El mes de julio se despidió con la noticia sobre las intenciones de YPF, en conjunto con la petrolera estatal malaya Petronas, de instalar una planta de exportación de gas natural licuado (GNL) en la localidad de Punta Colorada, en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro.
Por Juan Antonio Acacio* y Gabriela Wyczykier ** | Foto: Carolina Blumenkranc (@kitiblumenkranc)
Sobre este tema trascendieron las disputas entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, debido a que esta última contaba con la posibilidad de desarrollar la infraestructura en la ciudad de Bahía Blanca. Las denuncias de Axel Kicillof fueron taxativas: la decisión de desarrollar el proyecto en Río Negro es un castigo del presidente Javier Milei hacía el gobernador por no haber adherido al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El ejecutivo nacional sostuvo que distintas cuestiones técnicas hacían de Punta Colorada un mejor destino para la instalación de la planta de GNL. Sin embargo, en aquella orquesta de voces a favor y en contra de la instalación de esta planta en las costas de Río Negro, es preciso darle lugar a las voces de quienes habitan las costas de esa provincia. Esto se debe a que a lo largo de ese territorio se han gestado resistencias históricas que se oponen a la ampliación en el mar de las infraestructuras vinculadas a la actividad hidrocarburífera no convencional provenientes de Vaca Muerta.
Las advertencias de las comunidades costeras frente al avance del extractivismo fósil
El Golfo San Matías constituye un espacio privilegiado de naturaleza y playas de disfrute turístico. Cuenta con cinco áreas marinas protegidas, donde anidan especies de aves migratorias que lo vuelven un lugar ideal para la investigación científica y para aficionados a la observación de estos animales. El agua de sus golfos se encuentra libre de hidrocarburos y es lugar de veraneo predilecto de la población que aprovecha sus playas.
El ecosistema del golfo, lindante a la Península Valdés, es lugar de alimentación, reproducción y cría de la ballena franca austral, mamífero carismático de gran porte, declarado patrimonio natural de la Argentina. Además de la ballena franca austral, también pueden encontrarse allí lobos marinos, delfines, orcas y pingüinos. La región zona posee recursos pesqueros de relevancia para la economía local y provincial y es también un área de relevancia habitada y transitada por las comunidades mapuche-tehuelche, que reclaman la realización de procesos de consulta para diversos proyectos extractivos que se han querido instalar en la zona, como los vinculados a los proyectos de hidrógeno verde.
La iniciativa para instalar una planta de licuefacción de gas natural no es el primer proyecto vinculado al sector hidrocarburífero que busca abrirse paso en las costas del golfo. Ciertamente, el camino recorrido por las comunidades costeras de la provincia que se oponen a la instalación de este tipo de infraestructura tiene casi tres décadas de vida.
Los inicios de la resistencia
La resistencia de las comunidades a la actividad hidrocarburífera en la costa del Golfo San Matías se inició en el año 1995, en el marco de crecientes rumores sobre las intenciones de YPF S.A. de construir allí un oleoducto. La empresa, en ese entonces privatizada, buscaba comunicar los pozos de hidrocarburos de Puesto Hernández, en la localidad neuquina de Rincón de los Sauces, con la costa del Golfo San Matías, para poder exportar hidrocarburos. La posibilidad de avanzar con este proyecto se encontró en ese entonces con un proceso de organización de la ciudadanía local, donde tuvieron protagonismo sectores científicos del campo de la biología, considerando sus conocimientos en el estudio de los recursos pesqueros y de los ecosistemas marinos del golfo. El objetivo colectivo era el de alertar sobre los impactos que este tipo de infraestructuras podría tener no sólo en la vida marina, sino también en la pesca y en el turismo, que en ese entonces había comenzado a crecer y a cobrar relevancia para las
localidades costeras de la región.
La movilización de la comunidad implicó también a sectores políticos y legislativos que observaban con cautela la posibilidad de que una empresa privada irrumpiera con proyectos que podrían ocasionar cambios irreversibles en las localidades y los territorios de la provincia de Río Negro. Luego de una juntada de firmas entregadas al presidente de la nación Carlos Menem, y con la sanción de la ley provincial n° 2.892, quedó vetada cualquier tipo de iniciativas de construcción de infraestructura hidrocarburífera en la costa rionegrina. La movilización dejó una marca en la memoria de las comunidades así como también estableció una red de actores y un acumulado de conocimientos para hacer frente a este tipo de procesos.
La lucha continua
La disputa por la construcción de estas infraestructuras tuvo un breve periodo de paz, que se interrumpió en el año 1999, al renovarse las intenciones de YPF S.A de concretar las infraestructuras necesarias para la exportación de hidrocarburos. Una vez más, la población, en conjunto con científicos y el apoyo de un grupo de legisladores, se movilizó contra la construcción del oleoducto y de las estructuras portuarias necesarias para la venta de petróleo al exterior.
