Por Laura Salomé Canteros.Desde noviembre del año pasado, Ezeiza, terruño de uno de los paladines de la mano dura, Alejandro Granados, es ciudad “pro- vida”. Son unas 40 ciudades en todo el país que pretenden negar el acceso al aborto de las mujeres.
Ciudad de pasajeras y pasajeros en tránsito, de trabajadores y trabajadoras golondrinas, Ezeiza parece ser el fin del Conurbano y salida del país. Ubicada a casi 50 kilómetros al sudoeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es capital del municipio homónimo desde el año de su fundación, 1994. Aunque joven, este territorio ya se erigió antidemocrático porque tuvo un sólo intendente en su historia: Alejandro Granados.
Conocido como el “sheriff” del Conurbano, el único intendente de Ezeiza es el actual ministro de Seguridad bonaerense y uno de los máximos representantes del paradigma de la “mano dura”. Fue menemista, duhaldista, hoy kirchnerista y mañana será sciolista o massista; poco importa, Granados es un fiel representante de lo que un “patrón de estancia” era en los ´90; destila impunidad y corrupción, opulencia y demagogia; bigote o patilla –da lo mismo-, su década al frente del poder concentrado del municipio ahora se tiñe de misoginia y es garantía de inseguridad para las mujeres. Está en contra de la reforma al Código Procesal Penal porque considera que aliviana las penas a quienes delinquen, se pasea armado por las calles de “su ciudad”, es amigo del asesino de un luchador en uno de los primeros piquetes en la zona y ahora, a través de una ordenanza de un Concejo Deliberante hecho a su medida, se declara en contra del derecho al aborto.
Las ciudades “pro- vida”, una campaña que niega derechos
Producto de la complicidad de poderes encumbrados que pretenden someter Estados –nacionales, provinciales y municipales- a mandatos y fundamentos de iglesias, los patriarcas reunidos tras el dominio y el abuso fundamentalista de la fe, lograron que ya se declararan “pro vida” ciudades y localidades de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Neuquén y Corrientes; pero Ezeiza sería la primera urbe que se niega a respetar el libre designio de las mujeres en el Conurbano bonaerense. Una clara reacción contra el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria de los embarazos.
La ordenanza que declara a la ciudad de Ezeiza como “pro- vida”, fue iniciada por un sacerdote de la parroquia local, Jorge Beigbeder, y votada en forma unánime por las y los concejales del municipio el 21 de noviembre de 2013. Considera que conforme a los Derechos y Garantías en la Constitución Nacional (CN) y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se consagra el “derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y promueve el “desarrollo humano en una democracia participativa y pluralista fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justica y los derechos humanos”. Establece que “el pueblo de Ezeiza se identifica con los inviolables e inalienables derechos del hombre” y se basa –entre otros- en el artículo 63 del Código Civil de la Republica Argentina que menciona que “son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno”. Se fundamenta además en los fallos 323 y 1339 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresa que “el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva y que resulta garantizado por la Constitución Nacional, desde el momento de la concepción”.
Para la Acción Católica Argentina, es un logro que entre 35 y 40 ciudades del territorio nacional hayan sido declaradas “pro- vida”. La campaña también ha conseguido que ocho provincias de Argentina se declaren antiderechos, con el supuesto compromiso de defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La primera adhesión es de junio de 2011, cuando San Luis se convirtió en la primera capital antiderechos del país. En un comunicado publicado en su página web – curiosamente bajo la categoría Bioética-, Acción Católica manifiesta que “si una sociedad no defiende y se consolida a partir de este derecho fundamental -la vida-, introduce en ella el germen de la destrucción total”. Insta además a “luchar por la protección de la vida frente al aborto”, comparando el derecho a decidir sobre el propio cuerpo con “los accidentes de tránsito, el abuso del alcohol y el consumo de drogas”.
