El 25 de junio de 2023 se realizarán elecciones generales en Guatemala. Ese día 9,372, 164 ciudadanos empadronados están convocados para elegir presidente y vicepresidente; diputados al congreso de la república; diputados al parlamento Centroamericano y corporaciones municipales.
Por Prensa Comunitaria
El 25 de junio de 2023 se realizarán elecciones generales en Guatemala. Ese día 9,372, 164 ciudadanos empadronados están convocados para elegir presidente y vicepresidente; diputados al congreso de la república; diputados al parlamento Centroamericano y corporaciones municipales.
A diferencia de elecciones anteriores, esta se realiza en un clima de desconfianza e incertidumbre en tanto que la coalición gobernante ha utilizado todos sus recursos disponibles para incidir sobre este proceso. Sin un sistema de justicia independiente, el cierre de espacios para la sociedad civil, con medios de comunicación cercados y perseguidos, con candidatos presidenciales excluidos, y la persecución y encarcelamiento de periodistas y opositores, las elecciones de 2023 parecen ser el preámbulo a la consolidación de un régimen autocrático.
En su informe de 2023, V-Dem señaló que el sistema político de Guatemala pasó de ser una democracia electoral a ser una autocracia electoral, en la que, a pesar de que se realizan elecciones, las condiciones en las que las mismas se llevan a cabo carecen de garantías democráticas.
El autoritarismo guatemalteco no está liderado por un líder carismático, como el caso de Nayib Bukele, en el Salvador; ni se trata de dictaduras tradicionales como la de Ortega-Murillo en Nicaragua. Se trata de una suerte de dictadura corporativa-mafiosa en la que distintas Redes Políticas y Económicas Ilícitas (RPEI) han tomado control total o parcial de las entidades del Estado y se coordinan y alían para mantener y amplias sus posiciones; beneficiarse de los recursos públicos; y, garantizarse impunidad.
Aunque el presidente Giammattei es la figura más visible y quien lidera la coalición, los distintos actores de esta alianza mantienen una relación de co-dependencia y, para mantener el control sobre el Estado, requieren niveles mínimos de coordinación y acuerdos. Por ejemplo, el Ministerio Público (MP) no puede perseguir y neutralizar adversarios sin contar con el respaldo de las altas cortes; que a su vez depende de mayorías parlamentarias. En el mismo sentido, la presidencia requiere de otros actores estatales para mantener su predominio y cierta gobernabilidad.
Así, el apoyo mayoritario del legislativo a la gestión de Giammattei ha implicado mantener un pacto con los distintos bloques parlamentarios cuyo precio ha sido el intercambio de obras públicas, plazas, dinero y otras prebendas a cambio de los votos de la mayoría de bancadas. En el poder judicial, la impunidad se ha sostenido al precio de romper el Estado de derecho con la extensión indebida del mandato de la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones, cuyo mandato terminó hace más de tres años. La integración de la actual Corte de Constitucionalidad respondió a los intereses de esta coalición que interfirieron abiertamente en las distintas instancias nominadoras para garantizarse impunidad.
El pleno control que estas redes tienen de la institucionalidad del Estado, fue el resultado de una ofensiva autoritaria que inició en 2016 y que, de expulsar a la CICIG y neutralizar las investigaciones contra la corrupción. Para lograr esto, fueron articulando una estrategia que les posibilitó cooptar el sistema de justicia para criminalizar a sus adversarios.
En las elecciones de 2023 todos los elementos de la estrategia autoritaria están siendo puestos en juego para moldear los resultados electorales. Como se verá en este informe, esto ha implicado graves anomalías en el proceso electoral, y colocan a Guatemala a las puertas del cierre del campo democrático.
El sistema de justicia frente al proceso electoral 2023
Frente al proceso electoral de 2023, el sistema de justicia bajo el control de las RPEI, ha mostrado las siguientes tendencias:
- Desestimar procesos penales en los que figuran como sindicados potenciales candidatos, lo cual se observó a partir de noviembre y diciembre de 2022[1];
- Viabilizar mediante resoluciones judiciales de la CSJ y la CC, la participación política de candidatos no idóneos o con prohibición constitucional pero afines al régimen como en el caso de Zury Ríos;
- Ratificar las exclusiones emitidas por el Registro de Ciudadanos o por el TSE de candidatos no afines al régimen; y
- Usar la criminalización como mecanismo para impedir que corran candidatos que constituyen un riesgo para el régimen.
