Mientras Brasil define su rumbo político, la ciudad más poblada repite -en sus muros y en sus movilizaciones- una lucha común por la vivienda, que se escribe sobre todo en las consignas que acompañan la candidatura de Luiz Inacio Lula da Silva a la presidencia.
Estuvimos en dos de las ciudades más grandes de Brasil, San Pablo y Río de Janeiro. Allí, la lucha por el derecho a la ciudad se sostiene por diferentes movimientos, organizaciones e institutos que exigen la implementación de políticas reales frente a un estado que desaloja, precariza y marginaliza a les más pobres a la vez que mercantiliza el espacio urbano.
En esta nota, hablamos con la urbanista Raquel Rolnik, integrantes de ocupaciones populares del MST y FML y Henrique Frota del Instituto Pólis para analizar una de las problemáticas más invisibilizadas en la campaña y pensar los desafíos de cara a la segunda vuelta electoral del 30 de octubre.
Por Camila Parodi, Mariángeles Guerrero y Francis Lópes | Ilustración: Emitxin | Fotos: Julianite Calcagno
San Pablo es la urbe de los rascacielos y las carpas. La arquitectura de los edificios y las grandes avenidas encandila pero miles de personas viven bajo los puentes. Extienden cartones y frazadas grises, acampan sobre el pavimento y se abrigan al fuego bajo el cielo encapotado y la llovizna como parte del paisaje urbano.
Quienes reclaman por el derecho a vivir en una casa saben que no alcanza con planes de vivienda que les expulsen a los suburbios, donde el acceso a derechos básicos se complejiza y la vida se vuelve más precaria que en los centros urbanos. Por ese motivo, la organización que existe en torno al hábitat exige su derecho al “centro” con sus privilegios y conexiones.
De esta manera, diversos movimientos sociales llevan a cabo ocupaciones organizadas como una continuidad de las prácticas de toma de tierra comenzadas en la década del ´80 por el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Sin Tierra valiéndose de la Ley 188 sobre la función social de los inmuebles abandonados. Este accionar se replica en gran parte de las ciudades del país desde la década del noventa ante el avance del agronegocio y su consecuente desplazamiento de las comunidades rurales.
“Estamos viviendo una de las más graves crisis de vivienda de la historia”
Raquel Rolnik es arquitecta y urbanista brasileña. Ha sido Directora de Planeamiento del Municipio de San Pablo entre 1989 y 1992 y Secretaria Nacional de los Programas Urbanos del Ministerio de las Ciudades en el primer mandato de la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva en 2003. Desde el año 2008 hasta el 2014, fue relatora especial de las Naciones Unidas sobre vivienda adecuada.
Hablamos con ella en el marco de las elecciones en Brasil frente a la compleja situación de vivienda que atraviesan millones de personas en el país. Una de las primeras preocupaciones se centra en la falta de propuestas claras por parte de los candidatos más votados en la primera vuelta electoral, Lula da Silva y Jair Bolsonaro, el tema de vivienda no está en ninguno de los dos programas. Mientras que el primero propone retomar el plan “Mi casa, mi vida” como respuesta únicamente asistencialista, Bolsonaro propone continuar con el programa de la “casa verde-amarilla” orientado únicamente a las capas medias de la población.
Si bien, la arquitecta aborda la problemática de la vivienda desde hace muchos años sostiene que en la actualidad se está viviendo “una de las más graves crisis de vivienda de la historia”. En ese sentido, expresó con preocupación que existe “una cantidad absolutamente inédita de gente viviendo en las calles”. Sin embargo, destacó también, “una multiplicación de nuevas ocupaciones de edificaciones vacías”.
Pero la situación es más compleja, a la par del proceso de precarización “tenemos uno de los mayores booms inmobiliarios de la historia de la ciudad” explicó Rolnik. “Nunca se construyeron tantos metros cuadrados de área residencial nueva”. Esto se debe a la financiarización de la vivienda, es decir a su incorporación en el mercado que, para la arquitecta, se organiza en base a la disponibilidad de capital financiero: “Vemos que está dirigido al ladrillo por la falta de rentabilidad de otras de otras acciones financieras y, también, porque son capitales con expectativas de largo plazo” sostuvo.
De esta manera, el gigante brasilero atraviesa una paradoja que no es ajena a los demás países de la región: “Hay un plus de capital financiero excedente volcado a la inversión en el espacio construido. También hay una valorización de los precios inmobiliarios, de venta y una subida de los alquileres. Esto provoca cada vez más desalojos por la falta del pago del alquiler” explicó Rolnik.
