El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido por el Congreso bajo la figura “permanente incapacidad moral” y posteriormente, detenido acusado de “rebelión” y de “quebrantar el orden institucional”. Previamente, Castillo había resuelto disolver el Congreso de la Nación, convocar a un “gobierno de excepción” e iniciar el proceso para una reforma de la Constitución. Esta decisión provocó la renuncia de integrantes de su propio gabinete que señalaron la iniciativa del mandatario como una acción golpista. Dina Boluarte, hasta ayer vicepresidenta de la nación, asumió al frente del Ejecutivo en reemplazo de Castillo y solicitó una “tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional”. Lucía Alvites, socióloga peruana, conversó con Marcha y reflexionó en torno a lo acontecido en las últimas horas en Perú.
Castillo disolvió el Congreso pero terminó siendo vacado por el propio órgano legislativo. ¿Cuál es tu lectura ante la destitución del presidente? ¿Fue una medida inconstitucional la del mandatario?
Hay que decir que toda la crisis política se ha presentado a partir del intento de golpe Castillo en horas de la mañana. Esto ha llevado a facilitarle al Congreso su estrategia golpista con lo que terminó vacandolo con 101 votos. Lo que Castillo hace es plantear una disolución del Congreso y un gobierno de excepción, lo cual estaba fuera de cualquier marco constitucional y no hubo una correlación de fuerzas en apoyo a esa decisión y Castillo fue vacado por el Congreso de forma constitucional. Fue anticonstitucional porque tendría que haber perdido dos cuestiones de confianza, es decir, que el Ejecutivo le pida al Congreso la confianza para poder implementar políticas públicas y que el Congreso se le negara dos veces. Con eso ya hubiera habido un cierre constitucional del Congreso que amplios sectores lo pedían. En Perú, el Congreso tiene menos del 10% de aprobación, es la institución más deslegitimada que hay.
Desde el campo popular en Perú se sostiene la necesidad de una reforma constitucional. ¿Te parece posible en este contexto? ¿Cuáles serían los próximos pasos?
Desde el campo popular, muchas voces y fuerzas estamos pidiendo nuevas elecciones. Es decir, el adelanto de las elecciones con una reforma que pase por referendo donde se incluya el tema de la nueva constitución. Entendemos que la salida de esta crisis debe ser una salida democrática, popular y estructural, con cambios de fondo.
En la región vemos cómo las derechas y el fascismo intentan limitar a los gobiernos democráticos a través del poder judicial y/o legislativo. ¿Se podría caracterizar de este modo el escenario peruano? ¿Cómo se relacionan los intentos de destitución de la figura presidencial en el proceso político que acontece en Perú?
El Congreso ha tenido, en articulación con los principales medios de comunicación y con el ministerio público, toda una estrategia golpista desde hace varios meses. Esa estrategia hoy ha tenido su primer desenlace con la vacancia de Pedro Castillo al final precipitada por el mismo anuncio de él. Lo que hay aquí es un guión repetido: El juicio mediático, la criminalización y la judicialización después con actores judiciales vinculados a fines políticos. Es lo que hemos visto en algún momento en Brasil con Lula, lo que vemos en Argentina con Cristina Kirchner y lo que hemos visto durante estos meses con Pedro Castillo y su entorno. Entonces es un lawfare a la peruana sí, un lawfare en todo un contexto donde se judicializa la política.
Foto: Presidencia de la Repúlica de Perú