En estas líneas buscamos retomar dos dichos de voces oficiales, para problematizar acerca del Estado y lo público, centrándonos en el empleo público, que configura el “brazo operativo” necesario para llevar adelante las políticas públicas, pero a ser “desmembrado”, según el preclaro pensamiento libertario.
Por Ricardo A. Paparás y Matías Calvo Crende * | Foto: RevAcción.
La disputa cultural y de sentidos acerca de la participación del Estado en la sociedad, del valor de lo público y de su contribución al desarrollo nacional, sufrió un nuevo giro pendular en el último tiempo. Cristalizada con el triunfo electoral de la La Libertad Avanza, la visión imperante desde el flamante oficialismo nos ofrece una novedad para un gobierno democrático: la idea del Estado como “organización criminal” que limita las libertades y el desarrollo individual, y que, por lo tanto, debe ser reducido a su mínima expresión o llanamente eliminado.
A partir del 10 de diciembre de 2023, fecha de asunción presidencial, se ha venido sucediendo un conjunto de decisiones, declaraciones, afirmaciones y desmentidas, en la figura del Presidente, sus Ministros y voceros, que han hecho explotar de sobreinformación diaria los medios de comunicación y las redes sociales.
LA ESTABILIDAD DEL TRABAJADOR PÚBLICO
Recientemente el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo en una entrevista por LN+ que no tiene claro cuándo surgió y no le parece lógico que el empleado público tenga una estabilidad de la que carece aquel que se desempeña en el sector privado. Esta declaración, que puede tener eco en más de un desprevenido, supone una evidente intencionalidad más que una pretendida ignorancia.
Ciertamente, quienes trabajan en el ámbito privado formal quedan sujetos a contratos de trabajo que pueden ser rescindidos de forma unilateral por el empleador, dando derecho a una indemnización, lo que se denomina “estabilidad impropia”. En la administración pública, en cambio, rige el principio de “estabilidad propia”, ya que no es posible desprenderse de una persona que reside en planta permanente -es decir, que ingresó por concurso-, sin que exista causa fundada. Lo que parece desconocer el Ministro es que la estabilidad del empleado público ha sido objeto de largos debates desde principios del Siglo XX en el mundo, y que en nuestro país está consagrada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional del año 1957. A raíz de ello, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en sus fallos “Madorrán” y “Ruiz” que, ante aquel despido que carezca de una causa justificada y razonable, corresponde la reinserción del trabajador despedido a su puesto de trabajo, sumando a ello los salarios caídos desde el momento de cesantía y un resarcimiento.
Ahora bien, ¿resulta caprichosa dicha garantía de estabilidad? La respuesta refiere, en primer lugar, a la singularidad de la función pública, que debe asegurar derechos, garantías y hacer cumplir obligaciones, que en ocasiones tensionan la relación política-administración. En el mundo de las empresas, nadie imagina un directivo cuya tarea no esté en consonancia con su política corporativa. En lo público el escenario es más complejo. Un ejemplo de ello es el derecho a ejercer un reclamo, o la obligación de observar la transparencia y publicidad de las compras públicas. Todo ello requiere un arreglo contractual particular para su funcionariado.
En segundo término, las democracias modernas se basan en la alternancia. Es un tópico muy común señalar conductas clientelistas de tal o cual gobierno que hace ingresar al Estado “militantes”, los que, al llegar el Ejecutivo siguiente, son “limpiados” para ser reemplazados por nuevo personal. Esto es exactamente lo que sucedía a fines del Siglo XIX en EE UU, por lo que se instrumentaron prácticas de este estilo de instituciones, en pos de que los políticos no vean al “Estado” como un “botín” a repartir entre sus adherentes una vez ganadas las elecciones.
De esta manera, la estabilidad del empleado público cumple un doble rol: resguardar al trabajador ante el riesgo de ser sancionado o cesanteado frente a decisiones despóticas de la clase política; y proteger a la sociedad contra el deterioro de la función pública.
RADIOGRAFÍA DEL EMPLEO PÚBLICO
En función de lo antedicho, podemos observar que la cuestión de la estabilidad configura un límite necesario y protectorio ante los fines del gobierno y su afán por reducir el aparato estatal. Sin embargo existen caminos alternativos para lograr ese objetivo. En este sentido se produjo el anuncio de Javier Milei durante el Foro Económico Internacional de las Américas, respecto de la no renovación de 70 mil contratos a término existentes en el Estado nacional.
Para tomar noción de la profundidad del ajuste es necesario dar a conocer la composición de la planta de personal de la Administración Pública Nacional. Distintas estimaciones de centros de investigación en políticas públicas y organismos públicos, coinciden en señalar que en nuestro país: 1) No existe más empleo público que privado; 2) 2 de cada 10 personas ocupadas trabajan en instituciones estatales; 3) La mayoría de los trabajadores públicos se concentra en el ámbito subnacional (provincias y municipios).
Gráfico 1. Trabajadoras/es del sector público en % según nivel jurisdiccional
Fuente: CETyD a partir de OEDE-MTEySS (2023)
En este sentido, el ajuste que lleva adelante Milei encuentra su competencia en materia de despidos sólo en la parte del sector público que corresponde al ámbito nacional. Allí, de manera directa y a través de sus Ministros, en la administración centralizada, pero también, a partir de las autoridades designadas por el Presidente, en la administración descentralizada (ANSES, AFIP, CONICET, entre otros), desconcentrada (INDEC, etc.) y en otros entes (INCAA, etc.). También puede afectar a las empresas públicas, a partir de la incidencia en sus Directorios y, en menor medida, a las Universidades Nacionales, ya que estas últimas gozan de autogobierno.
