Por Mauricio Díaz desde Córdoba. Miles de personas se manifestaron por las calles de la capital cordobesa a 38 años del golpe de estado cívico militar de 1976. Desde hace tres años, distintas movilizaciones y actos reflejan un día de lucha.
Desde hace un tiempo en todo el país, las marchas en conmemoración por un nuevo aniversario del golpe cívico militar de 1976 y desde hace unos años denominado “Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”, muestran una masiva convocatoria. Este año (como fue el más convocante) se movilizaron más de 40 mil personas.
Una de las movilizaciones salió desde Colón y General Paz; se trataba de la “Multisectorial por un 24 de Marzo en Lucha” bajo la consigna: “Con ajuste, impunidad y represión no hay Derechos Humanos”.
Por otro lado detrás de la “Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos” que salió desde las intersecciones de Colón y Cañada se ubicaban centros de estudiantes, organizaciones sociales y agrupaciones kirchneristas, bajo la consigna “Una década ganada con Memoria, Verdad y Justicia”.
Por último, detrás de ellos marchó la Juventud Radical y más atrás partidos de izquierda. Sin embargo entre las dos marchas existía una distancia de cerca de tres cuadras. Ambas fueron encabezadas por murgas y bombos así como por víctimas del terrorismo de Estado. De fondo las diferenciaban un sólo nombre: “Milani”.
El nombre más característico y el objetivo de los ataques en todos estos casos fue el del nuevo Jefe del Ejército, César Milani. Es el nombre de la discordia. Pero desde la “Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos” y agrupaciones kirchneristas, obviaron el reclamo.
Bajo la bandera “Familiares de víctimas de la represión del Estado”, se movilizaron los familiares de David Moreno, niño asesinado a manos de la Policía de Córdoba en 2001; Soledad Cuello hermana de Yamila Cuello desaparecida hace 4 años por una red de trata; la familia de Iván Rivadeiro, joven asesinado en el penal de San Martin y que se hizo pasar su muerte como suicidio; y la familia de Nicolás Nadal, víctima del gatillo fácil, quienes además encabezaron la movilización de la “Multisectorial de Organizaciones en Lucha”.
Hacia el cierre de la movilización los familiares expresaron su dolor y denuncia: “Hace casi 13 años asesinaron a mi hijo y aun no logramos que comience el juicio” reclamó la madre de David Moreno. Mientras tanto, la madre de Facundo Rivera Alegre joven desaparecido hace 25 meses, habló sobre la Justicia pero principalmente apuntó a la complicidad policial. Por otra parte, Soledad Cuello hermana de Yamila, llamó a la “unidad de las luchas” y también exigió “la aparición con vida” de su hermana. La Multisectorial junto a otras organizaciones sociales y políticas trabaja por el desmantelamiento de las redes de trata entre otras cuestiones. Los reclamos y las denuncias que hoy se mencionaron giraron en torno al accionar policial, la lentitud de los procesos judiciales y falta de voluntad de la Justicia para resolver y condenar estos hechos.
En este sentido la trayectoria de la “Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos” en la provincia de Córdoba, no es menor. Córdoba es probablemente una de las provincias donde se han realizado mayor cantidad de juicios y condenados por delitos de lesa humanidad. En un contexto nacional favorable en la búsqueda y condena de los responsables del horror causado 38 años atrás, la resolución de la “Mesa” ante la muerte del Secretario de DD.HH a nivel nacional, fue designar en su reemplazo a Martín Fresneda, la figura más relevante de la “Mesa de Trabajo por los DD. HH” en Córdoba.
Si bien el trabajo y la función de la “Mesa” es muy importante para esclarecer qué sucedió en la provincia entre 1976 y 1983, el reclamo de varias organizaciones sociales es no sólo avanzar en esta tarea fundamental sino además trabajar sobre situaciones que la provincia viene sufriendo pronunciadamente hace años y que tiene impacto en nuestra realidad: la violación de derechos: En Córdoba existe un Código de Faltas que cercena la libertad de los pibes, los criminaliza y victimiza social e institucionalmente, a consecuencia de esto, aparecen muertos en las Comisarías de turno. Las trabajadoras sexuales que por la Ley de trata se han quedado sin el derecho al trabajo, son victimizadas y arrestadas por la Policía cada vez que las encuentra en una esquina. La instalación en la localidad de Malvinas Argentinas de la multinacional más cuestionada a nivel mundial, Monsanto que no solo vulnera la soberanía de nuestros suelos sino que además avanza sobre nuestra población al paso de la muerte. Las tomas de tierra en todo el territorio provincial a la que se ven obligadas las familias de los sectores populares ante la ausencia de una respuesta digna al pedido de vivienda.
Son temas urgentes, que necesitan una resolución pronta. La “Mesa” debería avanzar además respecto de la absolución y defensa de más de 7 mil personas procesadas y judicializadas por reclamar por sus derechos, o casos como los que han sucedido en este último tiempo de quienes han sido procesados por cuestionar el ascenso de Milani y la colocación de Monsanto en Malvinas Argentinas.
Una democracia que aún resiste
En la actualidad existe un sistemático cercenamiento de derechos a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo entre otros, el Estado debe garantizar esos derechos para cada uno de los habitantes que están expuestos a esas faltas.
En este sentido, los Derechos Humanos no son patrimonio de un partido político, sino un bien para toda la sociedad. Actualmente la estigmatización por la condición social o laboral, cultural y económica pone el termómetro en menos diez.
En la provincia de Córdoba, al igual que en varias provincias argentinas vivimos la difícil realidad de sabernos en connivencia con poderes que tras las sombras siguen ejecutando políticas propias de la dictadura, con la lamentable noticia de contar con desaparecidos en democracia. A 31 años del fin de la dictadura, es incomprensible que hablemos de una democracia real cuando los muertos se acrecientan año a año. Solo puede comprenderse esta situación, por la cobertura o el desinterés que los gobiernos provinciales y nacionales tienen sobre la actividad de las fuerzas policiales y de seguridad.
Aún resta y en esta democracia celebrada, reclamar y visibilizar porque en Córdoba todavía faltan: Facundo Rivera Alegre y Yamila Cuello; todavía existe un Código de Faltas; todavía hay 7 mil personas judicializadas por reclamar por sus derechos; todavía hay familias sin viviendas; todavía hay aulas containers que no solucionan la problemática educativa; todavía amenazan a periodistas por denunciar casos de corrupción; todavía los ejecutivos municipales y provinciales no atienden la salud pública.
Si esto ocurre, no se puede hablar de una completa garantía a los Derechos Humanos.