Créditos: Colectivo Manifiesto
Por Andrea Sosa Alfonzo. La jornada de debate sobre la nueva Ley de ambiente en la Legislatura cordobesa dejó como saldo 26 detenidos, 10 heridos y un accionar policial que avaló una vez más el negocio de agrotóxicos en la provincia.
Durante la jornada de hoy se vivieron momentos tensos frente a la Legislatura de la ciudad de Córdoba, cuando vecinos, organizaciones sociales y políticas de Malvinas Argentinas y el barrio Ituzaingo Anexo fueron reprimidos brutalmente mientras se manifestaban en rechazo a la nueva Ley de ambiente que se discutía en el recinto Unicameral.
Las denuncias comenzaron temprano por la mañana con el encadenamiento de vecinos frente a las puertas de la Unicameral. Con el correr del día, se sumaron organizaciones sociales y más vecinos a las manifestaciones de denuncia por el debate acerca de una ley cuyo contenido no fue de carácter público y se constituyó en el marco legal para el avance de Monsanto en la provincia. La nueva ley contempla el uso de agrotóxicos, la instalación de plantas semilleras y la política de sojisación en la región.
El accionar de las fuerzas de seguridad del gobierno de De la Sota estableció un Estado de Sitio en las calles cordobesas, lanzaron gases y reprimieron ferozmente con balas de goma a mujeres y periodistas, entre las cuales se encontraba Lucrecia Fernández, corresponsal en Córdoba de Marcha Noticias. El saldo del brutal accionar policial fue más de 26 detenidos que fueron trasladados a la Comisaría 1° y 4° de la Ciudad, de los cuales 19 son varones entre los cuales se encuentra un menor de edad y 7 son mujeres. Más de 10 heridos fueron hospitalizados.
Los relatos de quienes fueron testigos de tal escena reflejan a las claras la coherencia del poder político con los intereses de una ley que avala el accionar de una trasnacional como Monsanto. Lucrecia Fernández menciona que vió “como un cana sacado cargó la escopeta dos veces para disparar a quema ropa a la prensa que fotografiaba. Por otro lado, a 5 militantes del PTS que estaban parados les piden documentos y se los llevan sin más” No sólo se avanzó con golpes sobre mujeres y periodistas que cubrían en el lugar, sino que además se lo hizo con total impunidad y un accionar represivo con “estricta orden de desalojo” que instaló un marco de acción sin límites: “es impresionante ver esas escenas, como un tipo de unos 50 años le grita a un cana “Para loco, pará”, y el Policía sin más, lo agarra del cogote y le revienta varias veces la cabeza contra la trafic en donde alojaban a los detenidos”. Fue en este momento donde al interceder, nuestra cronista recibe una golpiza que la dejó abatida en el asfalto.
Gastón Massalay, integrante de la Asamblea Malvinas Lucha Por La Vida mencionó que la represión se inició “para frenar a los manifestantes que se expresaban en la puerta. No nos pudimos organizar en el repliegue porque fue brutal”
El negocio de los agrotóxicos por encima de todo
Sin embargo y ante el reclamo en las calles, tanto los representantes del gobierno nacional, como provincial y municipal impusieron su voluntad mediante el voto homogéneo de todos los bloques y aprobaron las modificatorias a Ley de Ambiente que flexibiliza normativas que impiden explotar los bienes naturales con fines lucrativos. El mayor beneficiario en este sentido es Monsanto, empresa que a partir de la sanción de la ley podrá aplicar su política de contaminación ambiental pasando por alto trabas que protegían el medio ambiente que estaban contempladas en la anterior normativa.
En diálogo con Mauricio Díaz, corresponsal de Marcha Noticias, Roberto Birri, legislador por el Partido Socialista mencionó que es una ley “que recogió un nivel de consenso trascendente. El proyecto que mandó el Ejecutivo había generado rechazo de toda la oposición, entre los cuales me incluyo, pero en estos tres meses de trabajo se han incorporado aportes de los bloques de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas. Le estamos ofreciendo a los cordobeses una ley que es superadora de la que tenemos actualmente”.
Con respecto a la represión mencionó que eran cuestiones que “debían tratarse por separado. Por un lado, está la ley y su contenido” y aclaró que “la hemos dado vuelta como una media. Por el otro lado, hay cordobeses que tienen un desconocimiento respecto a su contenido y tienen el derecho de expresarse”.
Y en relación al concepto de uso de suelo mencionó que “hay un artículo que tiene que ver con el otorgamiento o no de la licencia ambiental donde todo proyecto que haya sido rechazado no se puede volver a ingresar” y sostuvo que esta ley es más restrictiva. Sin embargo, no supo explicar que sucedería ante la posible presentación en julio de un nuevo Informe de impacto ambiental por parte de Monsanto.
Mientras que Liliana Olivero, legisladora del FIT, responsabilizó al “gobierno provincial por haber entregado al mediodía una ley de parche, con modificaciones que no hacen a una normativa de convivencia ambiental sino todo lo contrario”.
Señaló que las manifestaciones fueron producto de una bronca social “donde la población no tuvo la devolución de cómo iba a quedar el despacho luego de la apertura de un proceso de debate”. Agregó que “se habla de un nuevo ordenamiento territorial pero no se deroga la Ley 98/14 que es la ley de desmonte que tiene Córdoba, falta declarar la emergencia en nuestra provincia que es lo que reclaman las asambleas ambientales desde hace dos años, no se debate la prohibición de la instalación de Monsanto en la provincia, ni se debate el proyecto de ley sobre la declaración del derecho humano al agua como un bien y no como una mercancía”.
En cambio a lo que señalaba Birri, Olivero mencionó que dicha ley es “un traje a medida de Monsanto. No podemos quedarnos tranquilos porque esto plantea la modificación del reordenamiento territorial, es decir, esto permite la extensión de la zona sojera y de todas las empresas que quieren instalarse en Córdoba a costa de la salud de la población”. Olivero concluye aclarando que debido a que “ninguna ley es retroactiva, lamentablemente los vecinos van a tener que seguir comiendo el veneno porque la ley no plantea ninguna situación hacia atrás, sino hacia el futuro. Como sabemos acá cuando corre la coima, corren los negocios”.
Hacia el final de la jornada, el fiscal Guillermo Gonzalez, se rehusó a dar la lista de detenidos y prohibió el acceso a los abogados de militantes de organizaciones sociales y políticas como PTS, MST, FPDS, Fogoners Córdoba, Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, Asamblea Malvinas lucha por la vida, Autoconvocados de Malvinas, Madres de barro Ituzaingo, entre otras.
No obstante el avance de las fuerzas represivas sobre la población, dentro de la Unicameral el acuerdo político de los bloques buscó además la destitución de la legisladora del Frente de Izquierda, Cinthia Frencia, por estar acusada de “apuntar” a legisladores radicales para que ambientalistas les arrojen “huevos y piedras”, en el ingreso a la Unicameral.