El presidente Javier Milei emula las políticas de extrema derecha y la represión contra la disidencia al estilo de Trump, pero la población argentina muestra su rechazo con firmeza en las calles.
Por Camila Parodi *
El 23 de enero de 2025 por la noche, un puñado de activistas se reunió de urgencia en el mítico Parque Lezama en la ciudad de Buenos Aires. Durante ese día, las alertas de la comunidad se encendieron en redes y grupos de WhatsApp tras la indignación que provocó el discurso de odio del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. Ese día, surgió la Asamblea Antifascista Antirracista LGBTQI+, el espacio de articulación que organizó el 1 de febrero la más masiva movilización en rechazo a la política de saqueo del gobierno en la Argentina.
Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el país atraviesa un vertiginoso proceso de desmantelamiento del Estado y en paralelo una crisis económica, institucional y social de gran magnitud. En menos de dos años, su gestión impulsó un programa de ajuste feroz con recortes drásticos en áreas clave como educación, salud, desarrollo social, cultura y ciencia. Bajo la consigna de combatir lo que denomina “la casta política” y reducir el llamado “gasto público”, las políticas de Milei provocaron un desplome del poder adquisitivo, un aumento acelerado de la pobreza y una paralización de la economía real que golpea particularmente a los sectores populares y las clases medias.
A la par del ajuste económico, el gobierno desplegó una estrategia de confrontación directa contra Múltiples actores sociales: trabajadorxs de prensa e integrantes de sindicatos, movimientos de feministas, cooperativas y partidos políticos de oposición. La criminalización de la protesta se convirtió en la nueva norma, así como las detenciones arbitrarias, la represión violenta en manifestaciones. El armado de causas judiciales hoy busca disciplinar a quienes se manifiestan. Mientras, el presidente ataca públicamente a periodistas, intelectuales y activistas con una retórica que niega derechos fundamentales y reproduce discursos de odio con un tono abiertamente misógino, sionista, antiderechos y autoritario.
Pero la violencia durante el gobierno de Milei no es solo simbólica: el 6 de mayo de 2024, cinco lesbianas fueron quemadas vivas mientras dormían y cuatro de ellas murieron. El supuesto agresor, Juan Barrientos era un vecino que las insultaba sistemáticamente por su orientación sexual. El triple crimen de Barracas se estremeció a la comunidad y fue un antes y un después para la sociedad argentina, ya que fue entendido como una consecuencia directa de la crueldad y el clima de desinformación, discriminación y agitación promovido por el Estado. Por eso, frente a este panorama, las calles argentinas comenzaron a convertirse en el escenario de una resistencia que es transversal pero con un fuerte componente feminista y LGBTIQ+.
Al 1 de febrero antifascista le siguieron movilizaciones masivas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 3 de junio, en el décimo aniversario del Ni Una Menos , cuando feminismos, sindicatos y movimientos sociales ocuparon el espacio público para rechazar el avance represivo y defender los lazos de solidaridad construidos tras cuatro décadas de recuperación democrática en el país. Y solo en junio, otra de las protestas más multitudinarias sacudió al gobierno, la que tuvo lugar tras el intento de proscripción de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo que reactivó una fuerte defensa frente al uso del aparato judicial con multas persecutorios.
Ante este escenario, las respuestas organizadas no se limitaron a la ciudad de Buenos Aires. En distintas provincias —de Catamarca a Córdoba, de Río Negro a Chaco— se multiplican las expresiones de resistencia: gremios, organizaciones sociales, comunidades indígenas y asambleas barriales se mantienen en estado de alerta.
Mientras tanto, en la capital, cada miércoles, frente al Congreso Nacional, se realiza una marcha encabezada por jubilados, acompañadas por trabajadores de la salud, de la educación y referentes feministas. Esa imagen, repetida semana tras semana, se ha convertido en un símbolo del presente argentino: en medio de los recortes, la represión y el abandono estatal, la población toma las calles para defender lo común y organizar la esperanza.
