Hoy se realizó en Casación Penal la audiencia por apelación de la condena contra Cristian Aldana que no está firme. Tras más de 10 años de proceso judicial, la revictimización sobre las denunciantes debe activar un nuevo nivel: la efectivización de una reparación histórica a sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia.
Por Ariell Carolina Luján* | Ilustración: Lourdes Reinaga
El 12 de julio de 2019 y tras un año y dos meses de audiencias en los Tribunales de la calle Paraguay en la ciudad de Buenos Aires, Cristian Aldana, ex músico, era condenado por “corrupción de menores reiterado” y era el veredicto del juicio que marcó una era, la del “ya no los callamos más”. Fue precisamente en esa sala de lectura de sentencia en que el Tribunal Oral en lo Criminal 25, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Ana Dieta de Herrero y Rodolfo Bustos Lambert, rechazó en primer lugar el planteo de nulidad efectuado por la defensa del condenado. Sin embargo, hoy, en la audiencia de apelación que tuvo lugar en Casación Penal, en la calle Talcahuano, esta fue una de las cuestiones a considerar.
Pero hubo más, porque la definición política de interpelar a los poderes sigue viva. Tras más de 10 años de organización y proceso judicial, la revictimización sobre las personas denunciantes requiere un nuevo nivel de responsabilidad institucional: la de la efectivización de una reparación histórica a sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia. Recuperamos el texto que se presentó hoy porque lo judicial también es político y colectivo.
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El día martes 22 de mayo de 2018, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°25, comenzó la recta final de un largo proceso judicial que nos atravesó profundamente en la totalidad de las áreas de desenvolvimiento personal y social a todas y todes las y les denunciantes y testigos damnificades en la causa caratulada “Abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con corrupción de menores” contra Cristian Aldana, quien cumple una condena de 22 años lograda colectivamente luego de un gran esfuerzo psicoemocional, físico y económico por parte de todas las denunciantes y testigos.
En esta instancia de apelación observo urgente expresar mi visión al respecto, dando cuenta de lo que significa para lxs sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y adolescencia que la condena aún no esté firme, y el proceso judicial no se cierre definitivamente.
Mis primeras denuncias datan del mes de abril del año 2011, las cuales fueron desestimadas y archivadas. En septiembre del año 2015 realicé una pancarta para visibilizar el caso y meses después apareció un blog utilizando mi proclama para denunciar públicamente también los abusos sexuales, emocionales y psicológicos cometidos por el sujeto. En abril del año 2016, ingresó en la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) mi cuarta denuncia por las mismas causas anteriormente mencionadas. Al día siguiente, se sumaron 6 denuncias más en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM).
Un recorrido de más de 10 años pidiendo justicia por los hechos que vivenciamos siendo todas y todes menores de edad. Los testimonios, tanto los expuestos en el sistema judicial mediante denuncias, como los más de 100 expuestos en redes sociales, declaran en su gran mayoría que los hechos fueron consumados siendo menores de edad, entre 11 y 18 años precisamente. Hoy en día existen diversos estudios que demuestran el estado de shock y trauma que generan los abusos sexuales, específicamente en menores de edad, y las múltiples consecuencias que luego se desarrollan a lo largo de toda la vida, con dificultades diversas, psicoemocionales y físicas para un desenvolvimiento sano en la cotidianeidad, tanto en sus áreas personales como sociales. Cito a la psicóloga social Sandra Barilari, especializada en derechos de las niñeces y adolescencias, quien en su libro “Efecto Dominó” ahonda e investiga esta problemática y sus devenires para facilitarles una mayor comprensión de lo que nos sucede frente a esta audiencia: “Traigo el concepto general de trauma psicológico para poner más luz y no perder de vista que estamos hablando de un profundo daño que ocasiona la desestructuración de la persona, por la imposibilidad de ser tramitado, sobrepasando las capacidades de la víctima de violencia sexual, en cualquiera de sus formas. Los traumas más comunes resultan en una ruptura en el sentimiento de seguridad básico. Una carencia de interacción humana necesaria. Ser objeto de expresiones excesivas e inadecuadas de agresividad y/o sexualidad. Algunas secuelas, síntomas y consecuencias del trauma por abuso sexual y violación son alteraciones en la autopercepción, como vergüenza, culpa, sentimiento de invalidez, alteraciones de la consciencia, como amnesia o hipernesia, disociación, despersonalización y alteraciones en las relaciónes sociales como aislamiento, falta de confianza, fracasos repetitivos en la autoprotección (…)”.
