Por Gloria Cosentino. Analizamos la criminalización de la protesta y la pobreza, y la violencia institucional. En esta primera entrega reunimos las miradas de Nahuel Perkal, Alejandra Díaz y Vanesa Orieta. Cómo enfrentar la violencia de las fuerzas represivas estatales.
Los ejes están en el centro de los debates y forman parte de las violencias que vienen sufriendo los sectores populares, culturales y políticos de nuestra historia reciente. Lo que coincide además, en una invitación a problematizarlos también en el continente nuestroamericano, como parte del saldo aún pendiente en materia de derechos humanos y políticas represivas.
Marcha decidió hacer ese recorrido de puesta en común con la inclusión de diversas voces, ante la profundización actual de un escenario de represión y consolidación de las violencias hacia los sectores sociales en lucha.
I
En el marco de impunidad con el que la Justicia lleva adelante la causa por el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, Nahuel Perkal, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), reflexionó sobre las concesiones: una “herramienta” que los sectores dominantes utilizan para mantener a las clases populares con la cabeza gacha. Cuando la economía lo permite, cuando los sectores populares lo toleran, estas “concesiones” funcionan como válvula de escape para que las broncas sean canalizadas “afilando el garrote para cuando los parches no alcancen y los sectores populares se organicen y salgan a luchar” resalta Perkal.
En el período que comenzó a partir de 2002, con un empleo notoriamente precarizado, junto con la cooptación de sectores que años atrás acompañaban las luchas del campo popular, sucedió una baja de los niveles de conflictividad social que posicionó exitosamente al oficialismo (la llegada al gobierno de Néstor Kirchner) como el garante del descenso de la represión a las movilizaciones. Sin embargo, esta política no fue acompañada en suerte con la merma de otras medidas represivas. Como señala Perkal, “el gobierno de los Kirchner es el campeón en lo que nosotros llamamos la represión preventiva que, además de gatillo fácil, se constituye por tortura en cárceles y comisarías, detenciones arbitrarias”.
Y los números lo reflejan de un modo alarmante. Correpi contabilizó 215 desapariciones forzadas desde 1983, de las cuales 70 fueron desde el 2003. Los asesinados en protestas por luchas populares sumaron 69, y ascienden a un total de 21 en los últimos 10 años. Perkal, dice que además no se olvida de los presos políticos que en voz baja, esta triste historia. “Vemos que cada vez hay más compañeros que se abocan a la tarea de incorporar en sus reclamos el fuerte eje antirrepresivo. El Comité por Las Heras, aglutina un montón de sectores que por ahí antes costaba juntar pero que hoy por una misma causa se están juntando. Estamos contentos de haber armado el Encuentro Nacional Antirrepresivo, con compañeros y compañeras de Rosario, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Córdoba y tantos otros lugares por una misma causa”, sostiene con firmeza. La tarea que comienza es desafiante y necesaria.
II
Alejandra Díaz, integrante de La Poderosa, habló de su historia y la de su hijo Luis, un joven que fue asesinado en 2010 de dos disparos, a manos de una mujer policía con la excusa de haber sido víctima de un robo. A partir de ese momento, Alejandra se sumó a La Poderosa, “una organización de base con talleres y trabajo territorial”. Describe que se acercó “para que esto no siga pasando, pensando que por ahí mi experiencia podía ayudar a que nunca más una madre llore a un hijo. Pero en mi barrio, después, murieron muchos más. El caso de mi hijo fue tratado por los medios como si fuera un hampón de 16 años que quiso robarle a la heroica mujer policía, que pudo evitar el robo de su auto” comenta con cierta pena.
El caso de Luis, según relata Alejandra, “fue tomado por los grandes medios hegemónicos pero desde el eje de la criminalización y la discriminación”, es decir, estigmatizando el relato. Sin embargo, esa experiencia y tantas otras dolorosas en la Villa Zavaleta les permitió soñar con la posibilidad de tener un medio propio, para que casos como el de Luis, el de Luciano y tantos otros aparecieran en la orden del día. “La Garganta Poderosa nos permitió empezar a mostrar lo que nos pasaba en nuestros barrios. Y así llegamos al año pasado cuando mataron a Kevin, de sólo 9 años. Asesinado también pero esta vez en una balacera de 105 tiros de armas largas, cuando las fuerzas de seguridad dejaron la zona liberada. Kevin no podía ser acusado de narco ni de hampón”.
A partir de esta experiencia, La Poderosa con el apoyo de la comunidad levantó la “Casilla de vecinos sin gorra” que funciona en Zavaleta con la convicción de que hay que mejorar la calidad de vida de los vecinos, sus espacios de recreación, romper con la naturalidad del barrio militarizado. En la casilla trabajan distintos vecinos y vecinas del barrio junto con un procurador, a partir de las denuncias que reciben día a día de abuso de autoridad.
III
Vanesa Orieta es hermana de Luciano Arruga, ese joven que nos falta desde el 31 de enero de 2009. Con una voz apretada y consistente, habla de la importancia de pensar sobre estos ejes, de poner la energía en los barrios y en las luchas populares. “Muchas veces nos llaman desde el Senado o desde el Congreso para audiencias. Y uno ya no tiene ganas de depositar la energía en esos lugares, cargados de intelectuales y profesionales”, enfatiza, y agrega: “La información se necesita en los barrios, en los lugares donde cuesta mucho levantar actividades”.
Las palabras de Vanesa apuntan a la sociedad, que debe asumir con responsabilidad la gesta de otro discurso: “Los niños y jóvenes tienen que pensar que hay otros adultos que no están ahí en los medios pidiendo la muerte y la cárcel para ellos, sino que somos otros, dispuestos a utilizar la palabra exterminio, sin miedo, para decir que están matando y exterminando a un sector de nuestra sociedad”.
La importancia de volver a lo social y de definirlo con claridad, casi como una definición estratégica de los sectores populares, hecha luz sobre las preocupaciones que muchos referentes sociales y políticos tienen no sólo en materia de gatillo fácil y militarización de los barrios –lo que está también fuertemente cargado de un contenido que repudia cualquier violación a los derechos humanos- sino también lo que hace a la importancia del acceso a la educación digna, el acceso a los hospitales públicos y a los profesionales de la salud con un equipamiento y recurso digno a su tarea.
“Estamos tratando de contener algo que nos puede perjudicar y mucho”, sostiene Orieta. Y casi con un grito que comienza agudo pero se fortalece a medida que avanza, dice: “Fuera la Policía de nuestros barrios”. Es necesario un grito desesperado por decir basta y no por pelear con el vecino. Por volver a lo que pasa a diario a la vuelta de la esquina y decidir cómo se de-construye una situación peligrosa de avance represivo que naturalizada puede ser el fin de muchas libertades. “Tenemos que mirar los barrios y ver si es normal que esté naturalizado el cana con la hitaka, ahí controlando”, finalizó.