La violencia política contra las mujeres avanzan.
“Este gobierno es profundamente antifeminista. Se encargó de desarme todas las políticas que nos beneficiaban y amenaza con tirar atrás las leyes más importantes que conseguimos”, advierte a Truthdig, Victoria Tesoriero, socióloga y exsubsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación. Fundadora de la organización feminista Proyecto Generar, es una de las primeras que comenzó a sensibilizar y medir la violencia política patriarcal sobre activistas de los partidos políticos.
“Este ataque tiene que ver con varias cuestiones: por un lado, el potencial de cambio del feminismo que es el único movimiento que se masificó y creció exponencialmente en los últimos años con capacidad de movilización y de instalación de su agenda; pero también, porque las mujeres somos las más perjudicadas por el modelo económico que impulsa el gobierno”, agregó.
“Este gobierno es profundamente antifeminista”.
En el informe “De lo personal a lo colectivo. Una radiografía de la violencia política en Argentina”, el equipo de trabajo de Tesoriero retrató que “siete de cada 10 entrevistadas dijo sufrir o haber sufrido violencia política” y advirtió que estos resultados atentan contra el ejercicio de los derechos de participación y de representación de mujeres y LGBTQI+. Se realizó en 2021, por lo que resultó una evidencia de que cuando se restringe el acceso de esta población, lo que se deteriora es el sistema democrático. “Hoy se perpetúan discursos de odio en el mismo presidente, en foros internacionales y en diferentes espacios”, reflexionó la socióloga. “Este odio es planificado, financiado por un esquema de ONGs que perpetúan estos discursos de discriminación y tratan de deslegitimar a nuestro movimiento feminista”.
Tesoriero sostuvo que “enfrentamos una contraofensiva conservadora” y agregó que “la persecución y el aumento de la violencia contra mujeres políticas, especialmente a la figura de Cristina , tiene que ver con que es la representante más importante de la oposición a este gobierno. En la semana en que anunció que iba a ser candidata fue inmediatamente encarcelada”. La persecución judicial y política contra la expresidenta, contra militantes cercanos a su partido y los ataques del propio presidente a periodistas feministas como Julia Mengolini o María O’Donnell evidencian este escenario. Entretanto, los sectores sociales más vulnerables —particularmente las mujeres, las jóvenes y los jubilados— enfrentan las consecuencias del ajuste, pero también se organizan: sostienen redes comunitarias, cuidan, resisten y defienden los derechos conquistados.
El estilo confrontativo de Milei no es un fenómeno aislado. Su discurso y su lógica de poder encuentran fuertes paralelismos con figuras como Donald Trump, con quien el presidente argentino no ha ocultado su afinidad. Mientras Milei ataca de forma directa a periodistas, nombrándolxs y ridiculizándolxs en redes sociales y actos oficiales, Trump lo ha hecho de manera más generalizada contra los medios de comunicación demócratas, a los que ha tildado sistemáticamente de “enemigos del pueblo”. Ambos líderes alimentan una narrativa que busca desacreditar cualquier voz crítica y legitimar un clima de hostilidad y violencia hacia quienes ejercen la libertad de expresión.
Sindicalismo en pie
Para lxs trabajadorxs estatales, estos años bajo el gobierno de Javier Milei han significado no solo un avance del ajuste presupuestario, sino también una ofensiva directa sobre su existencia como sujetos políticos. “Somos blanco específico del ataque de este gobierno que llegó diciendo que era el topo que iba a destruir el Estado desde adentro”, advierte Clarisa Gambera, dirigente sindical de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y referente feminista. En ese escenario hostil, la respuesta fue doble: resistir en las calles, pero también sostener emocional y colectivamente a quienes se encuentran bajo amenaza constante.