Las facultades atribuidas constitucionalmente a la CSJ y a la CC sobre las resoluciones emitidas por el Tribunal “Supremo” Electoral, que en la práctica se convierten en un mecanismo de revisión, han sido utilizadas en el marco del proceso electoral de 2023 para ir modelando la tendencia a favorecer la participación política de candidatos no idóneos pero afines al régimen que el TSE ha marcado con claridad.
Ambas cortes resultaron electas a partir de las negociaciones espurias entre partidos políticos y RPEI en 2014 (CSJ) y 2021 (CC) por lo que su independencia es inexistente y el continuum en los mecanismos de “toma y da” entre redes ilícitas se continúa fortaleciendo por medio de la emisión de estas resoluciones que aseguran impunidad y que legitiman la participación política de candidatos supuestamente víctimas de la FECI-CICIG. Algunos de los magistrados electos por las RPEI en 2014 para la CSJ saltaron al TSE y a la CC como parte del mecanismo de cooptación de las cortes.
Como se observa en la tabla siguiente, ambas Cortes han mantenido una línea unánime frente a las apelaciones por el otorgamiento de amparos provisionales a favor o en contra de la inscripción de candidatos, es decir que todas las resoluciones adoptadas por la CSJ han sido ratificadas por la CC sin excepción. Esto permite observar cómo las cortes se constituyen en el marco del proceso, en el instrumento para modelar el panorama de candidaturas, excluyendo de manera temprana a quienes constituyen una amenaza para la continuidad de la ofensiva autoritaria.
A 4 días de las elecciones, tres binomios presidenciales se encuentran fuera de la contienda, uno de ellos abiertamente opuesto a los intereses de las RPEI (MLP) y dos de ellos con altas posibilidades de elevar su popularidad y afectar la llegada a la presidencia de los candidatos más leales a las RPEI. La candidatura de Manuel Baldizón, actor central de la cooptación de las Cortes y de graves casos de corrupción investigados por FECI-CICIG fue revocada tras un fuerte posicionamiento de algunos sectores incluido el CACIF[2]. Manuel Baldizón se constituyó en el actor que facilitó la salida de Carlos Pineda de la contienda electoral, viabilizando así la posible llegada de Zury Ríos a la presidencia.
Las elecciones 2023 ¿la consolidación de la dictadura mafiosa?
Las elecciones generales de 2023 están siendo aprovechadas por la coalición de redes político económicas ilícitas (RPEI) para consolidar su control del Estado, garantizarse continuidad en el control de las instituciones públicas, y la impunidad.
Todos los recursos políticos y financieros, lícitos e ilícitos han sido puestos en juego por esta coalición para moldear los resultados electorales.
Como se ha señalado en este y otros informes, el pleno control del sistema de justicia incluyendo las altas cortes, el ministerio público y la corte de constitucionalidad han sido utilizadas para excluir, criminalizar y perseguir opositores.
El uso de la exclusión mediante procedimientos legales se utilizó en las elecciones de 2019 para dejar fuera de la contienda a la candidata presidencial del Movimiento Semilla, Thelma Aldana.
Recurriendo a acusaciones espurias y a la exigencia de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito) emitido por la Contraloría de Cuentas se negó la inscripción de su candidatura presidencial. Esto limitó el derecho de los guatemaltecos a elegir a las y los candidatos a la presidencia. A esto se suma que, la no inscripción de Zury Ríos también candidata presidencial, contribuyó a producir una distorsión de las preferencias electorales que, en buena medida posibilitó que el entonces candidato presidencial Alejandro Giammattei pasara a la segunda vuelta electoral con apenas el 13% de los votos en la primera elección.
Esta experiencia fue asumida como una lección aprendida, y la coalición gobernante ha recurrido a excluir candidaturas en distintos niveles y a pulverizar la oferta electoral.
En el nivel presidencial se negó la inscripción de la candidata a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, Telma Cabrera y Jordán Rodas. Thelma Cabrera fue la candidata presidencial del MLP en las elecciones de 2019, alcanzó el 10% de los votos a nivel nacional y fue la candidata más votada en los distritos de Totonicapán, Sololá y Chimaltenango. A diferencia de otras experiencias, la participación de Cabrera logró movilizar el voto en los distritos y municipios mayoritariamente indígenas y aparecía en posiciones destacadas en la mayoría de encuestas antes de su exclusión.
