Desde el 20 de octubre, la población panameña se encuentra en las calles en protesta por la asignación de un contrato ilegal a la empresa minera First Quantum Minerals- Minera Panamá. El conflicto, que venía creciendo tras 18 meses de ninguneos institucionales por parte del gobierno, terminó en un estallido social con participación de distintos sectores, campesinxs, indígenas, estudiantes, sindicatos, movimientos ambientalistas y sociales y personas autoconvocadas.
Toda una gesta popular que logró la Ley de Moratoria Minera y que a primeras horas de este martes, logró que la Corte declarara inconstitucional la Ley que autorizaba el contrato a la empresa.
Para entender un poco más de las características de la lucha panameña, conversamos con Lilian González Guevara, del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería y del Centro de Incidencia Ambiental. Unos día antes del histórico fallo.
Por César Saravia/Foto Radio Temblor
¿Cuál es la situación actual que está viviendo Panamá en relación al conflicto contra la minería?
Este conflicto, la coyuntura actual, viene de hace unos 18 meses pero con varias fases y estamos en una de estallido social. ¿Por qué digo que viene de hace 18 meses? Fue más o menos cuando empezaron las negociaciones o renegociaciones con First Quantum Minerals – Minera Panamá. La empresa se había quedado sin contrato puesto que el contrato anterior, que databa de 1997, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, esto por unas demandas de inconstitucionalidad que habíamos presentado desde el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). La demanda demoró 10 años para conocer un fallo de la Corte. Realmente terrible. Una justicia tardía no es justicia.
Este fallo que se dio en 2017 recibió, por parte los abogados de la empresa, una serie de recursos que fueron interponiendo de aclaración, a pesar de que los fallos de la Corte son inapelables y no había nada que aclarar. Es hasta el año 2021 en el que la Corte nuevamente se pronuncia para rechazar por improcedentes todos estos recursos y solicitud de aclaración y, a pesar de que no era necesario porque ya hubo un fallo antes, nuevamente queda en firme ese año. Como si fuera poco, no se publica en Gaceta Oficial inmediatamente, sino que pasan meses en los que el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería estuvo haciendo presión y el CIAM, de manera más institucional, haciendo solicitudes para que se publicara. De modo que en diciembre del 2021 se reconoce como la fecha en la que ya no hay cómo negar que Minera Panamá no tiene un contrato.
¿Cuál fue el rol del gobierno en todo este proceso?
El Gobierno de Panamá desacató deliberadamente el fallo de la Corte y permitió que la empresa siguiera operando ilegalmente sin un contrato en nuestro país. Siguió extrayendo y comercializando y exportando el mineral sin pagarnos. Además, y según contrato, el gobierno en vez de entender el fallo de la Corte como una orden para el cese de operaciones de la empresa, no solo permitió que la empresa siguiera operando, sino que entra en una renegociación con ellos para un nuevo contrato de manera ilegal, porque además estaba reproduciendo el mismo método que ya había merecido la inconstitucionalidad anterior, que fue una contratación directa sin licitación pública.
No solo reproducen los elementos que dan lugar al mismo vicio de inconstitucionalidad, sino que agregan faltas, violaciones o transgresiones. Hoy en día existe el acuerdo de Escazú y se desconocieron todos los procedimientos de consulta y de participación ciudadana, se hicieron algunas consultas cosméticas, fueron no vinculantes y además se desecharon sus resultados que fue de un profundo rechazo de la ciudadanía, de las organizaciones y de las comunidades. Nos lo tratan de imponer a sangre y fuego.
¿Cuáles han sido los efectos en la población y en el medio ambiente durante el tiempo que estas operaciones se han dado de forma ilegal?
Las comunidades han declarado que si bien es cierto algunas personas fueron contratadas para trabajar en la mina, pues también hay una gran cantidad, posiblemente la mayoría de la gente que trabaja ahí no es de la comunidad, porque hablamos de mano de obra calificada y eso no se genera de un día para otro, una mano de obra industrial, del sector de construcción, en un lugar con comunidades que son de tradición campesina, agrícola y de pescadores.
