Créditos: Colectivo Manifiesto
Por Mauricio Díaz y Lucrecia Fernández, desde Córdoba. El 11 de junio se aprobó la polémica y cuestionada Ley de Ambiente. Los manifestantes fueron detenidos en una prisión de máxima seguridad durante casi una semana. ¿Cómo sigue la provincia donde triunfó Monsanto?
Hace dos semanas estaba estipulado que se trate y sancione en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la nueva Ley de Ambiente (13.428). Unión por Córdoba, el oficialismo provincial, tenía solamente el apoyo de la UCR, quienes apoyan hace tiempo la instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Parte de los argumentos, residen en sacar del ojo de la tormenta, al intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, ya que la ley dice que dependerá del poder legislativo provincial y no de cada municipio. Aun así, al oficialismo provincial no le alcanzó para aprobar esta ley y fue necesario dilatarla durante semanas hasta conseguir el apoyo de otros bloques.
¿Qué significa la aprobación de esta ley?
La nueva Ley de Ambiente, provocó la reacción de las organizaciones sociales, ambientales y políticas cordobesas entorno a la intención de Monsanto de instalarse en Malvinas Argentinas. Quienes además viven con preocupación la represión que a partir de los conflictos ambientales en la provincia, despliegan fuertes niveles de violencia que se reflejaron en el último año: 4 episodios en menos de un año de acampe.
En los medios locales, principalmente en el diario de mayor tirada, La Voz del Interior, se denominó a la nueva legislación como “Ley de Convivencia”. A mediados de marzo cuando se presentó la iniciativa, tuvo como objetivo el debate en el seno de la sociedad. Así fue que tuvo varias modificaciones promovidas por la oposición y organizaciones sociales. Se incluyó la obligatoriedad a la consulta popular y a las asambleas informativas, entre las modificaciones más relevantes. Sin embargo, una de cal y otra de arena, los avances resultaron solamente en espejismos ya que estas condiciones de instalación solo rigen para proyectos que se consideren de gran impacto ambiental. El problema reside entonces en quién va a definir cuál proyecto conlleva un gran impacto ambiental: la Autoridad de aplicación, o sea el Ejecutivo Provincial.
Un comunicado emitido por la Asamblea Malvinas Lucha por La Vida (AMLV), muestra a las claras algunos de los puntos donde reside la preocupación sobre tal legislación. “Advertimos una excesiva concentración de poder en manos de la autoridad de aplicación, lo cual genera la más grande desconfianza. Más aun teniendo en cuenta que todavía falta la reglamentación de la Ley y la gran cantidad de verbos en potencial (“podría”, “habría”) y expresiones poco claras (“cuando correspondiese”). La Participación Ciudadana depende siempre de la palabra de la autoridad de aplicación. Y, aunque se plantea en el texto de la Ley, la Consulta Popular no es vinculante”, señala la organización. Dicho documento pone el foco en que aun siendo obligatoria la consulta popular, la última palabra la tiene siempre la Autoridad de Aplicación, o sea el Ejecutivo Provincial, es decir quien hasta el momento avanzó en el agronegocio por sobre los intereses y demandas de la población, Juan Manuel De la Sota.
El concepto de “uso del suelo” también cambia, por ejemplo, sobre terrenos que solo estaban considerados para siembra, a partir de la ley son incluídos también para desarrollo e instalación de industrias. El predio donde se quiere instalar la planta de Monsanto, en Malvinas Argentinas, es un ejemplo de un suelo que sólo estaba habilitado sólo para la siembra.
Para darse una idea de la manipulación que el gobierno Provincial hace sobre la opinión pública, basta escuchar a De la Sota en una entrevista televisiva de esta semana. Cuando fue preguntado sobre Monsanto, le aclaró a los cordobeses que no tengan miedo a este tipo de industrias, ya que por la actividad de esta planta, “no se realizarían fumigaciones”. Claro, sería el colmo que se fumigue de manera aérea una planta de acopio y selección de granos. Lo que omite el gobernador, es que Monsanto no aclaró en el último informe de impacto ambiental, que hará con los desechos químicos utilizados para la modificación genética de las semillas.
En el marco de un análisis político y más allá de la presentación y aprobación del proyecto por parte del oficialismo provincial; la UCR apoyó desde un inicio pero le faltaban votos. Así, el tercer bloque en apoyar fue el Frente Cívico (el juecismo) que hasta la semana anterior pensaba diferente. Sin embargo, los poderes se unieron y el miércoles 11 de junio, se terminó aprobando la nueva Ley de Ambiente. Legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre ellos Liliana Olivero, denunció un acuerdo que por ahora es solo político, pero que sorprendió a más de uno.
A partir de aquí hay algo que ni delasotistas, ni radicales o juecistas pueden responder. Durante meses se dijo que Monsanto no podía instalarse por el rechazo de su informe de impacto ambiental. Pero llegó el rumor de que la empresa presentaría un nuevo informe en el mes de julio. El mismo quedaría enmarcado en esta nueva Ley, ergo en vez de denominarla “Ley de Convivencia”, se está hablando de la “Ley Monsanto”.
La represión de los intereses económicos y políticos
Cuando se debatía la Ley en el recinto, organizaciones sociales, políticas y ambientales, sufrieron la brutal represión con camiones hidrantes, infantería, el ETER, y policía local. Los manifestantes fueron cercados en las intersecciones de Obispo Trejo y Dean Funes, en el centro de Córdoba. Con disparos de balas de goma, la infantería comenzó a avanzar armados de escudos y cascos sobre los manifestantes que dejó como saldo 26 detenidos y cerca de 12 heridos.
Las imágenes que documentaron los episodios demostraron que los detenidos fueron marcados ya que muchos fueron apresados a varias cuadras del lugar o cuando ya estaban regresando de la jornada, incluso hubo varios detenidos que no eran parte de la movilización, como el caso de un joven con discapacidad que estaba comprando su medicación y termino preso y con el tabique fisurado.
De los 26 detenidos, solo a 3 se le ordenó la libertad ese mismo miércoles. Los 23 restantes fueron trasladados a Bowuer, un penal de máxima seguridad a las afuera de la Ciudad y liberados a través de los reclamos de manifestantes y abogados. Los 2 últimos detenidos, fueron liberados recién el martes 17 de junio, casi 7 días después, por cargos excarcelables. La fiscalía a cargo no pudo explicar porque se tomó tal medida sin precedentes, así como tampoco el haberles tomado indagatoria ése lunes a los detenidos que aún se encontraban a cargo de la justicia.
La aprobación de la “Ley Monsanto” dejó un saldo de 23 manifestantes con causas penales abiertas, además del repudio de organizaciones ambientales que fue desestimado, y el accionar de la policía, de la justicia, y del gobierno provincial en connivencia con el avance de los poderes económicos trasnacionales por sobre la soberanía y la democracia del pueblo argentino. El traslado de los detenidos a un penal junto a presos comunes en pabellones separados, e incomunicados entre sí hablan a las claras no sólo del avance de la criminalización de la protesta social en Córdoba sino también de los intereses que Monsanto mueve tras los hilos del delasotismo.