De la desigualdad, el poder conservador y una millonaria construcción
En Ezeiza se encuentra el aeropuerto más grande de Argentina y el único de América Latina que opera vuelos a los cinco continentes; un hospital entregado y sostenido por un empresario corporativo nacional, una de las explosiones inmobiliarias más importantes después del Tigre, el hotel de una multinacional y la próxima inauguración de un casino. Sin embargo, con aproximadamente 150 mil habitantes, la pobreza y la desigualdad hacen que, tenga la tasa más alta de mortalidad infantil del Conurbano bonaerense –según el último informe “Natalidad, mortalidad general, infantil y materna por lugar de residencia” del Ministerio de Salud de la Nación-; uno de los porcentajes más altos –junto al municipio de Florencio Varela- de hogares pobres, el 26%; una tasa de desempleo de alrededor del 17% y evidentes vicios de autoritarismo machista como la existencia de redes de complicidad política, policial y judicial que hacen posible las desapariciones de jóvenes y mujeres para el delito de explotación sexual y trata de personas.
En este contexto, se planea en la ciudad de Ezeiza la construcción de un edificio en forma de Catedral prevista para mayo de 2016, fecha de la llegada de Jorge Bergoglio, máximo patriarca de la Iglesia Católica con sede en el Estado Vaticano a tierras nacionales. La noticia figura entre las novedades de prensa que el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, supervisa y visita a modo de expreso apoyo político. Cuenta con una partida presupuestaria de 30 millones de pesos y forma parte de los proyectos que Alejandro Granados lleva adelante a pesar de encontrarse de licencia en su puesto de intendente del municipio.
A partir de una aparente “fiebre papal” en representantes del gobierno argentino, a través de un comunicado, agrupaciones de creyentes y no creyentes reunidas para exigir y defender la absoluta independencia del Estado de todas las religiones agrupadas en la Coalición Argentina por un Estado Laico –CAEL-, “llaman respetuosamente” a las y los funcionarios a “respetar las creencias y convicciones de todos/as y a construir un Estado Laico”. Consideran que con las “constantes referencias a dios y al papa católico” se “invisibiliza (…) las convicciones de millones de personas en nuestro país”.
Junto con el aborto legal, la efectiva conformación de un Estado laico es otra de las deudas de las democracias de Nuestra América. De todos los países del continente sólo tres sostienen un culto desde la Carta Magna. La CN en su artículo 2 expresa: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”; lo que no significa una subordinación ideológica, sino que representa el más que discutible sustento económico. Para CAEL, no obstante, “el Código Civil, que actualmente está en proceso de reforma, privilegia gracias al dictador Juan Carlos Onganía, a la Iglesia Católica designándola Persona Jurídica de Carácter Público, estatus sólo otorgado a instituciones del Estado, transformándola, ente otras cosas, en inembargable”.
Según el Informe de Laicidad de Argentina, publicado por CAEL a fines del año pasado, el Estado nacional “subsidia la educación confesional en detrimento de la educación pública, laica y de excelencia”, destinando a los colegios confesionales católicos $ 760 millones de dólares en subvenciones, cifra que representa la mayor parte de lo que se gasta en educación de gestión privada. Todo un símbolo de la prepotencia que se traduce en desigualdad.
Las creencias religiosas, aunque mayoritarias, no pueden imponerse con fuerza y retórica de derechos universales. El respeto a los libres designios y creencias individuales y a las leyes vigentes no puede ser avasallado en pos de la apelación a un pretendido derecho natural que estaría situado –y que baja en forma verticalista- por encima de las normas que el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de este país se han dado.
Configuraciones normativas y de sentido –que pretenden regular las acciones- como las de declarar a las ciudades “pro- vida” o imponer “días del derecho del niño por nacer” no hacen más que limitar el acceso a las mujeres a la igualdad, a la autonomía y al goce de su salud sexual y reproductiva. Mucho más, cuando en muchas localidades y provincias del país aun no adhieren a las leyes de Educación Sexual Integral, de Salud Sexual y Reproductiva y a la creación de Guías o Protocolos de Atención de Abortos No Punibles en servicios de salud públicos y/o privados.
Es entonces, una responsabilidad institucional el gobierno para todas las personas en respeto de la diversidad y una omisión de los cumplimientos como funcionarios/as públicos/as el que se siga institucionalizando una cosmovisión colonizadora y una praxis de poder mezquina en consonancia con características autoritarias y corruptas, conservadoras y violentas, machistas y patriarcales que no permitan el acceso de los plenos derechos consagrados y a los que restan por reconocer.