La no inscripción de Cabrera se dio a partir de una denuncia tardía en contra de Jordán Rodas por parte del actual procurador de derechos humanos Alejandro Córdoba. La denuncia hasta el momento permanece en secreto, aunque se supone tiene un carácter administrativo pero fue suficiente para que la Contraloría de Cuentas revocara el finiquito de Rodas e impidiera la inscripción en las elecciones presidenciales del MLP. Con esta decisión se viola el derecho de un porcentaje importante de ciudadanos a elegir a la y el candidato de su preferencia y se afecta también la representación, que es un componente clave de la democracia, en tanto que se vetó la participación de la candidata indígena con mayor intención de votos.
Otro candidato excluido de las elecciones presidenciales es Roberto Arzú García Granados, postulado por el partido Podemos y a quien, con una confusa argumentación se le revocó la inscripción. En este caso puede considerarse que, en su discurso, Arzú se posicionó no sólo como crítico al sistema, sino reclamando autonomía frente a los grupos de poder, lo que le posibilitó subir en las encuestas. La revocación de su inscripción, que se realizó con procedimientos poco transparentes fue un mensaje para el conjunto de partidos y candidatos en cuanto a no salirse del guion y no desafiar a la coalición gobernante.
Finalmente, el candidato de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda que encabezaba a principios de mayo las encuestas para la presidencia, fue eliminado de la contienda junto con todos los candidatos de su partido en un proceso “fast track” promovido por el ex candidato presidencial Manuel Baldizón.
El uso espurio de la legalidad para excluir candidatos y/o amedrentar partidos y candidatos se ha continuado utilizando en distintos ámbitos, incluyendo diputaciones.
El hecho que estén pendientes las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre varios amparos presentados, introduce incertidumbre sobre el proceso electoral.
Los medios de comunicación
Con relación a los medios de comunicación, las elecciones de 2023 se dan en el marco de una profunda transformación de los medios y el predominio de las redes sociales. Pueden considerarse cuatro ámbitos de análisis: a) Los medios tradicionales independientes; b) el monopolio de radio y televisión; c) los medios alternativos; y d) las redes sociales.
Con relación a los medios tradicionales independientes, fundamentalmente los medios escritos, algunos canales de televisión abierta y algunas radios, se parte de reconocer que estos enfrentan una triple crisis. En primer lugar, la transformación global de medios de comunicación tradicionales como los periódicos impresos, cuya circulación se ha reducido y que deben competir con medios digitales y las redes sociales. Esta crisis ha interactuado con las dos que se abordarán a continuación, y han llevado a la digitalización de medios con una larga trayectoria como La Hora y El Periódico, que pasaron a un formato digital; mientras que la Prensa Libre ha intentado mantenerse a flote a costa de reducir costos y cobertura. En segundo lugar, y por razones políticas, los medios tradicionales enfrentan el boicot de sus anunciantes. Esta renuencia a pautar publicidad responde a presiones de otros actores políticos como el mismo gobierno o las cámaras empresariales; o, las preferencias políticas de los empresarios. El resultado ha sido un menor flujo de recursos para los medios.
Y, finalmente, la tercera crisis que enfrentan es la de la criminalización. A pesar de que anteriormente periodistas sobre todo de medios alternativos habían sido criminalizados, el caso de José Rubén Zamora constituyó un antes y después para el periodismo. A raíz de este caso varios periodistas han tenido que salir al exilio y otros han optado por bajar perfil y no abordar temas delicados. A pesar de esto, muchos medios tradicionales independientes han mantenido una cobertura profesional y bastante ecuánime del proceso electoral.
En este contexto, el viernes 12 de mayo de 2023 se anunció el cierre de El Periódico que, a pesar del cerco financiero y el encarcelamiento de su director logró migrar a una edición digital que logró mantener durante 283 días. El cierre de El Periódico constituye un golpe a la libertad de prensa, al derecho a la información, y es un grave mensaje para el resto de medios de comunicación y la ciudadanía.
