Crédito: Barricada TV
Por Barricada TV. A partir de las acusaciones que Carlos Pagni publicó en el diario La Nación, Barricada TV responde a quien, desde aquellas líneas, intenta deslegitimar no sólo el trabajo y la lucha por el reconocimiento de la licencia para el canal, sino el proceso mismo de la Ley de Servicios de Comunicación.
El artículo publicado el lunes 14 de abril pasado por Carlos Pagni en La Nación está viciado de mentiras y errores que no hubiesen pasado el filtro de un mínimo ejercicio de chequeo de la información. Bajo el título “La presidenta busca atajos para avanzar sobre la justicia y los medios”, el periodista cuestiona desde la tapa del matutino a las autorizaciones precarias que con esfuerzo, lucha y un camino recorrido fuimos logrando las televisoras de baja potencia. Para lograrlo, además, utiliza argumentos que demuestran su poco conocimiento de ese proceso en particular, y de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en general. Por eso, en las líneas que siguen, decidimos revisar las mentiras una por una, para mostrar las cosas más cerca de su realidad.
Una mínima búsqueda en Google –o incluso la visita al archivo de su propio diario– le hubieran ofrecido elementos básicos como la pertenencia política e ideológica en la que se inscribe Barricada TV Canal 5 de Almagro. También, podría haber corroborado que además no emite desde la “esquina de Rawson y Bartolomé Mitre”, sino desde la fábrica recuperada IMPA, a dos cuadras de ese lugar. Pero está claro que para tomarse esa “molestia” habría tenido que desempeñarse como periodista, y no como operador político de los grupos concentrados de los grandes medios.
Pero allí no termina todo: Pagni chicanea con una autorización entregada por “amiguismo”, obviando la cantidad de movilizaciones que se realizaron frente a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para reclamar la legalización de la televisión comunitaria. En su estrecha lectura del mundo, no puede comprender que los derechos se conquistan, y no que se regalan y tuvimos un largo recorrido desde el Espacio de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias, que integramos.
Tampoco es cierto que las emisoras autorizadas pertenezcan a la Asociación de Radio Difusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA) en su totalidad, ni que “una de las condiciones para conseguir esos permisos sería haber firmado, en septiembre de 2012, la solicitada en apoyo de la designación de Sabbatella al frente de la AFSCA”. Barricada TV, al menos, no firmó nada, y eso es fácilmente comprobable si hay voluntad de hacerlo.
Pagni y La Nación hablan además de “prebendas”. Afriman que los funcionarios “conocen bien” el canal para sostener, en el siguiente párrafo, que los canales fueron “adjudicados sin examen alguno”. ¿En qué quedamos? ¿Nos conocen bien o no? Barricada TV, como el resto de las televisoras, fue auditada –como corresponde– luego de pasar por un primer cumplimiento de requisitos. Es decir, que atravesó dos mecanismos de verificación por parte del organismo, hasta que llegamos a la resolución 2613/13, que nos autoriza a funcionar hasta tanto se abran concursos para el sector.
Respecto de la cantidad mínima de horas de transmisión que, según Pagni, estaríamos violando, basta con leer la ley audiovisual, que en su artículo 86 consigna los tiempos mínimos de transmisión para baja potencia entre 6 y 8 horas. Nuevamente, una búsqueda en la web hubiese permitido conocer nuestra grilla de programación, que excede esos límites mínimos completamente, al igual que el 30 por ciento de producción propia. Pero Pagni y La Nación subestiman nuestra tarea porque no pueden comprender la comunicación ejercida como derecho y no como mercancía. Y les alarma la presencia de nuestras voces, siempre silenciadas o tergiversadas, en el espectro radioeléctrico. ¿Qué quiere La Nación? ¿Que nos decomisen y cierren? ¿Que no haya más voces que las suyas? ¿Que nos repriman? Una pregunta que vale para otros medios populares e, incluso, más allá.
Finalmente, y por si no queda claro, las autorizaciones no reservan la frecuencia en el espectro, ya que no son una licencia (como sugiere La Nación), sino un reconocimiento de la autoridad que permite a los medios aplicar para fondos de fomento nacionales e internacionales, además de brindarle un amparo legal básico a una serie de emisoras que vienen saliendo al aire desde hace años. Las autorizaciones, además, se mantienen hasta tanto se abran concursos públicos. Respecto de esta medida transitoria, sin duda se trata de una medida parcial, pero que nos arma mejor en la pelea por la legalización. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual indica que los medios privados (con o sin fines comerciales) deben acceder a una licencia a través de concursos públicos convocados por el Estado. Sin embargo, no se convocaron concursos por la falta de un plan técnico de frecuencias. Por esa razón no entregaron licencias de televisión, sino que otorgaron autorizaciones precarias. En este contexto, ¿qué significa una autorización? Es un aval que, si bien no está en la ley, otorga un mínimo marco legal, que indica que existimos y que nos permite acceder a fondos de fomento, pero que no nos reserva frecuencia y caducará cuando sean realizados los llamados a concursos. Por eso, las autorizaciones no violan la ley de medios; en todo caso no son la ley de medios, sino una medida precaria y transitoria.
Somos conscientes de que esta autorización precaria no es la legalización que reclamamos desde los medios alternativos, populares y comunitarios, que a su vez la misma ley debiera garantizar. Por eso es necesario seguir avanzando, logrando paso a paso todas nuestras reivindicaciones como sector. Entre ellas, el tratamiento específico para los medios comunitarios como actor diferenciado dentro de los sin fines de lucro. En ese camino, elaboramos una propuesta de pliego adaptado a nuestras realidades, en una de las tantas gestiones frente al AFSCA.
Paralelamente reclamamos la realización del plan técnico de frecuencias que dé cuenta de la reserva para los medios sin fines de lucro, como establece la ley, aunque no de manera condicionante respecto de la posibilidad de avanzar con concursos que regularicen la situación de los medios populares. El plan técnico está suspendido desde 1984, y este hecho no puede cargarse sobre las espaldas del sector más débil, perseguido y postergado de la comunicación, que es el comunitario. La autorización que hemos conseguido, mal que les pese a los sectores más oscuros de la política de la mano de sus medios hegemónicos, significa una conquista nunca alcanzada tras décadas de democracia. Más que el resultado de una decisión política, este reconocimiento es el resultado de una lucha que convocó a organizaciones populares y medios alternativos, que nos movilizó en cuatro oportunidades a la puerta de AFSCA y cuya presión ayudó para que nos tomaran como interlocutores y comprendieran la urgencia y validez de nuestro reclamo.