Crédito: Verónica Canino Vázquez
Por Laura Salomé Canteros. A una semana de la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, el Poder Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Argentina se hicieron escuchar. Qué dijeron y porqué reaccionaron públicamente.
El pasado 9 de abril se presentó en el Congreso de la Nación, por quinta vez consecutiva, el proyecto de ley que despenalizaría y legalizaría el aborto por decisión de las mujeres durante las primeras doce semanas de gestación. Con la presencia de una decena de las y los 62 diputadas/os que brindaron apoyo a través de sus firmas en representación de diversos bloques políticos –a excepción del Frente Renovador-, la sala donde se concretó la conferencia de prensa fue colmada por la actitud ansiosa de activistas feministas, de colectivas de diversidad y de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil; todas/os para exigir que los poderes públicos no sigan eludiendo la responsabilidad histórica e institucional de dar el debate en el recinto.
Expuesto -y validado institucionalmente-, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo redactado por la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito consolida materialmente el reclamo de décadas del movimiento feminista y de mujeres. Desde la primera presentación ya han pasado siete años; en los que se construyó, a base de debates y procesos políticos colectivos, un enorme crecimiento de apoyo territorial; un efectivo empoderamiento y un sentido de autonomía femenina antes no reconocido que lleva a la exigencia, ya no al pedido de un derecho; estudios, investigaciones y sondeos de opinión que clarifican que la problemática de los abortos inseguros no solo es una omisión de salud pública sino que es la criminalización de las mujeres, la aplicación de leyes penales redactadas y pensadas para la represión y el sojuzgamiento moral, social y judicial, una inútil estrategia conservadora.
Las reacciones que no se hicieron esperar
En Argentina, a pesar de la punibilidad, según cifras no oficiales, se realizan 450 mil abortos por año. Las condiciones de insalubridad, la falta de información y la violencia de la clandestinidad en que las mujeres de los sectores populares acceden a estas prácticas, constituye la principal causa de mortalidad materna. Sin embargo, la misma mañana en que se presentaba el proyecto de ley de reconocimiento del derecho al aborto, y ante una pregunta inquieta durante sus rutinarias conferencias de prensa, el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich -ofició de vocero- y declaró que si bien el aborto “es un tema sobre el que hay múltiples iniciativas y de todo tipo en el Congreso”, el Poder Ejecutivo Nacional “no promueve ni impulsa” ninguna de ellas. No solo eso, sino que soslayó que es un tema que al gobierno “no le incumbe”.
¿Intento de disciplinamiento partidario o reto a diputados/as que apoyan el proyecto de ley? Lo cierto es que Capitanich, de quién circulan rumores de renuncia, es tristemente recordado en el movimiento de mujeres por haber realizado un video –en noviembre de 2011 cuando aún era gobernador de la provincia de Chaco- en el que, bajo preceptos cristianos y de la “Santa Iglesia Católica”, insta a “seguir, continuar y ejecutar el plan de dios”, argumentando que “somos instrumento de la voluntad divina” y que “la protección de la vida desde la concepción en el seno materno es un principio esencial” y que por eso “estamos en contra de cualquier política abortista; defendemos la vida (…) y lo hacemos a partir de la decisión que ha impulsado la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al instituir la Asignación Universal por Hijo” diciendo que esta decisión “naturalmente genera una apuesta a la vida”.
Por otra parte y solo dos días después de la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el Arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, emitió un comunicado que se puede leer en la página web de la Conferencia Episcopal Argentina. “La Doctrina Social de la Iglesia presenta el tema del aborto cuando habla, en el Cap. III, de los Derechos Humanos -´todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona´-“. Y amplia, “sacarlo de este contexto es desconocer la dignidad y exigencias de la vida concebida. (…) Estamos ante un ser humano y que como tal debe ser tratado”.
Quizá intentando imitar la hábil demagogia del empoderado en Francisco I, Jorge Bergoglio, quizá también desconociendo que el tan mentado derecho a la vida no tiene categoría de derecho absoluto y que la potencialidad del embrión no lo convierte en una persona con derechos, la declaración del patriarca eclesiástico continúa “sabemos que hay situaciones difíciles y dolorosas, pero el aborto nunca es la solución. No hablamos de una vida sino de dos, la de la madre y su hijo, ambas merecen ser cuidadas y respetadas”. Y concluye por si acaso cayendo en una flagrante contradicción “un tema que se presenta es el de la libertad de la madre como un derecho que no admitiría límites. Se habla del derecho a la libre decisión. Creo que es necesario afirmar que la libertad no es un principio absoluto, sino una determinación personal y voluntaria que debe reconocer, y éste es su límite, los derechos que emanan del otro o de un ordenamiento jurídico, en este caso, el de la vida concebida que se convierte en una realidad vinculante”.
La hora de asumir la responsabilidad institucional
“El proyecto de ley que presenta la Campaña está amparado por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Ya nos han engañado durante años, haciendo interpretaciones falaces” sostuvo Nelly Minyersky, abogada especialista en derecho de familia y una de las referentes máximas en materia de salud sexual y reproductiva al momento de presentar la propuesta legislativa. “Hace 20 años la <em >Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya aclaró las diferencias que hacen al embrión de la persona humana extra corpórea” y dijo que a partir de diferentes fallos “estas doctrinas crearon jurisprudencia” en la región. “Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos deben ser interpretados; y éstos obligan a los Estados a modificar sus legislaciones internas de acuerdo a aquellos principios a los que se ha adherido a través de los mismos” concluyó.
Para Adela Segarra, iputada del Frente para la Victoria -FPV- y primera firmante del proyecto de ley de la Campaña, el debate sobre el aborto “es una asignatura pendiente” y reconoce que “la responsabilidad indelegable es del Estado”. En este sentido, la legisladora asume la responsabilidad de integrar el bloque mayoritario en la Cámara baja y concluye “el ámbito ideal para que el Estado dé este debate es el Congreso de la Nación y ojalá podamos llevarlo al recinto”.
Para Manuel Garrido, diputado de la Unión Cívica Radical –UCR-, “es lamentable que el Congreso de la Nación no asuma su responsabilidad” ante la existencia de abortos inseguros. Afirmó que la legalización del aborto “es una de las asignaturas pendientes para la democracia argentina”. Considera que “en los últimos 30 años se ha avanzado mucho en materia de Derechos Humanos, pero que la Argentina no está a la altura de la exigencia de una democracia avanzada, de los compromisos asumidos internacionalmente y tampoco de la propia Constitución Nacional”. En defensa de un Estado laico, el legislador de la UCR afirmó que “el Estado no puede imponer ideales de vida ni los ideales de una sola religión (…); no puede imponer modelos familiares ni maternidades forzadas” y que el proyecto de ley de la Campaña “va en la línea de lo que es un sistema que preserva la autonomía de las personas y es una aspiración el que en este año el Congreso esté a la altura y reconozca como corresponde este derecho humano fundamental”.
Por último, Nicolás del Caño, diputado del Partido de los Trabajadores Socialistas –PTS- en el Frente de Izquierda, destacó que la fuerza política que representa “viene trabajando desde la conformación en los años ´80 de la Comisión por el derecho al aborto de Dora Coledesky”; informó que “unánimemente apoyan el proyecto de la Campaña” y que también de esa manera “lo votarán a favor en el recinto”; pero también advirtió sobre “la responsabilidad política principal” que es “del bloque del Frente para la Victoria”.