Por su parte, el monopolio de la Televisión Abierta y las radios conexas a este conglomerado, jugaron un papel de primera línea en la ofensiva contra la CICIG y han contribuido a legitimar y justificar las ilegalidades y arbitrariedades cometidas desde 2018. En cuanto a la cobertura electoral, meses antes de la convocatoria a elecciones desde sus noticieros y a través de infomerciales contribuyeron a posicionar a las y los candidatos preferidos por las Redes Políticas y Económicas Ilícitas. Aunque las reformas a la ley electoral han tratado de controlar la pauta de publicidad en radio y televisión, es en la cobertura periodística de los noticieros donde se dan las asimetrías.
Con relación a los medios alternativos, particularmente los digitales, estos han florecido desde 2015, y presentan una amplia gama de enfoques y de periodismo en profundidad. La cobertura electoral ha permitido hasta el momento combinar la cobertura de la campaña electoral con investigaciones de fondo que permiten comprender los actores y poderes que están atrás de las principales candidaturas. El desafío para estos medios sigue siendo el alcance, y el acceso a un público más amplio.
Finalmente, las redes sociales se han convertido en las grandes protagonistas del proceso electoral. Mientras que las discusiones políticas se dan en twitter, que sigue siendo una red minoritaria en Guatemala, el intento de llegar a públicos más amplios y de manera más cercana se ha estado dando en tik tok. Ahora bien, existe una discusión abierta sobre cuanto las redes sociales contribuyen a moldear las preferencias políticas y si existe una correlación entre seguidores y likes y votos.
La estrategia de la coalición corporativa mafiosa frente al proceso electoral
Para la coalición gobernante, el proceso electoral es, ante todo, una oportunidad para consolidar el control que tienen de los organismos del Estado, el ejecutivo y el legislativo, y convertirse en actores decisivos para la integración de la CSJ y las cortes de apelaciones. Para lograr esto, y como se vio en las secciones anteriores, han hecho lo necesario para neutralizar posibles amenazas al statu quo.
Pese a este consenso compartido sobre la continuidad del estado de cosas y el control de la institucionalidad pública, se trata de una coalición de redes, que aunque desde 2018 se han venido coordinando, también contienden por cuotas de poder. En ese sentido, las elecciones también representarán un reacomodo de estas redes. La salida de Giammattei del ejecutivo posibilitará que un nuevo presidente tenga algún margen de acción y de decisión. Asimismo, el cambio en el legislativo definirá una nueva integración y número de bloques parlamentarios y, por lo tanto, la negociación de nuevas alianzas.
Frente a esta situación, la estrategia de las RPEI ha sido exacerbar las características del sistema político, para lograr la mayor cantidad de posiciones al menor costo posible en votos, pero empleando cantidades desproporcionadas de recursos. Una estrategia utilizada ha sido la pulverización del sistema de partidos políticos.
Guatemala Elecciones Generales 2007-2023
Como se muestra en el cuadro 2, existe un aumento significativo entre el número de partidos y candidaturas presidenciales que compitieron en los últimos 4 procesos electorales. A mayor número de partidos, la distribución de los votos es mayor, y se requieren relativamente menos votos para pasar a segunda vuelta electoral, y elegir diputados y alcaldes.
Aunque la competencia por la presidencia estaba limitada por los intereses de la coalición corporativa mafiosa, y eran pocos los candidatos que podían optar a una segunda vuelta electoral. El bloqueo de candidaturas y el rechazo a la imposición ha producido el crecimiento no esperado de ciertas propuestas presidenciales. Primero, Roberto Arzú, de Podemos, que tras empezar a crecer en las encuestas fue anulada su inscripción; y, recientemente el caso de Carlos Pineda, candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana. Aunque Prosperidad Ciudadana está formada también por RPEI y grupos de poder locales y regionales, su participación era secundaria. Sin embargo, la pulverización del sistema de partidos y la pretensión de imponer candidaturas “oficiales” de facto de la coalición gobernante, ha producido estas contradicciones y desafíos internos.
En ese marco, es para el congreso donde esta estrategia de fragmentación resulta más funcional. Las distintas redes están en capacidad de postular a sus candidatos a diputados por lista nacional y distritales, incluso por diferentes partidos. La mayor fragmentación del sistema de partidos puede en algunos casos disminuir el número de votos necesario para elegir un diputado en los distritos; y, el mayor número de bloques parlamentarios en el congreso hace que se eleven los costos de transacción. Para el próximo gobierno, mantener una mayoría parlamentaria como la que se ha dado en las últimas dos legislaturas significará negociar con un mayor número de interlocutores y, intercambiar prebendas.