Finalmente, agregó que, desde un punto de vista urbano, hay otra crisis muy importante en torno al transporte público. Porque “los sistemas de bus están concesionados con privados” y que, “la mezcla entre crisis económica y la pandemia generó la disminución de la circulación de la gente. Por lo tanto, las tarifas y el modelo económico de la circulación colapsó junto a la crisis de la crisis de transporte y de vivienda” expresó. Por lo dicho, para la arquitecta resulta imprescindible en este contexto la emergencia de “un movimiento en torno al derecho a la ciudad y al transporte”.
“Con esta ocupación queremos mostrar que el Estado está fallido”
En las ciudades más pobladas de Brasil la precarización de la vida se despliega como un contraste en las calles. En las grandes avenidas conviven suntuosos rascacielos y carpas donde la gente sin vivienda trata de sobrevivir. La luta pela moradia (lucha por la vivienda) es una de las demandas más resonantes en el marco de la contienda electoral. Diferentes organizaciones sociales decidieron, en los últimos años, ocupar edificios ociosos para demostrar en la práctica que si hay familias sin techo es por decisión política.
A metros de la Avenida Paulista, la principal de San Pablo, la ocupación Penhas Pietra’s recuperó hace seis meses un hotel abandonado de once pisos que quebró en la pandemia. Hoy alberga a 40 niñes y 60 familias, cada una integrada por dos a cinco personas, y es una de las 28 ocupaciones que en San Pablo integran el Frente de Lucha por la Vivienda (Frente de Lutta pela Moradía, FML).
“Aquí hay una lucha, no solo una vivienda barata. Con esta ocupación queremos mostrar que el Estado está fallido, que el sistema no está funcionando y que hay familias que pasan hambre y que están en la calle mientras hay inmuebles vacíos. Hay un trabajo para generar la conciencia de que este es un lugar de lucha por la vivienda definitiva. La gente tiene un prejuicio sobre quienes habitamos las ocupaciones y es que somos vagabundos, gente que no trabaja, traficantes, pero la mayoría somos mujeres jefas de las familias. Las mujeres están al frente de las ocupaciones porque tenemos hijos y tenemos que alimentarlos. Queremos visibilizar que somos mujeres trabajadoras luchando por nuestros derechos”. relató Giulia Assunçao, una joven de 24 años que nos recibió en la ocupación.
Según la Constitución Nacional de Brasil de 1988 todas las personas tienen derecho a la vivienda, pero esos derechos no se cumplen. Durante este año y hasta el próximo 28 de octubre los desalojos están frenados, pero luego de esa fecha las demandas de los propietarios de los inmuebles abandonados seguirán su curso judicial y las personas que recuperaron esas construcciones pueden volver a las calles.
Explican desde la ocupación que durante la pandemia en San Pablo hay al menos 25 mil personas en las calles: “Desde ese momento hay familias enteras en las calles y no hay avances en materia de políticas habitacionales”.
“La ciudad es un derecho, tenemos derecho a una vida en el centro”
La ocupación Vito Gianotti inició el 15 de enero de 2016. Se encuentra ubicada en el morro do Pinto del barrio puerto de Río de Janeiro. Referente en el tema urbanístico del estado, la ocupación inició el 16 de enero de 2016, con la llegada de 28 familias al edificio del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). Actualmente, el lugar alberga a unas 25 familias y recibe grupos y movimientos de toda América Latina para sus actividades.
Desde sus inicios, esta ocupación es construida por la Central dos Movimentos Populares (CMP), el Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) y la Unión Nacional de Vivienda Popular (UMP), que también se articula con otros movimientos, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
“La ciudad es un derecho, tenemos derecho a una vida en el centro: eso implica obtener y acceder a los beneficios que la ciudad otorga para nacer, educarse, recrearse, alimentarse, entre otras. No una política que nos manda a la periferia y nos margina de la ciudad. Tenemos derecho de vivir cerca del estudio y el trabajo. Si hay tantas edificaciones abandonadas, esa es nuestra lucha” explicó Pablo Vergara, referente de la ocupación en Río de Janeiro.
Las ocupaciones transforman la vivienda es una experiencia colectiva de resistencia. No solo son lugares para dormir, sino para socializar las tareas de cuidado y para crear conciencia de que tener una casa es un derecho, pero no basta con políticas que construyan hogares lejos de los centros urbanos. Ante la amenaza de los desalojos, el día a día se construye con la certeza de que los beneficios de las ciudades y sus servicios no pueden ser para unos pocos.
