Mientras los países alrededor del mundo continúan lidiando con los impactos a corto plazo de la pandemia de COVID-19, en los países del triángulo norte de Centroamérica comienzan a surgir varias preocupaciones a largo plazo que colocan a la migración en un lugar central
Por Félix Meléndez | Foto: @RubenFigueroaDH
Las recuperaciones económicas históricamente desiguales llevarían de nuevo a la migración laboral de El Salvador, Honduras y Guatemala, esto, a pesar de las reducciones actuales de movilidad que fueron anunciadas como logro significativo a comienzos del año 2020. Si persisten los cierres de fronteras, el aumento de la migración conllevará mayores riesgos de protección y potencialmente conducirá a un mayor tráfico, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sobre el impacto que el COVID-19 tendrá en el tráfico transfronterizo a mediano plazo. El 22 de abril, el presidente Trump firmó un decreto para dejar en jaque a la inmigración legal en Estados Unidos, la cual durante varios meses no podrá generar ingresos por lo que dichas restricciones tendrán un impacto significativo en la economía de estos países, en gran medida por la baja en el envío de remesas afectará tanto a la subsistencia del migrante como a la de sus familiares también golpeadas por la cuarentena. 
Un migrante hondureño se refugia en la ciudad de Palenque, Chiapas, a la espera de que pase la pandemia para poder continuar su viaje rumbo al norte. Foto: @RubenFigueroaDH
Desde octubre de 2018 hasta enero de 2020, las caravanas se convirtieron en una modalidad de migración no antes vista, grupos masivos de personas movilizándose por el territorio en el que históricamente migrantes han desaparecido, estaban brindando seguridad entre el colectivo y estaban evadiendo el alto precio de contratar a un contrabandista para ayudar a pasar hasta la frontera con los Estados Unidos. A ellos se sumó y visibilizo el drama de los migrantes cubanos, africanos y del medio oriente quienes también están recorriendo el territorio con el mismo objetivo.
Tradicionalmente, las movilizaciones en América Central se han caracterizado por un flujo de sur a norte, siendo los principales expulsores de migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, esto basado en las tasas de retorno, de enero a marzo de 2020. 44.228 migrantes fueron devueltos a sus países según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de los cuales el 13% eran salvadoreños, el 48% eran guatemaltecos y el 39% eran hondureños. Esta cantidad es explicada por los procesos experimentados de retornos voluntarios, deportaciones y detenciones en la frontera sur de México con Guatemala, sitio que desde hace 2 años ha reflejado una transición gradual hacia el recrudecimiento de los controles migratorios en dicho enclave estratégico. Activistas, organizaciones de derechos humanos y periodistas han denunciado repetidamente que tanto la frontera Hidalgo como la frontera del Ceibo se convirtieron en el nuevo muro migratorio, hecho que quedo ampliamente documentado entre enero y febrero con la contención de la última caravana de migrantes que intentó avanzar en territorio mexicano.
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, vigilan la frontera con México, que permanece cerrada para todo el paso de extranjeros. Foto: @RubenFigueroaDH
Con la llegada del brote de COVID-19 en la zona, los flujos migratorios, las necesidades y las vulnerabilidades de los migrantes cambiaron drásticamente durante los primeros días de marzo cuando se cerraron las fronteras como medida preventiva contra la propagación del virus provocando que las deportaciones pararan. Los grupos reducidos de migrantes en tránsito comenzaron a tomar nuevos puntos ciegos para pasar a Guatemala y México, quedando varados en las fronteras y sin oportunidad de llegar a los refugios para obtener albergue debido a los riesgos de contagio.
A finales de marzo, los gobiernos de México y Estados Unidos volvieron a abrir los procesos de deportación a Guatemala y Honduras, el retorno promedio aumentó un alto número de los migrantes que regresaron por vía aérea y terrestre, un promedio de 10,408 migrantes fueron retornados a sus países, los cuales no estaban preparados adecuadamente con protocolos epidemiológicos, de bioseguridad y menos con la información sospechas de infección de posibles casos de COVID-19. Desde entonces se sabe que hay más de 10,000 personas expulsadas, muchas de ellas, es importante valorar, se encontraban en proceso de petición de asilo, por lo que sus derechos migratorios fueron violentados al haber sido llevados sin permisos judiciales a centros de detención, en un claro abuso de autoridad aprovechando el contexto de la enfermedad.