Asimismo, la fragmentación posibilita que en la mayoría de los partidos políticos se reciclen grupos de poder regional que, tras la primavera del 2015 tuvieron que bajar perfil, pero que resurgen. Esto incluye desde estructuras de poder tradicional como los López Villatoro de Huehuetenango, los Arévalo de Totonicapán, los Quej de Izabal; los López de Quiché; los Castillo en Santa Rosa; personas que jugaron un papel central en la ofensiva autoritaria como Degenhart y Jovel; hasta grupos y personas ligadas a grupos criminales. El intento de los fiscales de los partidos políticos por evitar que en las papeletas aparezcan los nombres de los candidatos a diputados, confirma el interés en ocultar cómo los liderazgos tradicionales de estas estructuras vuelven para tomar el control del ejecutivo y de las municipalidades.
Ahora bien, para poner un funcionamiento dos docenas de partidos y centenares de candidatos a alcaldes y diputados, estas estructuras han recurrido a fuentes de financiamiento ilícitas, particularmente provenientes de la corrupción – ha sido ampliamente denunciado el uso de recursos públicos para la campaña electoral – y de estructuras criminales. Frente a esto, ni el TSE ni el MP han actuado de manera diligente.
Reflexiones finales
Como se señaló al inicio de este informe, Guatemala es considerada como una autocracia electoral, que está cada vez más cera de convertirse en una dictadura cerrada como puede ser la nicaragüense o la norcoreana. Sin embargo, el desenlace de los procesos políticos es determinado por la acción de los pueblos y de las personas. Al respecto, se considera que, las elecciones de 2023 pueden generar tres posibles escenarios: la consolidación de la dictadura corporativa mafiosa y el cierre de las vías democráticas para enfrentarlas; la contención de la ofensiva autoritaria y la posibilidad de reconstruir el espacio cívico; y, el inicio del rescate del Estado y la transformación del Estado.
El primer escenario, la consolidación de la dictadura y el cierre de las posibilidades de cambio democrático sigue siendo un escenario posible. El eventual triunfo electoral de las candidaturas más afines a la coalición gobernante, Zury Ríos y la coalición Vamos Unionista o Manuel Conde y el partido Vamos podría significar no solo la continuidad sino la profundización de la ofensiva autoritaria que el país viene enfrentando. A este dominio del ejecutivo se sumaría un congreso fraccionado en múltiples bloques, pero controlado por las RPEI. Esto posibilitaría la elección de altas cortes afines, la continuidad del uso político del MP, y el fortalecimiento de actores externos al sistema de justicia pero que parecen dominar su agenda, como la Fundación contra el Terrorismo. Con el antecedente de exclusión política de las últimas dos elecciones, la subordinación e incapacidad del TSE, y el uso de la política exterior para defender la impunidad frente a la comunidad internacional, se cerraría aún más el espacio cívico, y en las próximas elecciones solo podrían competir candidaturas afines al régimen. Sin embargo, como lo han mostrado las encuestas, la ciudadanía no ha aceptado la imposición. El candidato oficial, que cuenta con recursos ilimitados provenientes del Estado y el apoyo de decenas de alcaldes, no ha logrado despuntar en las encuestas, y más bien han sido candidatos menos directamente ligados a la coalición mafiosa los que han irrumpido (y han sido excluidos) del proceso electoral.
El segundo escenario, la contención, implicaría que la presidencia fuera alcanzada por candidatos y partidos con menos compromisos con la impunidad y dispuestos a detener la ofensiva autoritaria. Esto requeriría acciones en el congreso de una mayoría decidida a rescatar el Estado de Derecho, así como la acción decidida de la sociedad civil que posibilite un proceso transparente de designación de nuevas cortes, y nominación de funcionarios clave. Esto implicaría acuerdos mínimos entre actores políticos, sociales y empresariales para reconstruir el Estado de derecho y recuperar la institucionalidad democrática. Los cambios en la composición del congreso y el ejecutivo, podrían abrir oportunidades para este tipo de acciones.
El tercer escenario plantearía que los resultados electorales posibilitaran un cambio en el ejecutivo y el legislativo favorable al rescate del Estado y a la recuperación y transformación de la democracia. La fragmentación del campo progresista y la exclusión del MLP limitan este escenario, que es el más deseable pero el menos probable con la información disponible a 25 días de las elecciones generales.
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