Presentada un 28 de mayo, día de acción por la salud de las mujeres, la Red de Profesionales de la Salud es un colectivo conformado para el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Por Redacción Marcha
Desde que el aborto y la salud son derechos, que el compromiso responsable de las, les y los profesionales es fundamental en la lucha social por el reconocimiento de la libertad reproductiva. Es además, una conjunción amorosa para la creación de una comunidad entre quienes atienden y quienes esperan salud allí donde el Estado -otra vez- no responde. Un lienzo verde que contiene ante la incesante pregunta.
Desde el 28 de mayo de 2015, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir garantiza la universalización del acceso a la salud sexual y reproductiva. Surgida como una de las estrategias principales dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina cuenta con miles de trabajadorxs que protegen desde diferentes territorios la vigencia de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 tras un debate social y parlamentario histórico.
Son quienes garantizan derechos allí donde abortar fue primero clandestino, lucha política de multitudes después y hoy es ley. También deseo, alivio, proyecto y -porqué no-, esperanza de un futuro feminista. Este 28 de septiembre, recuperamos la historia, los fundamentos, los objetivos y reflexionamos sobre la Red junto a tres integrantes: Anita, Juli y Moro, trabajadoras de la salud en Córdoba, Buenos Aires y Río Negro.
Un pacto y el camino a la Ley
Era 2015 cuando las feministas ya narraban con las palabras que empujaron luego -en 2018 primero y en 2020 después-, a la sociedad y al Estado a acompañar el reclamo por el aborto legal y a ejercer su responsabilidad. “No somos amigables, garantizamos derechos”, decían refiriéndose a la libertad reproductiva y a la triple consigna que embanderaba plazas, actividades y nuestros cuerpos: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
La crueldad ya asomaba. El Ministerio de Salud había sido degradado a secretaría y el recorte presupuestario era una decisión política para mantener el aborto al lado del castigo. “Las muertes, las secuelas físicas, el sufrimiento subjetivo que tienen que atravesar las mujeres en situación de aborto inseguro son una deuda de la democracia que las y los profesionales de la salud podemos ayudar a saldar”, decía entonces Analía Bruno, médica, educadora popular e impulsora de la creación de la Red.
Fue cuando trabajadoras sociales, médicxs generalistas, residentes de medicina general, psicólogas, ginecologxs y obstétras acordaron que apoyarían la sanción de la Ley que permitiera la interrupción voluntaria del embarazo; y a la vez, hacer valer el marco legal que les permitía realizar consejerías pre y post aborto y proveer interrupciones legales del embarazo según causales, tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria de la salud. Y así comenzaron a trabajar en la unificación de criterios y en capacitaciones en todo el territorio argentino.
“El principal obstáculo dentro de la profesión médica rumbo al respeto de los derechos sexuales y reproductivos y del entendimiento del aborto como un derecho de las mujeres es el sistema político y social que denominamos patriarcado y que atraviesa la formación y la práctica”, sostuvo Bruno. Y agregaba: “Iniciativas como esta Red, que fomentan los intercambios entre profesionales para que no estén solxs, que organiza los primeros niveles de atención y que fortalece una mirada comunitaria de la salud, son para tener esperanzas en el cambio”. Y tenía un punto.
En el primer encuentro de la Red, realizado en una carpa frente al Congreso de la Nación, participaron alrededor de 80 profesionales de la salud, en su gran mayoría del primer nivel de atención, de Jujuy, Córdoba, Neuquén, Cipolletti, Santa Rosa, Rosario, La Plata, Chivilcoy, Lanús, Tigre, José León Suarez, González Catan, La Matanza, Caseros, Morón, Moreno, Hurlingham, Tres de Febrero, Laferrere y de la Ciudad de Buenos Aires.
“La Red surge como una estrategia de la Campaña de construir la Ley dentro del sistema de salud”, recuerda Julieta Bazán, médica generalista de la provincia de Buenos Aires. “Éramos muchas las que veníamos trabajando la temática de manera aislada, y el lanzamiento de la Red fue un puntapié para ponernos en el mapa y dejar de trabajar solas; sacar nuestras propias prácticas de la clandestinidad para visibilizar que estábamos garantizando con el marco legal que había en ese momento, el acceso a la interrupción legal del embarazo dentro del sistema de salud”.
Encontrarse permitió a quienes pensaron y comenzaron a integrar la Red, construir un abrazo fundamental: armar un recursero a nivel nacional donde las personas pudieran buscar por cercanía a sus hogares dónde acceder a espacios donde recibir información y dónde iban a garantizarles un acompañamiento amoroso, respetuoso y feminista en sus consultas.
“Acababa de terminar la carrera de Medicina”, retoma Juli rememorando el camino que la llevó a ser activista, “formaba parte de una organización social que tenía trabajo territorial en la salud sexual integral, y desde ahí formaba parte de una red de consejerías”. Trae a recuerdo el máximo aporte de la Red: “discutir primero dentro del sistema de salud y poner ese poder de fundamentación como un argumento a favor de la Ley”.