La ofensiva gubernamental se expresó en despidos masivos —incluso de personas que ingresaron por cupos de inclusión laboral para identidades trans y no binarias, violando las normativas vigentes— en prácticas persecutorias como exámenes arbitrarios para validar idoneidad laboral y en la estigmatización sistemática del empleo público. Frente a esto, los sindicatos impulsaron estrategias jurídicas, presentaron cautelares, acompañaron a las personas despedidas y construyeron espacios de cuidado mutuo. “Fortalecimos la agenda feminista porque no estamos dispuestas a soltarla y porque nuestras formas de hacer política son más amorosas y permiten acompañar la angustia de este tiempo”, explica Gambera.
Esa angustia tiene cifras: según la Encuesta Nacional sobre Violencias y Políticas en contexto de ajuste impulsado por ATE en 2025, el 43% de las personas encuestadas declaró consumir medicamentos para gestionar el estrés o síntomas físicos vinculados a la situación socioeconómica y laboral actual.
Pese al desgaste, la experiencia organizativa se profundiza. Espacios como la Intersindical Feminista resultaron fundamentales para articularse con otros sectores y sostener una respuesta común. La marcha antifascista del 1 de febrero, por ejemplo, fue impulsada por agrupaciones de distinto origen y representó un límite claro frente a la violencia gubernamental. “Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva”, señala Gambera. En esa línea, el último 3 de junio (Ni Una Menos) también se amplió el espacio de asamblea para incorporar a sectores como los jubilados, en una consigna que hoy sintetiza el momento histórico.
Frente al aumento de la violencia política, las sindicalistas feministas también se organizan para dar respuesta. Tras la detención de Kirchner en junio, se expresaron en una asamblea unitaria con referentes políticos para denunciar el atropello a la democracia. Y hoy, ante la judicialización de militantes por participar en protestas, continúan en alerta. “Son nuestras compañeras las que están detenidas”, subraya Gambera. Y con ellas, también está en disputa la libertad de todas.
Salud en peligro: la lucha por el Garrahan y el derecho a cuidar
Entre las luchas más sostenidas y representativas se encuentra la del Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico público del país, cuyxs trabajadorxs protagonizan desde hace meses una batalla ejemplar por la defensa de la salud pública y de sus condiciones laborales. Frente al congelamiento del presupuesto 2025 —que mantiene el mismo monto nominal del año anterior, pese a una inflación acumulada que supera el 117%—, el hospital sufre un vaciamiento progresivo que impacta tanto en los insumos como en los salarios. El deterioro no es abstracto: en lo que va del año, más de 220 profesionales han renunciado ante la imposibilidad de sostener sus tareas en condiciones dignas.
“Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar los procesos de unidad defensiva”.
La situación es especialmente alarmante si se considera el rol estratégico del Garrahan en el sistema de salud argentino: es el hospital de referencia para niños con enfermedades complejas de todo el país. Familias enteras viajan desde las provincias más alejadas para recibir tratamientos y cirugías que no pueden realizarse en sus lugares de origen. El desfinanciamiento del hospital, por tanto, no solo afecta a su personal, sino también a millas de pacientes pediátricos cuya vida y bienestar dependen del acceso a una atención de alta complejidad, gratuita y de calidad.
La respuesta del personal ha sido contundente y creativa: paros escalonados, bicicletas, festivales abiertos a la comunidad, abrazos simbólicos y una convocatoria nacional para marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna de defensor el Garrahan, las Posadas y toda la red de salud pública. Con el acompañamiento de figuras del mundo cultural y una fuerte articulación multisectorial, lxs trabajadorxs del Garrahan insisten en que no defienden solo sus sueldos o sus puestos de trabajo, sino el derecho de toda la sociedad —y en especial de las infancias— a una atención médica de calidad. “Cuando atacaron la universidad pública, fuimos cientos de millas en las calles. Ahora vienen por los hospitales. Nos atacan a todos”, señalan en sus acciones de visibilización.
