El chineo es la violación de las niñas indígenas a modo de marcar propiedad sobre sus cuerpos. Fue el legado dejado por los invasores españoles a sus sucesores, los criollos y es un crimen de odio. Una reflexión desde el activismo de mujeres indígenas y los feminismos que nos une y se fortalece.
Por Mónica Menini* | Foto: Colectivo Chakana
Esa es la descripción que mejor sintetiza lo que es y significa el chineo para las mujeres indígenas, creo yo, que no soy antropóloga pero sí descendiente de otras mujeres indígenas que parieron en los Valles Calchaquíes. Lo define una mujer mapuche y le va tanto a una diaguita como a una wichi.
Las condiciones de género de las mujeres indígenas se vienen problematizando desde la idea de la “triple opresión” (concepto que ya tiene algunas décadas dentro del indigenismo mexicano), esto es: que las mujeres indígenas atraviesan una triple subordinación, a diferencia de otras mujeres, por su condición de género (por ser mujeres), por su condición étnica (por ser indígenas) y por su condición de clase (por ser, en su mayoría, mujeres pobres).
La histórica referente wichi Octorina Zamora ha dicho: “Pero no es solo la violencia de género o el abuso contra mujeres y niños. Nos dicen que eso está permitido, pero otros asuntos como el hambre que viven nuestras comunidades también es abuso, y con eso quieren decirnos que la desnutrición es cultural. Todos los problemas que estamos pasando en este sistema, dicen, es cultural: el abuso, el hambre, la falta de territorio, los desmontes”.
Moira Millán se pregunta: ¿Por qué los hombres indígenas no denuncian ni acompañan a las víctimas? La colonización nos ha atravesado letalmente, los hombres indígenas deben elegir entre dos caminos que se bifurcan: la lealtad a su comunidad o la lealtad a su género. La percepción de sí mismo y su valor humano está subjetivizada por la mirada del dominador,
intenta emularlo, elige la lealtad a su género para salvaguardar el único privilegio que el colonizador le otorga, ser hombre.
La antropóloga Mariana Gomez indica que en nuestro país observamos que hay mujeres que están organizadas, que vienen participando en algún espacio social, productivo-económico o político, en la mayoría de los casos vinculadas a organizaciones indígenas, y allí le disputan el liderazgo a los hombres; en otros casos, se organizan a partir de proyectos de ONG y/o del Estado. También existen mujeres que vienen liderando las luchas en sus territorios contra los proyectos extractivistas, como es el caso de varias referentes y líderes mapuche; y algunas mujeres, muy pocas por cierto, comenzaron a ingresar en cargos públicos. Algunas de estas mujeres también vienen participando del movimiento de mujeres más amplio de Argentina.
La expansión territorial del movimiento feminista en el país tuvo entre sus logros estar cada día más cerca de las mujeres más aisladas, rurales, habitantes de comunidades indígenas. En noviembre de 2015, ocurrió una violación en banda a una niña wichi de 12 años, discapacitada, de la comunidad de Alto La Sierra en Santa Victoria Este, en la provincia de
Salta. Producto de aquel “chineo”, se produjo un embarazo que debería haber tenido acceso inmediatamente al aborto legal según el Art. 86 del Código Penal de Argentina, pues entra en una causal permitida de aborto, pero prosiguió hasta el séptimo mes de embarazo cuando se interrumpió en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta.
La niña abusada en aquel “chineo” sumó más vulneraciones aún en el proceso judicial que las que venía arrastrando en su corta vida. El misógino fiscal Cazón fue quien, ni bien se dio a conocer la historia de “Juana”, insistió en que la niña violada había quedado embarazada un mes antes de ser atacada y que ninguna de las ocho personas acusadas sería el “padre” “porque las fechas no daban”. Otra frase de su autoría fue: “si nos ponemos a hacer pruebas de embarazo ante cada violación, no terminamos más”.
Hacia mayo de 2016, la madre de la niña, Francisca, logró llegar hasta mujeres feministas de Salta en pedido de ayuda. En el proceso de acompañamiento legal y social, el caso se nacionalizó y puso por primera vez el abuso sexual de mujeres indígenas perpetrado por varones criollos en las noticias de los medios hegemónicos, a la vez que visibilizó las diferencias en las oportunidades de acceso a la salud de mujeres indígenas, la discriminación étnica en el proceso judicial, la discriminación basada en género en el mundo que habitan estas jóvenes indígenas y también los puntos de encuentro con otras mujeres “blancas”, urbanas, con liderazgos feministas.
La historia tiene un nombre y se conoce como #JusticiaPorJuana
El viernes 17 de junio de 2016 fue feriado nacional, en conmemoración al día de la muerte de Martín Miguel de Güemes, héroe salteño de la liberación nacional. Ese día la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito inició un tuitazo con el hashtag #JusticiaPorJuana, que se sostuvo dentro de los primeros lugares durante casi 9 horas, de acuerdo a las mediciones difundidas por Trendinalia Argentina, que además la ubicó en tercer lugar.
Usuarias y usuarios de la red social replicaron durante toda la tarde el hashtag y también dirigieron cuestionamientos y reclamos al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, por la falta de atención al caso. Como respuesta, quienes manejan la cuenta de Twitter del mandatario salteño bloquearon a toda persona que se expresara por “Juana”.
En julio de 2016, organizaciones de Derechos Humanos de Argentina presentaron el caso ante la Relatoría de Derechos Humanos de ONU, como caso testigo.
En agosto de 2018 Católicas Por el Derecho a Decidir Argentina presentó el caso #JusticiaPorJuana en la III Conferencia de Población y Desarrollo desarrollada en Lima en el Evento Causa Abierta. Causa Abierta es un evento público de reflexión, debate y análisis cuyo objetivo es hacer un enérgico llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo. Con este fin, Causa Abierta presenta y discute casos emblemáticos de vulneración de derechos sexuales y/o derechos reproductivos presentados por diferentes organizaciones feministas de la región.
En noviembre de 2018, los 9 hombres criollos que violaron a “Juana” fueron condenados a 17 años de prisión efectiva. ¡Basta de chineo! es desde entonces, un grito que nos une y fortalece.
*Abogada feminista, especialista en género y políticas publicas. Integrante de Católicas Por el Derecho a Decidir Argentina y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.