Ante la crisis de violencia y Seguridad Pública que atraviesa la provincia de Santa Fé, y particularmente la ciudad de Rosario, el Frente para la Ciudad Futura presentó ayer el proyecto Ley General de Víctimas. Un llamado urgente para una situación agobiante. Objetivos y alcances de la iniciativa.
Ya hace algunos años, la ciudad de Rosario se encuentra en el centro de la atención nacional a partir del crecimiento pronunciado en la tasa de homicidios, que actualmente cuadriplica la media nacional. El enquistamiento de bandas narcos en los territorios como subproducto de una economía que encuentra delgadas y franqueables líneas al momento de volcar esos enormes dividendos en el mercado formal, es apenas una pista para desentrañar una situación en la que la corporación policial se constituye, casi por definición, en un organismo omnipresente para desentrañar los lazos de participación y regulación del delito y la impunidad.
En este contexto, el Frente para la Ciudad Futura -espacio político conformado por el Movimiento Giros, el Frente Popular Darío Santillán y el Partido para la Ciudad Futura- presentaron una iniciativa con antecedentes internacionales denominada Ley General de Víctimas. Juan Monteverde, militante del Movimiento Giros y el Partido para la Ciudad Futura, y Pedro “Pitu” Salinas, militante del Frente Darío Santillán, explicaron sus alcances:
– ¿Cómo surgió la iniciativa de la Ley General de Víctimas, de qué experiencias se nutre?
Juan Monteverde (JM): la idea está inspirada en la ley mexicana y colombiana y tiene como objetivo dar un nuevo estatuto que proteja a las víctimas evitando su re victimización, y que al mismo tiempo evite que las estrategias de seguridad generen más violencia a la ya instalada; esto hoy en Rosario es más que significativo si atendemos el intenso despliegue de fuerzas nacionales que existe en nuestros territorios.
Además, la víctima, en el peor momento de su vida, se topa con lo más alejado y cerrado del Estado: el poder judicial; o en su defecto, la policía. Ninguno se caracteriza por la contención y la cercanía. Históricamente en Argentina las víctimas recorren solas las calles exigiendo justicia, a veces llegando a generar grandes procesos políticos como lo hicieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, otras veces abandonando la lucha en un solitario cansancio. En Rosario el paradigma lo marcó la lucha del Movimiento 26 de Junio (Frente Popular Darío Santillán) y los familiares de Jere, Mono y Patom. La bisagra del Triple Crimen de Villa Moreno marca el camino a seguir. Como contracara, son cientos los casos donde, al no contar con una organización detrás, las víctimas sucumben. Al silencio y la ausencia abrupta que produce la muerte, se le suma el silencio de la impunidad, el desconocimiento y el olvido social.
– ¿Cuáles son los fundamentos del proyecto?
Pedro Salinas (PS): en líneas generales la iniciativa, abierta a un profundo debate social, brinda a las víctimas directas e indirectas una inmediata asistencia estatal y se basa en los principios de verdad, justicia, asistencia, reparación y no repetición. El Estado pone a disposición de las víctimas todos sus recursos, les da preferencia e inicia un proceso de empoderamiento y organización. Incluye desde la asistencia más inmediata como los servicios fúnebres (hecho no menor en los territorios) hasta la garantía de vivienda y trabajo, incluyendo el derecho a ser resarcidos. El concepto de reparación integral busca que no sólo sea una reparación económica sino social en su más profundo sentido. Garantiza nuevos derechos como la reparación integral, la asistencia inmediata, el derecho a mejorar su situación y a ser reconocidos y reparados simbólicamente.
Operativamente la ley crea, como ente autárquico, la Unidad de Empoderamiento de Víctimas que se encarga de recibir los casos, evaluar el ingreso al registro, proponer y ejecutar estrategias de empoderamiento. Independientemente de esto, la ley que proponemos posee una dimensión preventiva que se suma a los conceptos de las leyes colombianas y mexicanas que actuaron sobre el hecho consumado. Al complejizar el concepto víctima/victimario, la ley de víctimas funciona de alerta inmediata ante casos de violencia generados por las estrategias de seguridad estatal. Ayudando no sólo a evitarlas y sancionarlas, sino a corregirlas.
(JM): además, la ley crea expresamente dentro de la unidad un órgano consultivo de diseño de políticas único en la provincia, que garantiza la multiplicidad de miradas y sectores. Este órgano de evaluación y promoción de políticas contra la violencia urbana estará integrado por representantes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, organizaciones sociales, universidades y periodistas. Entendiendo la complejidad y la corresponsabilidad de la acciones a emprender.
(PS): La Ley General de Víctimas es una apuesta de parte de nuestros movimientos. Es la intención por intervenir desde una cultura de izquierda en la agenda de Seguridad Pública, evitando la denuncia vacía, superando las posturas cómodas y proponiendo, como siempre, un puente entre esta realidad que vivimos y la Ciudad Futura que soñamos. Convencidos, como siempre, de que “inventamos o erramos”.