En este entramado de resistencias, donde se cruzan las luchas sindicales, feministas, territoriales y jubiladas, se expresa una disputa de sentido que va más allá de los números del déficit: se pelea por el presente y el futuro, por el derecho a vivir, a cuidar ya ser cuidados. Y aunque el gobierno persista en su narrativa de “equilibrio fiscal” a costa de la vida, en las calles argentinas se sigue ensayando otra política: la de los vínculos, la dignidad y la persistencia.
Lxs jubiladxs, nueva “casta” del ajuste
Durante su campaña presidencial, Javier Milei prometió terminar con los privilegios de “la casta política”. Sin embargo, en la práctica, quienes están cargando con el peso del ajuste fiscal no son lxs funcionarixs ni los grandes empresarios, sino los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre ellos, lxs jubiladxs ocupan un lugar central. En nombre del “equilibrio de las cuentas públicas”, el gobierno ha recortado ingresos, eliminado medicamentos esenciales, y desmantelado políticas de protección para las personas mayores, convirtiéndolas en variable de ajuste de su programa económico.
En julio de 2025, el Congreso argentino aprobó una ley para recomponer parcialmente los haberes jubilatorios: un aumento del 7,2%, que representa apenas US$20, y la elevación del bono mensual de emergencia de 70.000 a 110.000 pesos (aproximadamente US$92), con actualización automática por inflación. Hoy, incluso con el bono incluido, la gran mayoría de lxs jubiladxs no perciben más de 379.000 pesos mensuales, es decir, unos US$320 al tipo de cambio oficial. Pero lejos de celebrar la medida, el presidente Milei la definió como “un acto de desesperación” por parte de la clase política, anunció que vetará la ley, y amenazó con judicializarla si su veto es rechazado. El argumento: ese aumento “rompe el equilibrio fiscal”. Para el gobierno, garantizar que un jubilado no caiga por debajo de la línea de indigencia representaría una amenaza mayor que mantendrá en la pobreza.
Frente a este escenario, surgieron reacciones espontáneas y organizadas en todo el país. Una de ellas tuvo lugar en Catamarca, cuando tres militantes históricos —sobrevivientes de la represión de los años setenta— salieron a la plaza con un cartel de repudio tras conocerse el veto a un aumento anterior de apenas 17.000 pesos. Entre ellos estaba Emperatriz “Monena” Márquez, ex presa política y defensora de los derechos humanos. “Era como un caramelo por día”, recuerda a Truthdig, indignada. Esa pequeña acción fue grabada por una joven que pasaba por el lugar. El video se viralizó y fue el inicio de una movilización que hoy continúa cada semana en diversas provincias, en articulación con otras luchas populares.
Para Márquez, la lucha actual no es solo por los derechos de quienes hoy cobran una jubilación, sino también por las generaciones futuras: “Luchamos por nosotros y por los que vendrán”. Señala con claridad cómo el retroceso actual afecta sobre todo a quienes trabajan en condiciones precarias: amas de casa, trabajadores rurales, personas que no pudieron hacer aportes regulares. La eliminación de la moratoria provisional significa para muchas de ellas quedar completamente fuera del sistema.
Más allá del impacto económico, Márquez destaca la dimensión política y simbólica del vaciamiento estatal: “Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra. Nos considera una carga, un descarte”. Sin embargo, subraya también el papel activo del colectivo jubilado: lejos de la imagen pasiva o resignada, muchas personas mayores siguen participando, organizando, proponiendo.
“Queremos seguir viviendo con dignidad, tener una vida plena, y también una muerte digna. Por eso luchamos”, afirma. Entre sus demandas están el acceso real a medicamentos, el fortalecimiento del PAMI (obra social de jubilados), la devolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a la seguridad social, y el desarrollo de viviendas colectivas para personas mayores en situación de soledad o vulnerabilidad.