Entonces hay mano de obra de distintos puntos del país. Hay una narrativa alrededor de la cifra oficial que ha usado el gobierno para decir que la mina tenía 7,000 y hasta 9,000 empleos directos, 40000 empleos indirectos, sin que realmente esto se pudiera constatar con Contraloría General de la República, ya que son más o menos como 3500 trabajadores directos los que se pueden verificar en el Ministerio de Trabajo. Pero el tema de los empleos se volvió un poco secundario, es decir, la gente dijo, hay que buscar otras fuentes de empleo porque no podemos seguir sacrificando una de las zonas más importantes y vitales de nuestro país. Ahora hay una gran conciencia sobre la necesidad de la sostenibilidad del agua y de no poner en peligro las cuencas y, por supuesto, los ecosistemas y la biodiversidad de la zona.
¿Cómo arranca el estallido y quienes se suman?
El 20 de octubre, en menos de 48 horas la Asamblea aprueba el nuevo contrato-ley, el Presidente sanciona la ley y se publica. Lo publica en Gaceta Oficial de espaldas a la ciudadanía y esto es percibido como un acto de traición, un acto a las espaldas de la ciudadanía sin ningún tipo de consulta y además sabiendo que había un rechazo enorme. Entonces ya no se hizo esperar el estallido.
La gente sale a las calles masivamente, hemos cumplido un mes desde ese episodio y en todo el país, desde diferentes formas de participación, porque se trata de diferentes sectores los que están en la calle. Desde estructuras más tradicionales, sindicales, movimientos sociales, campesinos, pueblos indígenas, organizaciones ambientales o sociales y ciudadanos y ciudadanas que ni siquiera están organizadas pero no por ello menos válidas. Algo que ha sido notable es la enorme cantidad de jóvenes participando.
Hemos podido calcular unas 250.000 personas en la calle y sorprende para algunos (en Panamá viven 4 millones de personas) que aquí no se ha generado caos, ha habido eventos muy aislados (de disturbios), la gente sigue apostando por una respuesta institucional, o sea, hasta los grupos que podríamos considerar más beligerantes han optado por la alternativa de una Ley que derogue la otra ley. Los grupos como Panamá Vale Más Sin Minería y otros movimientos ciudadanos y sociales de diferente índole, estamos aspirando al fallo de la Corte, pero en general en todo país se espera que haya un fallo justo de la Corte Suprema de Justicia.
¿Cuáles son las demandas de la gente en la calle? ¿Se puede hablar de un conflicto institucional que gira hacia una conciencia anti extractivista?
Sí. Algo que ha sido para celebrar realmente, a pesar de los tiempos duros que hemos tenido es que la población no ha dicho solamente no al contrato minero, sino que directamente “no queremos más minería”. Considero que en algunos sectores ha hecho eco una campaña que venía impulsando nuestro movimiento que no era algo en el aire, sino un proceso de educación ciudadana de dos años y medio desde que se creó el movimiento para explicar el gran peligro que es la minería para un país como el nuestro, con una franja tropical lluviosa, vulnerabilidad climática, gran biodiversidad y con una gran riqueza hídrica de la cual dependemos. El peligro de la amenaza minera en un país donde hay 103 solicitudes de minería metálica, donde ya existen 15 concesiones. Se trata de decir que no somos un país minero, no es nuestra vocación, la vocación de nuestros suelos, de nuestro aire, de nuestra agua, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Hay muchas otras actividades que la gente quiere seguir defendiendo. Pero de nuestra cultura, de nuestra identidad, que no es la de ser un país minero, y hay muchas otras actividades que son las que quiere la gente seguir defendiendo.
Como movimiento habíamos presentado desde 2021 una propuesta de Ley a la Asamblea Nacional como iniciativa ciudadana, una propuesta de moratoria minera por tiempo indefinido a nivel nacional para prohibir la extracción, la exploración, transporte y beneficio de minería metálica. Esto está concebido como el primer paso para avanzar hacia la prohibición definitiva hasta el más alto rango legal, no como una ley de prohibición de la minería, pero sí una moratoria por tiempo indefinido. La moratoria está vigente desde el 3 de noviembre, día de nuestra independencia.
¿Cuál ha sido la respuesta frente a las protestas por parte de las fuerzas de seguridad? ¿Hay registro de violaciones a los derechos humanos?
Los aparatos de seguridad no han garantizado la seguridad de las personas. Se han dado asesinatos, no a manos de las fuerzas del Estado directamente. Una persona, que desconocemos las razones, le disparó a un par de docentes que se encontraban en un cierre de carretera pacíficamente. Se bajó del auto y los asesinó. Ya antes se había dado el asesinato de otro docente, indígena, del pueblo ngöbe, en el oriente de Chiriquí. En este caso fue atropellado.