Todas las denunciantes fuimos diagnosticadas en los peritos psicológicos y psiquiátricos con estrés postraumático y con ésto a cuestas nos hemos predispuesto a respetar el proceso judicial sin perjudicar de ninguna manera su desarrollo. Siendo evidente en múltiples ocasiones el caso completamente contrario con el denunciado y su representante.
En esta instancia, me parece de extrema importancia que se tengan en cuenta los niveles altísimos de revictimización constante al que estuvimos y estamos expuestas, siendo una vez más objetos de abuso psicológico por parte del condenado. No sólo hemos soportado la revictimización del extendido tiempo hasta que nuestras historias fueron escuchadas, luego el largo proceso del juicio producto de las diversas incompetencias del denunciado y su letrado, elaborar lo que conlleva volver a nombrar nuestras historias traumáticas y cruzarnos personalmente con él, sus familiares y amigos, muchísimos de ellos cómplices y coautores, lidiar con la mediatización muchas veces ultra revictimizante, la agresión continua de fans y familiares del condenado hacia todas nosotras antes, durante y aún en la actualidad, batallar en nuestra vida personal con los síntomas antes expuestos, resultados del alto grado de trauma que todas vivenciamos, y las imposibilidades para acceder a un trabajo que contemple esta situación, terminando la mayoría sin poder ir a las audiencias, o trabajando de manera informal con muy bajos ingresos para poder acceder a lo que debería ser un derecho para nuestra reparación histórica: asistir a las audiencias, obra social, asistencia psicológica y psiquiátrica, alimentos, viáticos y un hogar.
Más allá del debate sobre cuándo, qué y cómo actuar con presos, estamos hablando especificamente de condenados por abuso sexual cuando éramos menores de edad, y en un marco social ultra patriarcal, necesitamos que el sistema judicial revise y accione frente a los diversos beneficios que el sujeto tuvo, y que aún busca perpetrar, en contraposición con las enormes e injustas dificultades que atravesamos las denunciantes, antes, durante y luego del proceso judicial. En esta oportunidad, en la que se me otorga hacer llegar mi voz y perspectiva sobre el pedido de nulidad del condenado, quisiera agregar a todo lo expuesto la problemática profunda y de variados aspectos que significa y representa que el denunciado y condenado pueda seguir accediendo sin ningún tipo de revisión (para evitar violentas revictimizaciones que detonan nuestros síntomas) a notas periodísticas donde expresa tácitamente que mentimos, entre otras actividades como realizar la grabación de un disco, consumando mensajes que ya hemos demostrado que son peligrosos porque vienen de un agresor psicológico, físico y sexual, psicópata y narcisista, diagnosticado por los propios peritos de este proceso judicial. Además de perpetrar su impunidad, trayendo una enorme desprotección y desamparo a sus víctimas, siendo ésta una de las maneras para cooptarnos cuando éramos menores de edad. Sin dejar de mencionar, lo peligroso que llega a ser que siga accediendo a la comunidad menor de edad, a través de un lenguaje artístico, en este caso, la música.
Cabe destacar que la jueza Ana Dieta de Herrero votó en disidencia y consideró que debía condenarse a Aldana a la pena de 35 años de prisión, pido que este punto sea revisado y tenido en cuenta junto con la apertura e inclusión de los dos casos desestimados por prescripción.
Nuestra disposición para colaborar con el proceso judicial estuvo y está a la vista, pero también es importante expresar la necesidad urgente de que la condena quede firme y que éstas instancias cesen, para poder seguir con nuestras vidas sin este pesado proceso aún a cuestas. También invitamos a que puedan revisar la cantidad de falencias que existen para acompañar y proteger a denunciantes y sobrevivientes de abusos sexuales, a razón de hacer de este proceso, ya doloroso de por sí, menos revictimizante. Muchas gracias por esta oportunidad para expresarnos frente a esta apelación, con todo lo expuesto, considero que ningún beneficio debería ser dado al condenado, que el pedido de nulidad del juicio es incompetente, y por el contrario, que con urgencia este proceso termine por cerrarse.
*denunciante, activista y escritora. Corrección final del texto: Lau del Hoyo D´Onofrio
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