Un niño migrante salvadoreño que viaja con sus padres, aguarda en una caseta del INM, frente a la estación migratoria de Tenosique, luego de sobrevivir a un motín e incendio provocado por migrantes por el temor a contagiarse de Covid-19. Foto: @RubenFigueroaDH
En este contexto del fenómeno migratorio en tiempo de pandemia, El Salvador comenzaría a brillar con luz propia al ser el primer país en Latinoamérica en implementar medidas de prevención contra el virus al decretar emergencia nacional, activando protocolos como el cierre de sus fronteras, el distanciamiento social y la cuarentena. Con respecto a las posibles deportaciones, el mensaje oficial era claro, El Salvador no dejaría entrar fácilmente a ciudadanos salvadoreños que proviniesen de países con sospecha de estar infectados, argumentando en su momento que los viajeros podrían infectar a la población y saturar al deteriorado sistema de salud
En días posteriores, reportes de denuncias ciudadanas y grupos en redes sociales reflejaron un drama no esperado, un aproximado de 4000 salvadoreños/as quedaron varados en muchas partes del mundo, exigiendo a su gobierno el derecho constitucional a regresar a su territorio, una paradoja muy sarcástica para un país acostumbrado a expulsar a sus ciudadanos. A diferencia de México, Guatemala y otros países vecinos que ejecutaron planes de retorno de connacionales, El Salvador se mantuvo con el discurso ambiguo de mostrar apoyo y compresión, a su vez que les reprochó el hecho de haber salido de viaje, creando un sentimiento de repudio y tachándoles de culpabilidad ante cualquier posible infección masiva a futuro. El 17 de marzo, en un hecho no establecido aún, el presidente Nayib Bukele acusó al gobierno mexicano de permitir la partida de un grupo de salvadoreños supuestamente infectados con Coronavirus desde el Aeropuerto Benito Juárez hacia el Aeropuerto Monseñor Romero de El Salvador, decretando desde entonces el cierre de operaciones de vuelos internacionales.
Entre abril y mayo, El Salvador anunció vuelos procedentes de Estados Unidos, en este caso la sorpresa se dio cuando se tildó de “retornados” a los migrantes que están siendo deportados en dicho periodo, desviando el foco de atención de los vuelos de deportación definiéndolos como vuelos humanitarios ante la mirada pública. En este proceso, el retorno de los varados ha ido movilizándose lentamente, muchos/as siguen a casi tres meses sin encontrar una respuesta de la fecha de regreso.
En países como Guatemala y Honduras, los vuelos de deportados de los Estados Unidos han ido incrementado y con ellos los protocolos de salud, sin embargo, los primeros vuelos de regreso incluyeron a migrantes retornados sin pruebas de COVID19, como lo confirma la muerte de dos centroamericanos que esperaban la deportación en centros de detención, un salvadoreño de 57 años fallecido el 6 de mayo en California y un guatemalteco de 34 años el 24 de mayo en Georgia. Expertos aseguran que el verdadero problema de la pandemia será el “retorno voluntario” de migrantes cansados de esperar en refugios o los derrotados ante la burocracia migratoria, que decidirán moverse a sus lugares de origen. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Guatemala ha denunciado en el municipio de Nentón del departamento de Huehuetenango y en la frontera de Gracias a Dios entre Guatemala y México, una cantidad indeterminada de migrantes que estarían pagando para pasar por puntos ciegos para evitar las cuarentenas y protocolos de salud que muchos consideran carcelarias. En Honduras está ocurriendo actos de represión ante el paso de inmigrantes procedentes de Angola, Cuba, Costa de Marfil, Haití, Ghana y Guinea quienes cruzaron sin ninguna resistencia desde la frontera Nicaragüense. La necesidad de albergue y la cuarentena les dejó varados desde marzo pasado en la ciudad de Choluteca, esto les llevo a movilizarse y a ser el primer grupo humano visible durante la pandemia que busca llegar a México para pedir protección y asilo, dejando en evidencia el drama humano de la inmigración, proceso que ante los cambios globales está lejos de disminuir.
Por ahora se han establecido centros de aislamiento para migrantes. Guatemala, por ejemplo, realiza las pruebas de COVID-19 a todos los migrantes que regresan por tierra, sin embargo, las necesidades humanitarias evidentemente están aumentando. Honduras ha reportado 22 mil deportados procedentes entre Estados Unidos y México que entraron al protocolo de cuarentena Mientras El Salvador, si bien tuvo un trato adecuado en el protocolo de recepción durante los primeros días, la creciente cantidad de deportados provocó que se habilitaran lugares nada adecuados para ser calificados como sitios de cuarentena, en algunos casos se habilitaron centros educativos donde fueron abandonados a la intemperie. Podríamos definir que estos movimientos masivos de población repatriada representan un riesgo para los gobiernos locales por el pésimo manejo de recursos que tiende a hacerse en la región, porque su presencia aumenta las necesidades y vulnerabilidades específicas que en su mayoría no logran ser atendidas. A medida que los migrantes se logren recuperar, nuevamente se verán obligados a enfrentar a los factores que los obligaron a tomar la ruta migratoria: la violencia representada por las pandillas, la falta de medios de supervivencia, el costo de la vida y la pobreza siguen siendo las brechas humanitarias que siguen estando tangibles. La consecuencia del retorno siempre ha sido un factor psicológico importante, pero ahora debemos agregar los temores de contagio de COVID-19 y la confrontación con los procesos de aislamiento.
En América Central, como en gran parte del mundo, las cosas probablemente empeorarán antes de mejorar. La región está históricamente vinculada a los Estados Unidos a través de un elaborado circuito de migración, viajes e intercambio. En el contexto de esta pandemia mundial, nos queda pendiente la interrogante sobre qué ocurrirá luego que los gobiernos logren bajar la curva. Las barreras estructurales que inhiben la mitigación de crisis humana a posterior, serán los mejores indicadores para predecir un futuro marcado a repetir los mismos círculos viciosos de expulsión del pasado marcadas por tragedias naturales e inestabilidad política traducidas en más pobreza y miseria.