A manos de las fuerzas de seguridad, la primera víctima fue un miembro de nuestro movimiento, comunicador, fotógrafo y activista, Aubrey Baxter, que perdió un ojo por un disparo. El disparo quedó grabado porque él estaba grabando cuando dan la orden de dispararle a quemarropa.
Luego hay muchas denuncias de maltratos, golpes y torturas durante las detenciones. El trabajo de derechos humanos va a tomar un rato de documentación y de recolectar estos reportes. Hay gente trabajando en esto. Se han dado cientos de arrestos. Hasta la semana pasada había más de 130 arrestos de los cuales cerca de 30 eran de menores de edad. Se ha arremetido con mucha fuerza sobre los estudiantes. Los jóvenes han sido las principales víctimas de la represión, los arrestos y golpes físicos. También hubo arresto a profesores, sindicalistas, pero principalmente a la juventud. Cada noche de las manifestaciones de la juventud han recibido bombas lacrimógenas de forma excesiva. Todos los días huele a gases y y, sobre todo, en las comunidades del centro de la ciudad en Bella Vista, comunidades de Pacora, la Universidad de Panamá y en Santiago de Veraguas se ha sufrido bastante esto.
Algo interesante a decir es que cada sector tiene su forma de protestar. El pueblo ngöbe es una manifestación muy territorial. Es quieta, que se mantienen en bastiones fijos, bloqueos totales de carretera en 9 puntos hacia hacia el oeste del país. Ellos se mantienen 24/7.
En el caso de la Provincia de Veragua es una estrategia dual. Se encuentra el puente 19 de julio, que es un bastión muy simbólico. Allí permanecen 24/7. Presencia mucho más fuerte de jóvenes y de indígenas en esas 24 horas y en el tiempo nocturno y en el día hay presencia de gremios docentes.
En el caso de Panamá se ha dividido: los gremios y los sindicatos suelen ser diurnos, entonces tienen muchos piqueteos, manifestaciones, marchas, cierres intermitentes del sector de la construcción, paros docentes. Pero en las noches la presencia juvenil. Esa desventaja nocturna de ser decenas de miles de jóvenes en las calles de noche afecta su seguridad.
Los pescadores de Donoso han generado una protesta que no existía, inédita, una protesta en el mar. Ellos son expertos lancheros y se han han colocado por el lado marino de Donoso, provincia de Colón, y por lo tanto el metal que saca Minera Panamá, que se que se va a mover hacia Asia por unas grandes naves que se le llama graneleros. Esos graneleros llegan por el puerto de Punta Rincón, que es de uso exclusivo de la minera (ahí hay una planta de generación eléctrica, porque obviamente la minera necesita mucha agua y mucha energía) entonces ellos lo que han hecho es bloquear para que no pueda seguir saliendo en metal por el puerto.
¿Cuál es el panorama para lo que sigue una vez aprobada la moratoria?
Las movilizaciones continúan. Lo que el gobierno plantea es por qué si ya se dio la moratoria siguen en las calles, porque la moratoria no abarca el contrato con la minera Panamá, no abarca la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica, no abarca este centro del conflicto que puso a la gente en las calles. Un contrato lesivo, leonino, con la minera Panamá, que además nos entrega por 60 años a la explotación intensiva. De modo que hasta que no se elimine esa Ley, la gente va a seguir protestando de distintas maneras, estamos haciendo vigilias frente a la Corte Suprema de Justicia. Se han unido otras personas, sectores ciudadanos y ciudadanas sin ninguna afiliación política orgánica. Los sindicatos aspiraban a una Derogatoria pero también se han acercado a las puertas de la Corte a pocos días del Fallo.
Se están uniendo muchos más sectores para exigir que se dé un fallo y que esta vez se cumpla, que sea oportuno y por primera vez la Corte Suprema de Justicia ha presentado dos comunicados grabados en video, el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez se dirigió a la nación para decir cómo opera el procedimiento y que están trabajando prioritariamente en esto.
Es importante decir que en esta coyuntura lo que hemos presenciado es muchos liderazgos nuevos y distintos. El liderazgo de las mujeres en esta lucha ha sido de lo más notable a todos los niveles, igual que el liderazgo juvenil. Se trata de liderazgos que ya no van mucho con las formas tradicionales de organización. Hay un fenómeno social que todavía tenemos que explicarnos y entender. Todavía no podemos concluir. Pero algo nuevo está ocurriendo acá.