Por Jonatan Emanuel Baldiviezo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa un Decreto que limita y reduce la participación popular en las Comunas, y las facultades de éstas de ejercer un verdadero control político.
En la Ciudad de Buenos Aires se presenta una triste contradicción, Por una parte, el ordenamiento institucional y normativo de la Ciudad es, quizás, el más avanzado en el país en cuanto a la descentralización del poder institucional y a la profundización de una democracia distinta y complementaria a la Democracia representativa, la Democracia Participativa. Por otra parte, el actual gobierno del macrismo desde su asunción constantemente ha obstaculizado la implementación del mandato arquitectónico de la Constitución de la Ciudad que dispone en su art. 1 que la Ciudad debe organizar sus instituciones autónomas bajo la Democracia Participativa.
Como muestra, el macrismo no respeta los órganos de representación de las villas de la Ciudad (ley N° 148), no ha formalizado los órganos de representación de las ferias (ley N° 4121), persigue los centros culturales autogestionados, derogó el Instituto Espacio para la Memoria que era una institución donde los organismos de derechos humanos decidían la política de Memoria de la Ciudad en un ámbito profundamente democrático (Ley N° 4929), no reglamentó la participación de las personas en situación de calle en las políticas que los incumben (Ley N° 3.706), ha aprovechado cada oportunidad para destruir las huertas orgánicas autogestionadas, emprendimientos inmobiliarios se realizan sin la debida audiencia pública motivo por los cuales fueron frenados por la justicia precisamente por la falta de participación ciudadana previa, etc.
Un caso paradigmático de la aversión democrática del macrismo son los numerosos impedimentos en contra de la operativización máxima de la Democracia Participativa en la Ciudad, es decir, en contra de las Comunas. Una decisión de la Justicia obligó a llamar a comicios para elegir a los integrantes de las Juntas Comunales luego de muchos años. Una vez electos la transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Comunas se postergó en un principio para con posterioridad transferir, como una cuestión caritativa, pequeñas competencias a las Comunas, gotas cayendo extremadamente lentas en una clepsidra. En cada uno de las leyes generales de presupuesto no se consideró a las Comunas como una jurisdicción autónoma quedando a merced del Poder Ejecutivo. Las Comunas para el macrismo son un organismo más sin independencia del poder central. Así creó las Unidades de Atención Ciudadanas (Decreto 376/2011) una estructura paralela a las Comunas que absorbía sus competencias que fueron declaradas inconstitucionales por la Justicia (Causas “Cabandié” y “Brunel”). A fin del año pasado el Pro impulsó un proyecto de reforma de la ley de Comunas que prácticamente las dejaba a merced del gobierno central de turno desvirtuando categóricamente lo que los constituyentes de la Ciudad plasmaron como el modelo de descentralización de la gestión de la Ciudad.
Ahora, nuevamente, Macri se entromete en las competencias de las Comunas, usurpa sus atribuciones exclusivas a través del Decreto N° 251/2014 dictado el 25 de junio de este año. En esta ocasión, ya no crea una estructura paralela sino que directamente se arroga la facultad de organizar la estructura interna de las Comunas creando gerencias y subgerencias a las cuales les otorga funciones que corresponden a los integrantes de la Juntas Comunales y que estos no delegaron en ningún momento.
La estructura organizativa de las Comunas debe ser establecida por ley de acuerdo a la Constitución de la Ciudad. La ley N° 1.777 ordenó que el gobierno de las Comunas esté a cargo de la Junta Comunal y que ésta tenga la competencia exclusiva de establecer la organización de la Comuna. Esta competencia de las Juntas Comunales, que la Constitución dispone como impenetrables e independientes del Poder del Ejecutivo, son avasalladas de forma ostensible.
Este decreto es una agresión institucional y política a las Comunas por parte del Poder Ejecutivo. Es antidemocrático porque lesiona el principio de Democracia Participativa y concentra aún más el poder en el Jefe de Gobierno. Es inconstitucional porque viola el art. 127 de la Constitución de la Ciudad que establece que una ley de la Legislatura dispondrá la organización y la competencias de las Comunas, y no un decreto como en este caso. Es ilegal por desconoce la ley de Comunas que expresamente atribuye a cada Comuna la facultad de organizar funcionalmente su gobierno en áreas de gestión.
La Legislatura en el año 2009 reconociendo las demoras y prácticas antidemocráticas del macrismo sancionó como ley N° 3.233 algo evidente, que el Poder Ejecutivo debe abstenerse de emitir o producir actos que signifiquen intromisión o menoscabo de las funciones de competencia exclusiva de las comunas. El Decreto 251/2014 es la contradicción plena a este mandato. Como no logró vaciar a las Comunas a través de las Unidades de Atención Ciudadanas intenta controlarlas internamente. Habiendo establecido la estructura organizativa por decreto quién podría afirmar que no avanzará con la designación de gerentes y subgerentes soslayando las Juntas Comunales.
Este Golpe Institucional, esta usurpación de poderes, no sólo constituye una decisión ilegal sino también se enmarca en el delito penal de abuso y usurpación de autoridad. Por estos motivos, 14 comuneros denunciaron penalmente a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta y se presentaron ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad en defensa no sólo de su funciones sino principalmente en defensa de esa gran conquista del año 1996, la Democracia Participativa.