Por Catalina Arca. Marisa Ibáñez es una joven con discapacidad intelectual que pide la nulidad de la resolución judicial que la separaría definitivamente de su hijo. La lucha de una madre a quien vulneran derechos por ser mujer, pobre y tener una discapacidad.
La vida de Marisa Ibáñez se transformó desde el momento en que supo que iba a ser madre, hace dos años atrás. Su pequeño hijo nació antes de lo previsto, situación que preocupó a su padre. La inquietud llegó a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente el Juzgado de primera instancia Nº 10; institución que dispuso que el bebé estaría mejor si viviera en un hogar antes que con su madre, quien tiene una discapacidad intelectual.
Con el asesoramiento legal de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDi) y el patrocinio jurídico en etapa de apelación de la Dra. Marcela Fijtman, Marisa exige la nulidad de la resolución que permitiría que su hijo sea dado en adopción. En la actualidad, el expediente se encuentra en la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones esperando ser resuelto.
Al momento en que Marisa fue notificada sobre la audiencia por la tenencia de su hijo, la joven tenía un patrocinio letrado que la representaba en instancias judiciales. Sin embargo, en diciembre del año pasado, cuando recurrió a la sala que intervino en la decisión judicial fue sola y “de alguna manera la convencieron de que el nene estaría mejor con otra familia, es ahí cuando ella termina firmando (los papeles)” explicó Verónica Gonzalez Bonet, integrante de REDi y columnista sobre mujeres y discapacidad en el noticiero Visión 7, de la TV Pública.
Tras conocerse esta situación en la escuela de formación laboral donde asiste Marisa, dan aviso a la red, que interviene con su abogada “que asume el patrocinio letrado de la joven, apela la medida y aparte cuestiona esta audiencia donde ella acude sin representación legal”, dando marcha atrás a todo el proceso.
Las trabas que pone la justicia para ejercer la maternidad
Desde que su hijo se encuentra en el hogar, Marisa ha hecho todo lo posible para estar con él pese a las distancias geográficas que los dividen (ella vive en capital, él en provincia) y las barreras judiciales que le han puesto en el camino. Desde un hogar maternal para que adquiera hábitos de higiene y cuidado hacia su bebé sin su bebé hasta el trazado de un plan de vida a corto plazo -que si se incumplía era motivo para dictar el abandono moral y material de la persona- fueron algunos de los angustiosos obstáculos que debió esquivar la joven madre para demostrar la enorme necesidad de volver junto a su pequeño.
“Una construye un vínculo con ese bebé durante todo el embarazo, el bebé nace con todas las expectativas, después te lo sacan (…) hasta le había comprando el cochecito y nunca lo usó”. De esta manera, González Bonet graficó parte de la situación por la que está atravesando Marisa.
Los derechos que no se cumplen
Como explica el comunicado que difundió REDi, privar a una persona con discapacidad del “derecho a formar una familia” o denegarle los “apoyos necesarios para el ejercicio de la maternidad” constituye una violación de derechos humanos que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino conforme el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley 26.378.
Por otro lado, privar a un niño o niña del derecho a ser criado/a por su familia biológica por falta de recursos económicos, físicos y de políticas también está prohibido por el artículo 40 de la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
“Ella tiene derecho a tener apoyos para el ejercicio de la maternidad así como los tienen muchas personas con discapacidad, ese tendría que haber sido el objetivo del juzgado y darle los apoyos y no juzgarla a ella (…) en toda la resolución consta que tiene una discapacidad, que es pobre, que no puede” denunció González Bonet.
Pese a la dureza y la desolación del proceso, Marisa nunca dudó en bajar los brazos. “Ella es plenamente consciente de esta situación y lo más grave es que hay muchas mamás en esta situación. Marisa tuvo la suerte de tener un patrocinio letrado y una organización detrás que la sostenga y acompañe”, concluyó Gonzalez Bonet. Si todo sale bien y Marisa consigue que su hijo vuelva a su casa será un desafío complejo -tras dos años de distancias impuestas- pero no imposible de alcanzar.
*Columnista sobre mujeres y discapacidad en el noticiero de Visión 7, de la TV Pública