicato.
Los trabajadores levantaron una carpa frente a la empresa y organizaron una serie de actividades, marcha al Ministerio de Trabajo incluida, para hacer público el conflicto, ante la pasividad del sindicato. Finalmente el Ministerio convocó a los representantes de la empresa y del SMATA pero no a los delegados fabriles para analizar el conflicto. Mientras tanto en paralelo intimaba a la empresa para que dejara ingresar a los delegados a la planta, también que se reincorporara a veinte de los despedidos, no se sabe con qué procedimiento selectivo.
A diferencia de lo que sucede con otras empresas del sector autopartista donde la caída en la producción en las terminales puede impactar en sus niveles de producción, no es este el caso. Lear Corp. produce cables exclusivamente para la automotriz Ford, que justamente es una de las terminales que no ha reducido su actividad. Los delegados han denunciado que en realidad está reemplazando producción local por importada. Esto es, está sorteando las restricciones establecidas por la Secretaría de Comercio para importar. Entonces, o trae paquetes de cables de contrabando o tiene autorización para importar. ¿Dónde quedan entonces los programas de la Secretaria de Industria para sustituir importaciones?
Sorpresivamente, en un verdadero operativo conjunto, el conflicto tomó un cauce inesperado. Desde que se instaló la carpa, la empresa y el sindicato acordaron un sistema de transporte en micros para que los trabajadores pudieran sortear posibles piquetes en el ingreso a la planta para sus tareas cotidianas. Estos micros salen de Panamericana y la avenida Henry Ford y van hasta el Kilómetro 31, donde están las instalaciones de Lear Corp. Pero el sábado también subieron a los micros dirigentes del SMATA que alteraron el recorrido y llevaron a los trabajadores hasta la sede del sindicato nacional porque según informaron en el momento, allí se realizaría una asamblea.
Llegados al inesperado destino, los recibió el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, (uno de los interlocutores preferidos del Gobierno y de la presidenta Cristina Fernández), quién les informó que se realizaría “una asamblea sin debate” y que este acto contaba con la presencia del Ministerio de Trabajo.
A continuación tomó la palabra el secretario adjunto de SMATA, Mario Manrique, quién leyó una carta que habrían elevado al sindicato los trabajadores de la fábrica, con numerosas firmas en la que solicitaban a la directiva nacional que convocara a una asamblea para revocar el mandato de la Comisión Interna. Luego se conocería que cuatro trabajadores que se negaron a firmarla fueron despedidos por la empresa.
También se leyó una segunda carta, esta vez de la empresa. Allí se indicó que la CI con sus permanentes reclamos había enrarecido el clima laboral en la planta, que la empresa no acataría la intimación del ministerio y que si se veía obligada a reincorporar a los cinco delegados despedidos cerraría la planta.
De inmediato se pasó a votación la moción de destituir a los delegados. No hubo espacio, como establece la Ley de Asociaciones Profesionales, para que los delegados cuestionados pudieran hacer sus descargos y defenderse de las acusaciones. El representante del Ministerio de Trabajo no intervino para exigir su cumplimiento. En ese clima como era de esperar no hubo votos en contra ni abstenciones. Hubo unanimidad.
Como cierre, Manrique pidió a los presentes que a la salida uno por uno pasara a firmar el acta, y aclaró que más adelante se realizaría otra asamblea, esta vez con debate.
Los trabajadores, aún los que firmaron el acta en el sindicato, niegan haber impulsado la carta pidiendo la revocatoria. Dicen que la redacción fue del propio sindicato y que fueron coaccionados a firmarla bajo amenazas. La empresa chantajea a los trabajadores culpando de todo a la CI. El Ministerio de Trabajo se cubre conminando a reincorporar a los delegados y a veinte trabajadores, pero no reacciona cuando desde la empresa dicen que no acata sus disposiciones y hace la vista gorda cuando no se cumple la Ley de Contrato de Trabajo. La extorsión no es solo propiedad de los fondos buitres, también de las empresas, de los sindicatos y del Estado.
*integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda
Nota: De lo aquí descripto, he recibido testimonios personales en relación a lo sucedido en el interior del sindicato. He sintetizado dos audios grabados clandestinamente que están circulando por Facebook y pueden consultarse en Plaza de Mayo.com.