Como resultado de estas movilizaciones, en julio de 1999 se sancionó una nueva ley provincial, la n° 3.308. Con ello, quedaban protegidas las costas del Golfo San Matías de la actividad hidrocarburífera, prohibiendo no sólo la construcción de infraestructuras hidrocarburíferas, sino que extendía la prohibición de toda actividad vinculada a la exploración y explotación de hidrocarburos en el golfo.
Un nuevo ciclo de disputas
Transcurridas dos décadas de sancionada la ley 3.308 el conflicto volvió a emerger. En el año 2022, YPF, aún sociedad anónima pero de mayoría accionaria estatal, anunció la construcción de un gran proyecto de inversión para comunicar Vaca Muerta con las costas del Golfo San Matías, con el objetivo de exportar el petróleo no convencional extraído mediante la controvertida técnica del fracking.
Para allanarle el camino al proyecto, la empresa y el gobierno provincial se propusieron modificar con métodos poco democráticos y extorsivos la ley 3.308 que había sido fruto de la movilización popular. Las comunidades, nuevamente movilizadas, reiteraron la importancia de preservar las aguas y las costas del golfo, su biodiversidad y la preservación de actividades regionales históricas de la costa provincial. Además, los ejes destacados en las críticas de los actores resistentes fueron la falta de transparencia y de información para la ciudadanía, la velocidad con que se tomaron las decisiones, la violación del acuerdo de Escazú, así como del principio de progresividad y el de no regresión en materia ambiental.
La actualidad de los reclamos
A diferencia del momento histórico anterior, en esta ocasión distintos sectores políticos alineados con los poderes provinciales se encargaron de construir, a gran velocidad, un marco legal que habilitara la posibilidad de construcción de la infraestructura petrolera, generando discursos promisorios vinculados a los beneficios -muchas veces no comprobados- que traen consigo estos despliegues de infraestructura, como generación de puestos de trabajo, dinamización comercial y mejoras sustantivas de las condiciones de vida en las localidades.
En contraposición a esos supuestos beneficios, los costos y riesgos de estos proyectos hidrocarburíferos son destacados una y otra vez por los sectores en alerta. Quienes se oponen a su instalación piden que los territorios costeros y oceánicos no sean sacrificados en aquella aspiración de continuar apostando a la consolidación de un sistema energético fósil. Los peligros advertidos décadas atrás no han cambiado. Sectores científicos alertan que la zona donde la actividad hidrocarburífera se llevaría a cabo es más que una zona de paso transitoria de la ballena austral, y se trata de un lugar de alimentación relevante para las poblaciones de cetáceos que habitan y transitan nuestros mares. La información sobre las zonas de alimentación y crianza son trasmitidas de generación en generación, de las ballenas madres a sus crías, lo que ha gestado un sustento científico en torno a la “fidelidad de sitio” que mantienen estas especies. Además, la colisión de ballenas con los barcos debido al aumento del tráfico naval es un tema de preocupación a escala global.
Las probabilidades de ocurrencia de derrames de crudo preocupan enormemente a las comunidades, por sus efectos sobre la fauna, la flora y las costas. Además, en el golfo en particular, la baja circulación e intercambio del agua con el mar abierto generaría que, frente a un derrame o a la posibilidad de vertido de aceites, combustibles e hidrocarburos – todas actividades comunes en cualquier puerto hidrocarburífero- la salida o limpieza del golfo por las corrientes marinas se torne dificultoso. El riesgo al que se sometería a las actividades económicas tradicionales es también un argumento de peso que invocan las comunidades resistentes.
Estos posicionamientos tienen lugar, sin embargo, en un contexto diferente al de los años 90. En la actualidad, actores científicos y organizaciones sociales han avanzado en la sistematización de pruebas que confirman que estamos atravesando una crisis socioecológica y climática planetaria acuciante que requiere de medidas urgentes y mancomunadas a nivel global. Por ello, mientras sectores de las comunidades costeras critican e intentan frenar la instalación del oleoducto Vaca Muerta Sur, las noticias de la construcción de la planta de GNL en Río Negro refuerza la importancia de situar en el centro del debate el modelo de desarrollo energético nacional y regional.
El avance de una industria sumamente contaminante, como la de los hidrocarburos, traería consigo consecuencias drásticas en el Golfo San Matías, que no resultarían menores de instalarse el proyecto en la ciudad de Bahía Blanca. Los riesgos ambientales, ecosistémicos y climáticos que se ciernen sobre los proyectos hidrocarburíferos claman por ser escuchados, debatidos y puestos en un lugar de relevancia sustantiva. Es nada menos que en defensa de la vida, del ambiente y del territorio que resisten, actúan y elevan la voz las comunidades costeras organizadas.
*Becario posdoctoral y docente universitario (Universidad Nacional de La Plata – CONICET)
** Investigadora y docente universitaria (Universidad Nacional de General Sarmiento – CONICET)