Hoy se cumplen 10 años del Consenso de Montevideo, la herramienta de técnica feminista más avanzada en materia de Derechos Sexuales y (no) Reproductivos en América Latina y el Caribe. Un argumento más para decir que en Argentina nuestros derechos no se plebiscitan y que el aborto es ley y lo será en toda la región.
Por Laura Salomé Canteros* / Foto: J. Lopresto
El Consenso de Montevideo es un acuerdo regional adoptado por los gobiernos de América Latina y el Caribe durante la primera reunión de la Conferencia regional sobre Población y Desarrollo celebrada en Montevideo (Uruguay) en 2013. Es el acuerdo intergubernamental más progresista del mundo en materia de Derechos Sexuales y (no) Reproductivos.
Es un encuentro de potencias feministas; un documento integral que transversaliza e intersecta diferentes temáticas generando un tejido de políticas para garantizar derechos y que contiene una agenda de revisiones construida de forma interseccional e intergeneracional con énfasis en una vida libre de violencia de género para todas las personas.
Los países de la región se comprometieron, desde entonces, a asegurar la efectiva implementación de los programas de educación integral para la sexualidad, a promover, proteger y garantizar a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y a promover políticas que contribuyan a que las personas tomen decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y proyectos de vida con respeto de su orientación sexual e identidad de género, racial u originaria sin coerción, discriminación ni violencias patriarcales.
Esto incluye incorporar en el conjunto de prestaciones integrales en los servicios de salud sexual y reproductiva, medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención frente al embarazo no deseado. En ocasión de esta fecha simbólica se realizó una conferencia de prensa convocada por redes regionales de organizaciones de la sociedad civil. Retomamos algunas de sus voces para tener más argumentos de porqué los Estados y sus políticas públicas de Derechos Humanos las entendemos como IRREVERSIBLES.
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Para Ana Cristina González Vélez, médica, activista y de la Articulación feminista Marcosur, “el primer logro a destacar del Consenso de Montevideo es la existencia de un sólido movimiento feminista”; ya que “gracias a ese movimiento que la agenda se defiende, se sostiene y se avanza”. Y agregó que: “La expansión y fortalecimiento de los movimientos feministas en su amplia diversidad es un rasgo distintivo de nuestra región y ha sido clave para la lucha por la autonomía y libertad reproductiva y para denunciar las violaciones a esos derechos”.
“El segundo logro a destacar es la consolidación de la agenda de derechos sexuales y reproductivos en los acuerdos intergubernamentales y otros instrumentos legales y estándares de derechos humanos”, afirmó González Vélez. “Un fortalecimiento en el compromiso de los gobiernos de la región en los escenarios de negociación latinoamericana, a diferencia de lo que sucede a nivel global”. Y destacó que es además un paradigma que pone en el centro el Estado laico, el rechazo a la criminalización y la protección a defensoras de derechos humanos”.
Por último, “el tercer logro que quiero destacar es la autonomía y la libertad reproductiva”, afirmó, y mencionó hitos de avance en el “marco legal y el acceso a los servicios”, como “la despenalización de la píldora de anticoncepción de emergencia en Honduras, la liberalización de las leyes de aborto en varios países de la región y en 11 estados mexicanos”, además de resoluciones judiciales de que “la penalización es inconstitucional”. Y finalizó: “En suma, el logro más sobresaliente de la última década son los avances en la lucha por el aborto”.
Las deudas de los Estados: avanzar a la par de todos los derechos
“Desde la Patagonia y hasta el río Bravo, la marea verde se ha levantado en una sola voz para resistir, transformar y asegurar los derechos que nos corresponden”, afirmó en conferencia de prensa, una referente de La Ceiba, una organización feminista de Honduras. “Sentencias de las Cortes de México, Colombia han apuntado con toda contundencia a que el aborto tiene que dejar de ser un delito”, y agregó que “el Congreso argentino marcó vanguardia despenalizando el aborto hasta las 14 semanas”. Pero que, sin embargo, la “desigualdad sigue estando presente de forma contrastante en la región: en El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, territorios donde el aborto se encuentra completamente penalizado”.
Para Milene Molina, de la Red MAAD, es “tremendamente importante visibilizar la existencia de la población afrodescendiente como una población con derechos”, una obligación de los Estados y gobiernos al momento de “hablar de igualdad de género y autonomía de las mujeres afrodescendientes”; ya que “el racismo no es un problema exclusivo de las personas que lo sufrimos en nuestra vida cotidiana, sino que es un problema que aqueja a la sociedad y tiene un reflejo en la desigualdad”. Por lo que, los “Estados deben asumir un compromiso real con el Consenso de Montevideo para un compromiso también con la población afrodescendiente”.
Mientras que, para Pamela Pérez Ponce de la Red LAC, las brechas de desigualdades materiales existentes en la región dificultan el acceso de los derechos sexuales y (no) reproductivos. “Las condiciones en las que vivimos no son las de una vida digna y no se garantizan espacios seguros ni adecuados según las necesidades”, afirmó, y se refirió a la importancia para las juventudes de acceder de forma plena a la Educación Sexual Integral “con perspectivas de género, de juventudes, intercultural y antirracista”. Y propuso no aislar; pensar también en “un acceso desigual a nuestros derechos laborales, la precarización y la flexibilización… ¿Cómo se puede garantizar el ejercicio de los derechos si no hay un reconocimiento efectivo?”.
Para Norma Don Juan Pérez de ECMIA, “hay muchos retos por delante; uno es la disponibilidad de datos sobre la situación de los derechos de las mujeres indígenas ya que solo algunos países recogen datos desagregados de pueblos y tampoco se producen desde un enfoque intergeneracional”. Por eso, es fundamental que “las redes regionales asuman el protagonismo en esta agenda y se sumen a la evaluación del Consenso exigiendo su implementación”.
Por último, la valoración es que “aún falta mucho para la plena implementación del Consenso de Montevideo en nuestra región”, como afirmó Cecilia Stapff, de Iniciativas Sanitarias de la organización FOS Feminista, pero interpeló: “Como feministas estamos comprometidas en la lucha contra la vulneración de los derechos para que haya justicia de género y reproductiva”.
Nuestros feminismos: movimientos democratizadores y de liberación
Este aniversario llega para la región en un contexto donde las opciones fascistas, disfrazadas de liberales, como en Argentina pretenden llegar a los Estados para recortar derechos. Por eso, dar las discusiones dentro de los movimientos feministas y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para abortar la neutralidad y garantizar que las voluntades políticas a favor de instrumentos como el Consenso de Montevideo se transformen en gobiernos.
Los feminismos son movimientos democratizadores de las sociedades y de la política; y en los últimos años además son protagonistas de las grandes transformaciones para la vida sabrosa. Por eso, el asalto de los Estados a través de las urnas para la perpetuación de las desigualdades por parte de opciones que pretenden instalar proyectos políticos de odio, fue un tema de la conferencia de prensa. Para estas referentes feministas regionales, “estamos librando una batalla cultural muy importante”, un factor fundamental para “las conquistas que hemos alcanzado y los logros que hemos conseguido en las tres o cuatro últimas décadas”. Por eso, avanzar unidas: “somos ciudadanas plenas y merecemos vivir con igualdad y con libertad”.
*editora Marcha Noticias