La Comunidad Indígena de Atacameños del Altiplano logró frenar el avance de la minería de litio en el Salar del Hombre Muerto ubicado al oeste de la provincia de Catamarca. El fallo de Corte de Justicia de la provincia reconoce la seca de la Vega Trapiche por parte de la empresa Livent (ahora fusionada con Allkem) y exige la realización de un informe integral y acumulativo del impacto minero. Dialogamos con Elizabeth Mamaní, comunera de la Comunidad de Atacameños del Altiplano y Verónica Gostissa, abogada ambientalista e integrante de la Asamblea Pucará.
Por Camila Parodi para Huerquen / Fotos: Susi Maresca
A través de un amparo ambiental presentado por el cacique de la comunidad, Román Guitián, la Corte dió lugar a su reclamo histórico. Desde el año 2019 la población de la localidad de Antofagasta de la Sierra fue notificada de la realización de un acueducto sobre el río Los Patos, uno de los ríos con mayor caudal de la puna catamarqueña que conserva, además, la biodiversidad de este frágil ecosistema. Esta noticia confirmaba lo que muchas personas sospechaban: la vega del río Trapiche había sido secada por el proyecto de explotación de litio Fénix.
“En paralelo a la seca del Río Trapiche la empresa desplazó a la familia Condorí quienes vivían en la zona hacía muchísimos años. Ellos tenían más de 300 animales y hoy en día no llegan a los cinco o seis animales”, explica la comunera Mamaní. En su relato, sostiene que la familia Condorí perdió el acceso al río y su vida cotidiana se vió afectada: “Al secarse y no darle permiso de acceso al agua, se tuvieron que ir a más de tres kilómetros contra los cerros para conseguir el pastaje de sus animales”.
Desde ese entonces, recuerda Mamaní, “empezó la preocupación de la comunidad y ahí el Cacique Guitián, que también estaba siendo afectado por este tipo de proyectos, comienza a exigir información sobre el río Los Patos por donde querían continuar”. Tras secar la vega del Trapiche, como asegura la comunera, continuaron por Los Patos. Allí, además de intervenir en el devenir natural del río y de interrumpir en la vida cotidiana de las personas que habitan la zona con la construcción del acueducto, llegaron nuevos proyectos y con ellos políticas de control y represión para todo el pueblo antofagasteño.
Cuando la comunidad comenzó a tomar dimensión del impacto negativo que tendrían este tipo de proyectos en su territorio empezaron a solicitar información al municipio, luego de semanas sin tener respuestas decidieron realizar un corte que inhabilite el ingreso de los camiones. Sin embargo, el corte también fue silenciado y violentado: “Luego de ignorarnos por días, mandaron unos matones al corte que nos corrieron violentamente”, recuerda Mamaní. A su vez, durante las protestas, la comunera denuncia que “se llevaron detenidas a las familias que comenzaron a protestar, entre ellas, personas grandes o con discapacidades. Las llevaron a Belén, a más de 300 km de distancia sin informarnos nada y sin garantizar sus derechos básicos”.
El acueducto tiene un recorrido de más de 30 kilómetros y para realizarlo la empresa minera, en complicidad con el gobierno provincial y municipal, irrumpió en los terrenos y caminos comunales sin realizar las instancias consultivas y participativas que exige el convenio 169 de la OIT. Ante este panorama, en febrero de 2020, la asamblea socioambiental “Pucará” acompañó a la comunidad en su primer pedido de suspensión que se realizó en el Juzgado de Minas así como también en el Ministerio de Minería. Sin tener respuestas sobre los informes de impacto ambiental solicitados por la comunidad, en agosto de 2021, se presentó un amparo ante la Justicia Federal de Catamarca.
Durante esos tres años de “idas y vueltas” con el Poder Judicial, las empresas mineras avanzaron sobre el territorio que comprende el Salar del Hombre Muerto así como también en las zonas aledañas, como el Salar de Antofalla y la Laguna Carachi Pampa. Al día de hoy al menos 7 empresas realizan exploraciones mineras en la zona del Salar. Cada uno de los proyectos presentó los informes correspondientes sobre el impacto que tendría en el territorio pero, ni el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente o el Municipio de Antofagasta de la Sierra analizaron de manera integral y acumulativa este impacto.
En ese marco, el pasado 13 de marzo la Corte resolvió admitir la competencia, hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas y exigió, por primera vez el relevamiento integral del impacto realizado por los proyectos de minería de litio en el Salar del Hombre Muerto. Un antecedente para la defensa de la vida y el agua en todo el territorio argentino: “Es un fallo histórico, un antecedente ambiental absolutamente importante y novedoso para Catamarca pero también para toda Argentina y la región porque, desde que empieza a expandirse el “boom del litio” no había antecedentes judiciales”, remarcó la abogada ambientalista Verónica Gostissa.
Para Gostissa, esta sentencia reabre el amparo y saca una medida cautelar muy importante porque “se basa en un antecedente negativo que hay en Catamarca que es el desecamiento de la Vega Trapiche y lo reconoce”, señaló. “Esta mala experiencia de Catamarca -reconoce la abogada- en el presente caso sirvió de antecedente y de fundamento para tomar esta decisión que tiene que ver con ordenarle al Ministerio de Minería que realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral porque no pueden evaluarse los proyectos por separado”.
