La violencia, simbólica pero también física, es una de las problemáticas de vulneración de derechos políticos rumbo a las elecciones del próximo domingo en Brasil. El miedo no es una sensación y el 79 por ciento de las personas teme ser agredida por su posición política. Sin embargo, el desafío también está en comunicar los hechos sin caer en la pedagogía de la violencia o la crueldad.
Por Francis Lopes y Laura Salomé Canteros. Foto: Julianite Calcagno. Cobertura #NosotresSim en Brasil
La primera vez que el Senado Nacional de Brasil tuvo un baño para las mujeres fue en 2016. Para ese entonces, la institución tenía 56 años de existencia. 56 años de exclusión y barreras que mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries y negrxs lucharon por romper y derribar a fuerza de trabajo colectivo para llegar al poder. En ese mismo año, la primera mujer presidenta de la historia del país, Dilma Rousseff, fue expulsada del Ejecutivo en otro capítulo de los golpes parlamentarios de América Latina. Como si hubiera tenido que pagar una deuda por todos los avances concretados a lo largo de los años. Fue preámbulo del ascenso de la derecha fascista y misógina junto al femicidio político, en marzo de 2018, de Marielle Franco.
La violencia, simbólica pero también física, es una de las problemáticas de vulneración de derechos políticos rumbo a las elecciones del próximo domingo en Brasil. Es una consecuencia del fascismo en el poder y contando con los recursos del Estado y del Poder Ejecutivo que tiene a Jair Bolsonaro al frente. Además, evidencia que la llamada “segunda ola progresista” debe enfrentarse a escenarios más que complejos en toda la región: polarización de los debates y desinformación, concentración de los medios de comunicación, militarización de los territorios, criminalización de las juventudes y destrucción de los bienes comunes.
El miedo no es una sensación. Es el producto de un conjunto de esas prácticas que se ponen a disposición para generar un clima determinado en un espacio y tienen su correlato en los cuerpos de quienes allí habitan. Eso pasa actualmente en el país más grande de Sudamérica, en el contexto de una elección determinante en la historia democrática local y regional. Incluso estas formas tienen una categoría y una forma de denominación aquí. Se les llama “políticas de muerte”, tal como se puede leer en los panfletos y escuchar en los discursos de les candidates de las distintas organizaciones políticas y sociales que apoyan al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva para un tercer mandato en la presidencia.
Se percibe en el aire, se ve en mayor o menor medida dependiendo del lugar y lo muestran los números. Según una encuesta de DataFolha, dada a conocer el pasado 16 de septiembre, el 79 por ciento de las personas teme ser agredida físicamente por su posición política. La muestra consistió en encuestar a 2100 personas mayores de 16 años de todo el territorio nacional entre el 3 y el 13 de agosto.
Un estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro calculó 1209 ataques a políticos ocurridos desde enero de 2019, el primer mes del gobierno de Bolsonaro, hasta junio de este año. Solo en 2022, 45 líderes políticos fueron víctimas de homicidio. En total, estimaron que los casos de violencia política crecieron en un 335 por ciento en los últimos tres años. Se identificaron 214 registros en el primer semestre de 2022, mientras que el país tenía 47 casos en el mismo período de 2019, año en que se inició el estudio.
Los resultados no parecen ser casuales. El desafío también está en comunicar los hechos sin caer en la pedagogía de la violencia o la crueldad. Generar relatos que echen por tierra la posibilidad de celebrar a un torturador como Carlos Alberto Brilhante Ustra, que estuvo a cargo de centros clandestinos de detención durante la última dictadura y fue celebrado por Bolsonaro en el discurso que dio en 2016 cuando el Parlamento echó a Rousseff de la presidencia por una “pedalada fiscal” una decisión de política económica común en todos los gobiernos.
El problema con la cuantificación de los “casos” es la despersonalización de las historias. Generar una distancia tal que no lleve a la acción. Detrás de cada número, hay una persona. Una historia de un militante, de una señora o de unx candidatx, así como detrás de cada acción violenta hay un mensaje dirigido a la propia persona atacada, a su círculo afectivo y militante y al resto de la sociedad. Porque los sueños personales son también colectivos.
Son varias las historias que resonaron en los medios de comunicación desde que la campaña se intensificó, entre junio y julio de este año. Uno de ellos, fue el de Marcelo Arruda, un petista que celebraba su cumpleaños en Foz de Iguazú cuando fue asesinado a tiros por el policía criminal bolsonarista Jorge Guaranho.