Para Julieta, “hablar de lo que generan los abortos inseguros, y de que sus consecuencias son evitables con políticas públicas, era necesario”; ya que “en salud, si hay algo que puede evitar un daño mayor, por principio hay que hacerlo. Entonces, los abortos inseguros eran evitables, y dar la discusión permitió contar la gravedad que se estaba sufriendo en guardias y servicios de internación a partir del estigma social: las personas eran maltratadas, no recibidas o no se les brindaba atención de calidad”.
Para la médica, fue fundamental dar cuenta de la gravedad de lo que acontecía en el sistema de salud para pretender transformarlo y pensar en adelante “qué son los abortos feministas”. Y nos trae otro argumento, el gasto de los abortos inseguros para la salud pública. “Es más barato brindar un aborto seguro y de calidad -ambulatorio o con medicación o con AMEU para las interrupciones de menos de 13 semanas-, que las consecuencias de los abortos inseguros que contemplan días de la guardia, la cama de internación o un quirófano si es que se necesita”, asegura Julieta y amplía que “la mirada sanitaria en el proceso de legalización del aborto en Argentina viene a poner sobre la mesa estos argumentos y se suman a otros que ya se venían discutiendo como el derecho a la autonomía y a la salud sexual como un derecho humano”.
Desafíos para un futuro feminista
Quienes integran la Red coinciden en que a pesar del contexto social y los costos personales -que también son políticos-, es necesario sostener la colectividad creada durante estos años. Y esto es porque vislumbran ampliar sus horizontes. “La atención del aborto es un modelo que cambia el eje y rompe con la hegemonía médica porque abona la autonomía de la persona que consulta para ejercer su derecho a decidir”, sostiene Anita y sigue: “Lo ideal sería que pudiéramos proponer que ese modelo de atención se traslade a todas las prácticas del equipo de salud, a los controles de embarazo, de las niñas y los niños, de las adolescentes, de las personas hipertensas porque es un modelo revolucionario”.
La visión de salud integral que promueven las redes feministas se contrapone a la mirada fragmentada que estimula la mercantilización de la salud. Solo en la provincia de Córdoba son más de 150 les profesionales de la salud que garantizan el acceso al aborto. “Los avances feministas son una expresión de más derechos, de más conquistas, de mayor igualdad, equidad en el acceso a la salud, pero son también el requerimiento de un Estado presente para garantizar estas condiciones”.
| En 2021, 2022 y 2023 fueron 245.732 personas quienes decidieron interrumpir el embarazo a nivel nacional. Solo en Buenos Aires, el 90% de las IVE fueron garantizadas en el primer nivel de atención, o sea, en los centros de salud más cercanos. |
“Nos fuimos construyendo frente a los distintos modelos de atención posicionándonos en contra de este modelo médico hegemónico que es paternalista, mercantilista y expulsivo, para ponernos en un rol de profesionales de acompañar los procesos que tengan que ver con los ciclos vitales o con los procesos salud, enfermedad, cuidado. Las personas son protagonistas de su vida y nuestro rol es acompañar desde nuestros saberes lo que vayan eligiendo”, define Juli, “si bien la Red surge para discutir qué está pasando con la salud sexual, también nos hizo pensar en el modelo de salud en general y en cómo todas las prácticas deben ser acompañadas desde una mirada integral, interdisciplinaria”.
“Los abortos feministas tienen que ver con una atención integral y que la persona pueda compartir lo que desea en esa consulta. Se hacen con transparencia activa, a partir de lo que ella trae, se le brinda toda la información atendiendo el intercambio cultural con el equipo de salud y se realiza un abordaje del aborto con el tratamiento del dolor adecuado ya que cada persona es diferente”, referencia Bazán. “Un aborto feminista es un aborto sin dolor. Nos preocupa que la persona se vaya de la consulta con más herramientas y pueda reconectar en adelante con su salud sexual. Entendemos que cada situación de aborto es tan distinta como cada persona que viene a consultar y es importante un acompañamiento integral para que cada quien pueda ejercer su autonomia y decisiones”.
| Garantizar la IVE en los centros de salud redujo enormemente el costo del Estado por complicaciones de abortos inseguros -que requieren quirófano camas para internación, etc-. Abortar es un derecho y hacerlo en forma segura es y debe ser gratuito. Por eso la práctica también se garantiza en obras sociales y prepagas. |
Tras la sanción de la Ley 27.610, el Estado nacional y sus pares provinciales y municipales comenzaron a cuentagotas, a regañadientes y con presupuestos escasos a modificar sus institucionalidades para garantizar lo que la norma obliga en todo el territorio con cumplimiento efectivo e inmediato. La normativa feminista acompañó ese inicio que significó un cambio de paradigma regional; y el 0800 salud sexual se popularizó, una línea telefónica creada por una feminista en el Estado para brindar derecho a la información. Allí llegaron y llegan miles de mensajes de consulta, más cuando se logró que del aborto se hable en todos lados.