“Durante los últimos dos años a la zona llegaron siete empresas y actualmente hay más de 50 proyectos mineros en todo el departamento de Antofagasta de la Sierra”, enumera Mamaní, para quien la situación del Salar del Hombre Muerto es la más extrema: “Allí tenemos al menos 12 proyectos mineros y todos quieren tomar del mismo río por eso siempre lo planteamos como una preocupación muy grande ya que es muy difícil en este contexto garantizar la vida en unos tres o cuatro años más con tantas empresas mineras alrededor, por eso avanzamos con la estrategia judicial que por suerte ahora tuvo respuestas”.
Entre sus principales puntos, el fallo de la Corte reconoce el impacto de la minería de litio de manera articulada e interrelacionada. En ese sentido, desde la Asamblea Pucará, aseguran que se trata de una buena resolución porque “se debe considerar de manera integral el impacto en el paisaje, la fauna, la flora, el clima. Es decir, que puede incluir a la crisis climática como un eje en la evaluación de impacto y el ambiente general”, explicó Gostissa. En ese mismo marco, el fallo también advierte una “fragmentación” en términos de permisos entre la extracción de salmuera y el uso de agua siendo que su relación es indisociable, agrega la abogada.
Por todo esto, con el fallo, tanto Ministerio de Minería de la provincia como el Ministerio de Agua, Ambiente, y Energía, deben abstenerse de otorgar nuevos permisos o autorizaciones. En ese contexto, si bien este fallo histórico es tan solo un avance frente a las políticas extractivistas de muerte, para la abogada Gostissa es importante ya que nos invita a pensar “lo ambiental como algo que no está disgregado, es algo fundamental para la vida, para el cotidiano, para el sostenimiento de la vida futura y nos ayuda a comprender los desequilibrios actuales así como darle un rol fundamental al agua y a los ecosistemas”, aseguró.
Ante el conocimiento del fallo, la comunera Elizabeth Mamaní, expresó que se trata de una noticia “muy esperanzadora” ya que es tener, por primera vez, el reconocimiento de la Justicia: “Esta lucha es un avance y no es solamente por hoy o por nosotros, estamos peleando también por nuestros abuelos que nos dejaron un territorio sano. Esto no es decir estar en contra del trabajo de nadie que es bastante entendible ya que todos necesitamos trabajar, pero a veces se trabaja a costa de los mal llamados “desarrollos” para que las grandes multinacionales, los gobiernos y las autoridades departamentales se beneficien”, manifestó.
En ese marco, para Mamaní, este fallo es una posibilidad para la continuidad de la lucha: “Creo que nos podemos unir un poco más como comunidad pero también con cada uno en cada territorio para un bien común de todos. Este amparo también puede fortalecer la lucha ambientalista a nivel nacional, que ya que son muchas las luchas que estamos teniendo en diferentes territorios ya sea por el tema del agua, por la contaminación de usos químicos y por todas esas buenas causas para defender la vida porque estamos luchando por el futuro de nuestros hijos”, afirmó Mamaní.
Pero el amparo no sólo se puede celebrar, también necesita el acompañamiento y la atención de toda la sociedad civil, ya que la persecución y las violencias que reproducen este tipo de proyectos de muerte no cesan: “Lo que nos preocupa ahora es que aumente la persecución, están jugando con eso en estos días ya que tras el conocimiento del fallo las mineras están despidiendo a más de 100 personas y nos asusta porque también tuvimos mucha persecución”. Son muy pocas las personas que aún viven en los alrededores Mamaní esto se debe a la falta de servicios básicos e instituciones como escuelas y salas de salud, su preocupación se centra en la exposición de quienes se encuentran allí: “Están a casi 100 kilómetros de la villa de Antofagasta, no tienen señal ni mucho menos lugares para denunciar o pedir resguardo”, denunció.
La situación anticipada por la comunera no se hizo esperar, al cerrar la edición de esta nota, la Comunidad de Atacameños del Altiplano denunció amenazas de muerte contra su cacique, Román Gaitán. “Una vez más, la historia se repite. Nos quieren en silencio, nos quieran fuera de nuestra tierra, nos quieren sin derechos, nos quieren con miedo, nos quieren muertos. Hacen lo que hicieron siempre los conquistadores, los colonizadores, los empresarios llenos de avaricia y codicia, los gobernadores corruptos, recurren a la a la única manera que conocen: la violencia. Nosotros en cambio, siempre hemos elegido el camino de la paz, el camino de la justicia”, manifiestan en su comunicado.
Desde el anuncio del fallo, denuncia la comunidad que recibieron múltiples amenazas graves por parte de integrantes de las empresas y de trabajadores despedidos. Esto se debe, a los anuncios realizados días atrás por las empresas mineras de reajuste del personal tras la baja de la cotización a nivel mundial. Como siempre, la estrategia de las empresas junto a las del gobierno provincial, fue realizar despidos y desinformar para oponer al pueblo entre quienes trabajan en la minera y las personas que acompañan el reciente fallo emitido por la corte. Por su parte, el llamado de la comunidad es a la unidad de todo el pueblo: “Esta no es una lucha entre vecinos, ni entre hermanos. Eso quieren los de afuera, nos quieren peleados y con miedo. Nos quieren divididos y empobrecidos, para saquear nuestro territorio de manera más fácil”.