Antes de ese episodio, el 15 de junio, un dron había lanzado veneno sobre el público que esperaba el acto de Lula, en Uberlândia, Mina Gerais. El 7 de julio lanzaron una bomba casera con heces al público en un acto de Lula, en Río de Janeiro. A principios de septiembre, un hombre se grabó a sí mismo mientras le negaba un plato de comida a una señora en situación de calle por declararse votante del PT. En Rio Grande do Sul, un empresario bolsonarista persiguió y chocó con su camioneta a la candidata por el PT: Cleres Maria Cavalheiro Revelante.
En los últimos días, Guilherme Boulos, candidato a diputado federal por el PSOL, fue interceptado por un grupo de bolsonaristas en un acto propio en San Pablo. La policía intentó detenerlo en lugar de a sus atacantes. El diputado nacional del PT y candidato a renovar su banca Paulo Guedes fue atacado a tiros por un integrante de la Policía Militar, Dhiego Souto de Jesús, de 30 años. El policía disparó tres veces contra él y otras personas en un mitín que realizaron en Minas Gerais. “Acabo de sufrir un ataque. Bolsonarista disparó tres tiros contra el auto en el que estaba, durante una caravana en Mina Gerais. ¿Hasta dónde llega este odio?”, escribió Souto de Jesús en sus redes sociales.
En este contexto, el Sindicato de Periodistas de San Pablo reportó casi tres millones de posteos con contenido ofensivo y agresivo contra comunicadorxs (2.865.845 en un estudio realizado por Reporteros Sin Fronteras, el Laboratorio de Estudios Sobre Imagen y Cibercultura de la Universidad Federal de Espírito Santo). El presidente Jair Bolsonaro fue el principal agresor hacia la prensa en 2021, con 147 casos registrados, lo que equivale al 34,2 por ciento de las agresiones.
Las mujeres son el 40 por ciento de las víctimas de ataques a periodistas en Brasil. El 55,7 por ciento de los ataques hacia ellas se originan o repercuten en internet, y el 25,7 por ciento están relacionados con la cobertura electoral.
Mientras que la consigna dentro del PT y de los partidos aliados es no responder a las agresiones, en julio el Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos, que agrupa a 45 organizaciones y movimientos sociales, publicó una guía básica para ayudar a combatir y denunciar estos hechos. El documento “Guía Práctica: Protección de la Violencia Política para Defensores de Derechos Humanos” se divide en tres ejes: percepción, protección y rendición de cuentas, y es útil tanto para candidates como para las personas que sufran este tipo de actos.
Por su parte, las centrales sindicales brasileñas se reunieron con las autoridades del Tribunal Superior Electoral (TSE) para solicitarle que tome todas las medidas de seguridad necesarias este domingo. Estuvieron la Central Única de los Trabajadores (CUT), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Central de Trabajadores de Brasil (CTB) y se sumaron la Nueva Central Sindical de Trabajadores (NCST) y la Central de Sindicatos Brasileños (CSB). “Es dramático que tengamos que enfrentar este tipo de retrocesos en el patrón de relaciones políticas cuando concebimos que el respeto y la tolerancia son la base para el libre ejercicio del derecho de opinión y elección del voto”, dice el documento que entregaron.
Según la encuesta ya mencionada de Datafolha, este contexto podría alejar de las urnas al 9 por ciento de la población brasileña en los comicios del 2 de octubre. Sin embargo, los espacios y las muestras de resistencias se pueden encontrar y ver hasta en la tierra bolsonarista de Río de Janeiro. En la Roda de Samba Pedra do Sal -un sitio histórico y religioso, cuna de la samba que supo ser una aldea quilombo, ubicado en Saúde, en la zona del puerto de Río- en donde entre bailes, tocadas, fiestas y cervezas les candidates hacen campaña, te llenan de calcos de ellxs mismxs y de Lula. Ahí, por ejemplo, a cambio de la caipiriña, existe la “caipiLula”. La gente lleva las calcos pegadas en el cuerpo o en la ropa, así caminan por la calle, van y vuelven de trabajar. Es la rebeldía hecha campaña.
En las grandes ciudades, la resistencia popular se transformó en campaña en las calles y cada acto es político electoral. Al miedo de los asesinatos políticos producto del odio fascista, activistas, militantes y ciudadanía empática, responden con la reconciliación con la representación partidaria. Un pacto de época para derrotar al fascismo y un mensaje de pueblos que se resisten a ser mero electorados para convertirse en sujetos activos de las transformaciones. Solo de esa forma habrá reconstrucción. También democracia.