“No hay hoy en Brasil alternativas en materia de vivienda pública”
El Instituto Pólis de San Pablo es una organización de la sociedad civil que aborda el derecho a la ciudad como un derecho humano y colectivo. Desde esta perspectiva, sostienen que el derecho a la ciudad es intergeneracional ya que concierne tanto a quienes la habitan hoy como a las generaciones futuras. De forma que se convierte en “un compromiso ético y político de defender un bien común esencial para una vida plena y digna frente a la mercantilización de los territorios, la naturaleza y las personas”.
Para conocer su mirada, hablamos con el abogado e investigador, Henrique Frota. Fue director y secretario ejecutivo del Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico (IBDU) entre 2009 y 2017. Desde 2015, integra el equipo de programa del Instituto Pólis, ocupando actualmente el cargo de coordinador ejecutivo. Desde 2018 es asesor de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.
Para el investigador del Instituto Pólis, hablar de este derecho en ciudades como San Pablo y Río de Janeiro, unas de las más grandes de Brasil y con mayores poblaciones, nos permite comprender cómo se produce la desigualdad en las ciudades. “Nuestro proceso de urbanización históricamente dejó ciudades que excluyen a su población, especialmente a las personas pobres. No solamente por una cuestión de ingresos: son ciudades que también excluyen a las mujeres y a LGBT de los espacios públicos, en las que hay mucha violencia urbana, donde hay mucha violencia contra estas personas, especialmente aquellas que son racializadas” manifestó.
Frota, explica que si bien “este proceso de exclusión territorial está muy marcado en San Pablo o en Río de Janeiro también ocurre en otras ciudades del país” ya que es un problema estructural. En ese sentido, sostuvo que para lograr el derecho a la ciudad “necesitamos enfrentar la situación de desigualdad porque no es un derecho que unos tienen y otros no, es un derecho colectivo”.
En San Pablo y Río, además, vemos una radicalización de las violencias: “Hay un problema de violencia pública que ejercen oficiales de la Policía contra jóvenes negros. Hay un problema con los milicianos que controlan grandes territorios, entonces el derecho de ir y venir y de manifestarse políticamente en muchos de los territorios de nuestras ciudades están cada vez más limitados porque hay un control muy grande de estos grupos milicianos o de narcotraficantes”.
Para el investigador la historia del país configuró una estructura social particular que hoy se visibiliza en cada desigualdad o violencia: “Este es un país que por muchos años tuvo una economía basada en la esclavitud de las personas, entonces aquí la sociedad se constituyó a partir de una jerarquía entre las personas blancas con privilegios y las personas racializadas que no tenían derecho si quiera a votar o a tener salarios equitativos. La Constitución de 1988 garantiza los derechos de estas personas pero la sociedad aún reproduce esas estructuras de discriminación y las ciudades son frutos del proceso racista de la sociedad brasileña” explicó.
Esta situación se acentuó durante el desgobierno de Jair Bolsonaro ya que desde su inicio, denuncia Frota, “canceló todos los programas de vivienda”. Y sostuvo: “hoy en Brasil no hay alternativas en materia de vivienda pública. El otro retroceso tiene que ver con los derechos de las mujeres, que están cada vez más desempleadas y pobres y esto afecta su derecho a la ciudad. Las políticas de movilidad tampoco avanzaron en estos años ni tampoco la política de residuos”.
Los últimos datos oficiales de vivienda datan del censo de 2010 por lo que no hay datos actualizados. Sin embargo se estiman que son más de cuatro millones de familias sin hogar en todo el país. “La solución no es construir más hogares lejos de los centros de las ciudades sino urbanizar y mejorar integralmente los barrios y asegurar la tenencia de la tierra”, aseguró Frota.
De cara a la segunda vuelta electoral del próximo 30 de octubre, los desafíos en materia de vivienda y hábitat son múltiples. Para el investigador, la llegada del PT al gobierno podría habilitar la creación de políticas públicas para enfrentar la exclusión social, racial y de género que atraviesa Brasil. Pero no sólo eso: “El desafío es más grande porque el cambio climático y la crisis energética se hacen sentir cada vez más y las personas están perdiendo cada vez más sus hogares y el gobierno debe transversalizar y trabajar en este sentido” manifestó el investigador.