La economía del despojo: cuando el ajuste se dirige contra la vida
El modelo impulsado por Milei no puede entenderse sólo como un programa de ajuste. Es, sobre todo, una reacción política al avance de los feminismos y los derechos conquistados en la última década. La economista Candelaria Botto lo plantea con claridad: “El surgimiento y crecimiento de Milei en la Argentina se da en oposición a la marea feminista, a los movimientos feministas. Él se presenta por primera vez en 2021 como reacción justamente a todo el crecimiento que tenían los movimientos feministas y también a un gobierno que tenía, al menos en la narrativa, un discurso feminista o de inclusión. Se sustenta sobre eso”. En ese marco, no sorprende que una de las primeras decisiones de su gobierno haya sido desmantelar las políticas de género y eliminar los organismos institucionales que las sostenían.
Sin embargo, Botto subraya que este vaciamiento no se limita a la cuestión de género: “Su modelo económico es un modelo de reducción en los servicios públicos, de empeoramiento en la calidad y en la cantidad de servicios relacionados a la salud, al mundo de la educación —sobre todas las universidades— y también a las jubilaciones, en el sentido de licuar e incluso de eliminar la moratoria para nuevos jubilados y jubiladas”.
Este rediseño del Estado no tiene como objetivo reducir el déficit, sino reorientar el gasto: “No quiero decir un sesgo de ajuste fiscal, porque no es solo eso. Estamos en un año donde se achican estas prestaciones públicas pero crece el pago en intereses de la deuda. Entonces, no es simplemente achicar el gasto público sino reorientarlo, donde los servicios públicos quedan obvios como los primeros recortados”.
“Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borrachos”.
En esta lógica, el bienestar colectivo deja de ser una prioridad. El acceso a la salud, a la educación ya una vejez digna se convierte en un privilegio, mientras los recursos del Estado se destinan a garantizar ganancias financieras y sostener privilegios de los sectores más ricos. En este punto, la economista señala un rasgo que Milei comparte con otros gobiernos de extrema derecha: “Comparten una agenda que tiene que ver con la reducción de los impuestos a los ultra ricos, a las personas con más ingresos. En Argentina se dio con esta baja de Bienes Personales y en Estados Unidos también avanza con este tipo de iniciativas”.
Las diferencias entre Milei y Donald Trump en materia de política exterior son evidentes: “Trump tiene una visión mucho más proteccionista que la de Milei, que es una suerte de revival del Consenso de Washington de los 90”, afirma Botto. Sin embargo, más allá de los matices, ambos expresan un mismo proyecto: el debilitamiento de lo público, la deslegitimación de los derechos colectivos y una narrativa que culpa a los sectores más vulnerables —mujeres, jubilados, migrantes, pobres— de las crisis estructurales.
Frente a un gobierno que promueve el despojo como política de Estado, las calles argentinas se vuelven a ser territorio de disputa y de construcción. En los cuerpos que marchan, en los hospitales que resisten, en las plazas tomadas por jubilados, docentes, trabajadoras y estudiantes, se expresa una voluntad colectiva que no se resigna. No hay épica en la miseria ni virtud en el sufrimiento: lo que está en juego es la posibilidad misma de vivir con dignidad. Y en esa lucha, que no empieza ni termina hoy, se traman vínculos, se recupera la memoria, y se defiende lo que aún no ha sido vencido. Porque mientras existan quienes resisten, también seguirán existiendo futuro.
Como afirma la sindicalista Gambera: “unir las luchas es la tarea”. Y esa tarea ya está en marcha, articulando generaciones, territorios y demandas diversas que convergen en la defensa de lo común. En esa línea, Márquez, ex presa política y referente de derechos humanos, lo resume con claridad: “Nuestra lucha es también por todos aquellos que un día serán jubilados. Porque estos derechos han costado vidas. Ningún derecho se ha conseguido sin pelea”. En sus palabras, y en los cuerpos que no se rinden, se cifra la promesa de un porvenir más justo.
* Nota publicada originalmente en Truthdig.com