Gráfico 1. Composición de la dotación estimada por estructura organizativa (Febrero de 2024)
Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.
Según los datos del INDEC y la Jefatura de Gabinete, desde que comenzó el Gobierno de Milei en el plano nacional el mayor ajuste acumulado lo sufrió la administración centralizada, que se redujo estimadamente un 7,4% frente a un promedio total del 2,6% de Diciembre 2023 a Febrero 2024. En todos los casos, los principales apuntados han sido los trabajadores con contratos sin estabilidad, pero también personal concursado entre 2022 y 2023, con el argumento de que dichos concursos fueron realizados de forma irregular.
Tabla 2. Evolución de la estructura organizativa del sector público nacional
| Estructura organizativa | Dotación total | |||
| dic-23 | ene-24 | feb-24 | Variación estimadaFeb-Dic | |
| Total (*) | 341.477 | 333.797 | 332.690 | -2,6% |
| Administración pública nacional | 231.309 | 224.018 | 223.449 | -3,4% |
| Administración centralizada | 54.791 | 50.973 | 50.729 | -7,4% |
| Administración descentralizada | 136.529 | 134.626 | 134.001 | -1,9% |
| Administración desconcentrada | 24.582 | 23.109 | 23.567 | -4,1% |
| Otros entes | 15.407 | 15.310 | 15.152 | -1,7% |
| Empresas y sociedades | 110.168 | 109.779 | 109.241 | -0,8% |
(*) No incluye al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las Universidades, el Servicio Exterior de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal y el personal no civil de las fuerzas armadas y de seguridad.
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.
Sin embargo, la reducción general del Estado no se cumple en todos los ministerios por igual, visto que inclusive para el período de Enero-Febrero 24 hay jurisdicciones que han crecido: la Jefatura de Gabinete de Ministros (1,5%), el Ministerio de Defensa (0,7%) y el Ministerio de Seguridad (0,8%).
Tabla 3. Dotación estimada de la administración pública nacional (total) y centralizada. Febrero de 2024.
Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.
Respecto al Ministerio de Defensa, que concentra su dotación mayoritaria informada en la administración desconcentrada, vale la pena realizar una ejercicio comparativo.
En un mes donde algunas instituciones disminuyeron sensiblemente su personal, como el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (-13%) o el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-10,1%), la planta civil del aparato militar del Estado creció en todos sus componentes a contramano del país: 35,3% el Estado Mayor Conjunto; 0,7% la Armada; 5,2% la Fuerza Aérea y 1,4% el Ejército Argentino. Es decir, en el marco general de reducir la administración pública hay una redefinición particular de sus funciones. No sólo se trata de achicar al estado a su versión menos que mínima, sino volverlo cada vez más un estado gendarme, ejemplo de ello es el haber desvinculado 282 personas por un lado (179 de ANDIS y 103 de INCAA) y haber incorporado 498 personas por el otro (Ministerio de Defensa).
Tabla 3. Evolución de la dotación de personal de distintos organismos públicos nacionales. Enero-Febrero 2024.
INSTITUCIÓN | DOTACIÓN ENERO 2024 | DOTACIÓNFEBRERO 2024 | VARIACIÓN % MENSUAL | DIFERENCIA DOTACIÓN FEB 24-ENE 24 |
| Agencia Nacional de Discapacidad | 1.380 | 1.201 | -13% | -179 |
| INCAA | 1.017 | 914 | -10,1% | -103 |
| Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas | 221 | 299 | 35,3% | 78 |
| Estado Mayor General de la Armada Argentina | 7.741 | 7.792 | 0,7% | 51 |
| Estado Mayor General de la Fuerza Aérea | 5.494 | 5.778 | 5,2% | 284 |
| Estado Mayor General del Ejército Argentino | 5.882 | 5.967 | 1,4% | 85 |
Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.
EL ESTADO COMO MAL NO NECESARIO
El gobierno desde su asunción ha avanzado en una profunda reducción del gasto público, que incluye una caída real en los salarios estatales del 40% y la no renovación de contratos a término existentes en el Estado Nacional y la insistencia en privatizar empresas públicas. En este contexto, no importa ni la función que cumplen los trabajadores ni la singularidad de la función pública.
Lo que fundamenta el recorte propuesto es la visión ideológica del déficit cero y la visión anarcocapitalista del presidente, una deformación de la realidad donde el Estado es un mal no necesario. A diferencia de las teorías de la democracia liberal que ven al Estado en su forma mínima como un mal necesario para garantizar el orden en consideración de ideas centrales tales como que “el hombre es el lobo del hombre” y “es mejor el Estado que la anarquía”, la concepción detrás del ajuste propuesto es la de pensar que la vida en sociedad es posible sin gobierno alguno, merced a que la libertad de mercado es el motor armónico y sin contradicciones de todo desarrollo social.
Pero, a pesar de esta visión, la reducción del Estado no ha alcanzado a todos los sectores por igual. En materia de defensa y seguridad, se ha sostenido y ampliado su presencia, lo que resulta lógico, en atención a la necesidad de regular, mediante coerción, la crisis social inducida.
En conclusión, se achica el Estado, se redefinen sus funciones y se cuestionan instituciones que le son históricamente propias tales como la estabilidad del empleo público.
Será cuestión de tiempo para que en nuestro país, y con un 41,7% de la sociedad bajo la línea de la pobreza (desde hace tiempo en crecimiento y ahora con menor contención social), más tarde o más temprano la realidad redoble la apuesta y las “estadísticas” pongan en discusión los principios de una teoría vetusta y anacrónica.
- Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.