En la provincia de Buenos Aires, la más densamente poblada del país, los abortos son garantizados y promocionados como un derecho bajo el paradigma de acceso universal a la salud. Sus profesionales de la salud fueron capacitadxs durante estos años y la atención fue protocolizada. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir fue reconocida por el Estado nacional y sus saberes fueron valorados. En otros territorios, conservadores, el poder político es cómplice de las organizaciones antiderechos y de la persecución judicial a médicas; también intentan mediante diferentes estrategias entorpecer el cumplimiento de la Ley que provocó lo esperable: autonomía, decisión y cero muertes de mujeres.
“Una vez que logramos la Ley, la Red fue cobrando otros sentidos: seguimos pensando cómo fortalecer la cohesión como trabajadorxs”, sostiene Moro, trabajadora social en Cipolletti Río Negro. “La Red es un espacio de reciprocidad, de activismo hacia afuera pero también para mejorar nuestra vida laboral y personal dentro de la salud pública”.
Cuenta que en estos ocho años, “nos organizamos a través de un espacio federal que tiene la complejidad de cuidar y escuchar la actualidad de los derechos en todos los territorios del país que es inmenso y diverso”. Moro es profesional y atiende en la Patagonia argentina. “Se intenta la representatividad de todas las regionales y una vez que logramos que estén todas esas voces, surge la discusión política en base a los objetivos acordados: el acceso al aborto legal, seguro y gratuito; y la garantía del acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, caracteriza.
| Los embarazos en adolescentes (10 a 19 años) bajaron un 38% por la implementación de la ley y por la aplicación del Plan Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). En números, en el año 2019 hubo 69.803 nacimientos de adolescentes de 15 a 19 años; mientras que en el 2020, 51.967 y en 2021, 46.236. |
“Para los años que vienen tenemos varios objetivos; por un lado, la implementación en todo el país de la Ley, que haya equipos en todos lados”, proyecta Juli, “si bien la 27.610 se pudo implementar rápidamente en todas las provincias, todavía falta llegar a todas las ciudades, los pueblos y es también importante que en centros de salud y hospitales donde se garantice se haga de manera respetuosa y amorosa”. También alerta sobre la violencia obstétrica en los hospitales y propone que es una problemática a combatir “con capacitaciones y decisiones políticas que puedan marcar la línea de cómo debe ser el modelo de atención”.
“Una política de la Red es cuidarnos”, dice Juli, ya que además de luchar por la Ley, definieron seguir acompañando a profesionales que se encuentran garantizando abortos “en soledad” y en contextos hostiles. Además, otro de los objetivos es popularizar las AMEU (aspiración manual endouterina) para que sea una opción al momento de que les profesionales puedan garantizar el derecho al aborto. Para esto, brindan capacitaciones a colegas para masificar la práctica pero lo hacen desde el activismo. “Todo lo que podíamos dialogar con el Ministerio de Salud de Nación está cortado”, introduce Juli, “hay un interés particular en que no se garanticen los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos”.
| La implementación de la ley de IVE reduce las inequidades en salud, de género y socioeconómicas porque mejora el acceso a los derechos de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, en especial de los sectores más vulnerables. |
“Sueño con un futuro feminista pero lo imagino difícil”, sostiene Anita y agrega sin embargo que, “aunque parezca que en estos momentos hay ciertos retrocesos, no es así” ya que “hemos generado una solidez en prácticas feministas muy importante aunque tenemos que hacer una apuesta en los ámbitos educativos, donde están les jóvenes, las niñeces”.
A pesar de la revolución cultural construida por los feminismos durante los años de debate social, “hablar de aborto en territorios más conservadores aún significa mucho estigma, discriminación, el señalamiento o poner en riesgo puestos laborales”, sostiene Moro.
Para Juli el futuro está en generar equipos de atención interseccionales y para el colectivo LGBT+ ya que son poblaciones que históricamente quedan por fuera del sistema de salud. “En este contexto político tomamos la decisión de visibilizarnos más, que se sepa que acá estamos, que cuentan con nosotres. Nuestra Red está formada por profesionales de distintas identidades, somos diversas; desde ese lugar nos posicionamos y desde allí vamos a seguir garantizando todos los derechos sexuales”.
En mayo de 2024, en la plenaria de la Red que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron representadas trabajadoras de la salud de 21 de las 24 provincias o jurisdicciones del país. Allí resolvieron trabajar en la ampliación de la mirada y la realización de capacitaciones para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de lesbianas, intersex, travestis, trans y no binaries. Un compromiso amoroso para enfrentar la aventura antiderechos y para seguir fortaleciendo las estrategias feministas.
Este trabajo fue realizado por medio de la Beca Zarelia- Poder Elegir, impulsada por Fundación El Churo, Festival Zarelia, Wambra Medio Comunitario, con el apoyo del proyecto Poder Elegir de Oxfam en Latinoamérica y Asuntos Mundiales Canadá.