En medio del aislamiento social preventivo obligatorio, el 27 de abril el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó sentencia en el juicio por delitos de lesa humanidad agrupados en la Megacausa Subzona 15, la más grande de la ciudad costera.
Por Luz Ailín Báez / Foto Marcelo Nuñez
Más de 300 testimonios durante dos años de audiencias culminaron en la lectura del veredicto ante una cantidad mínima de personas, entre querellantes, defensores y los fiscales de la causa, escuchado por los imputados- en su mayoría, población de riesgo- desde sus casas. Hubo 28 condenas a prisión perpetua, 7 penas temporales que van de los siete a los veinticinco años y 5 absoluciones por secuestros, torturas y desapariciones de más de 260 víctimas de las localidades de Mar del Plata, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvear, Lobería, Necochea y San Cayetano.
Por primera vez, la lectura de la sentencia se dio sin la presencia de familiares, sobrevivientes y acusados. La mayoría lo miró vía streaming y redes sociales, desde las casas, un panorama muy diferente al que suele suceder cuando se trata de causas grandes en términos de genocidas y víctimas implicados. Desde Marcha Noticias hablamos con Adriana Metz, trabajadora de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo y con Gloria León, abogada querellante, dos de las pocas personas presentes físicamente en la lectura de la sentencia.
-¿Cómo se sintieron tras oír la sentencia?
G.L: La sensación de un nudo en la garganta por no poder desahogarnos en un abrazo. No soy de festejar estas sentencias porque han pasado demasiados años de impunidad. Me viene el recuerdo de todos mis compañeros. Yo soy parte involucrada en esto. No puedo festejar. Pero sí obviamente la satisfacción, el alivio de que esta justicia burguesa- como yo le llamo- es el sistema en el que vivimos, y está bien que actúe, que juzgue, que condene o absuelva cuando así corresponda. Demostrar que con el estado de derecho se puede y se debe juzgar. Es la única forma posible de restaurar esta profunda herida que el terrorismo de estado ha provocado en nuestra sociedad. Es una manera de demostrarles a todos los detractores de estos procesos que se puede juzgar este tipo de delito con el código penal nacional, con el código procesal penal, con los jueces naturales no es necesario hacer un tribunal especiales.
A.M: Es complicado. La sentencia llega más de cuarenta años después del hecho. Es lenta. Es tarde. No sé si es justicia. Para el resto de la sociedad- los que no están relacionados directamente con los desaparecidos, no tuvieron un vinculo, un lazo de amistad, conocerlos, ser vecinos- es material para cuando dentro de una cantidad de tiempo pregunten qué fue lo que pasó o por qué hablan de terrorismo de estado, se dirijan a esta sentencia y ahí entiendan qué ocurrió exactamente en nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976. La sentencia es un pequeño acto de reparación para quien no tiene a sus padres, a sus hermanos y a sus tíos y sobrinos, a su familiar…es apenas un bálsamo. Por un lado vemos bien que hayan sido condenados, que de 40, 35 hayan sido condenados y sólo haya habido 5 absoluciones, es bueno. Para lo particular de cada uno la falta está. El familiar no está, no sabemos dónde están sus cuerpos, de los nacidos en cautiverio no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, ellos tampoco saben realmente quiénes son. Entonces es complicado. No es solo una sentencia y nada más”.
La sentencia
Gloria León, única abogada querellante presente físicamente durante la lectura del veredicto, explicó que “los imputados originales eran 43 pero 3 fueron separados, uno por fallecimiento y otros por declaración de incapacidad. De los 40 imputados que llegaron hasta el final del juicio, hubo 28 condenas a prisión perpetua, 7 penas temporales que van de los 7 a los 25 años, 5 absoluciones. Siempre llaman la atención las absoluciones, pero en realidad ni a la Fiscalía ni a nosotros la querella, la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, nos llama la atención. Desde el punto de vista constitucional todos gozan del estado jurídico de inocencia y es el Estado a través de la fiscalía y de los particulares a partir de la posibilidad de actores en el proceso, son los encargados de romper ese status jurídico de inocencia. Cuando no se puede romper no se puede acreditar la culpabilidad. Hubo varios casos que en el transcurso de las audiencias no coincidían temporalmente las detenciones de las víctimas con el tiempo en que el imputado había estado a cargo de esa dependencia. Entonces hubo que retirar la acusación. Toda la instrucción se realiza con una cantidad de delitos. Cuando se considera que es el momento de pasar a debate, el verdadero juicio, donde realmente se resuelve la situación procesual del imputado es que pueden aparecer nuevas pruebas que ayudan, refuerzan el pedido de pena o no. Es una muestra cabal más de la legitimidad y legalidad que tienen los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país. Cuando no hay pruebas suficientes, se absuelve”.
Las condenas a perpetua fueron para: Virton Mendiaz, Alfredo Arrillaga, Eduardo Blanco, Jorge Toccalino, Julio Falcke, Oscar Ayendez, Héctor Azcurra, Policarpo Vázquez, Rafael Guiñazú, José Lodigiani, Carlos Robbio, Justo Ortíz, Eduardo Frías, Alfonso Nicolás, Roberto Blanco Azcarate, Luis Bonanni, Raúl Pagano, Osvaldo Siepe, Néstor Vignolles, Héctor Vega, Fortunato Rezzet, Carlos Suárez, Hugo Pabón, Alcides Cerutti, Oscar Gronda, Alfredo Weinstabl, Ernesto Davis y Raúl Pizarro. A Juan Eduardo Mosqueda le dieron 25 años de prisión; 22 a Ariel Silva; 10 a Cesar Martí Garro y Miguel Ángel Domingo Parola. Y siete para Carlos Mansilla y Juan Carlos Aiello.
Según explicó León, once de los condenados ya tenían condenas previas, algunas firmes y otros todavía con procesos pendientes. En tanto el tribunal resolvió que se unificaran las penas nuevas con las ya existentes y ordenó la inmediata detención de Gomez Centurión, que estaba en libertad y fue condenado a doce años. No hubo diferencias entre las penas pedidas por la Fiscalía y las otorgadas.
Transmitir la sentencia online
Adriana Metz es hija de desaparecidos y trabaja en Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Ella es de las pocas personas que han seguido las audiencias de este juicio desde su inicio en el año 2018. Además, fue la única persona no integrante del cuerpo de abogades y jueces presente durante la lectura del veredicto, encargada de transmitir desde su celular para el Canal de YouTube de Abuelas.
“Habíamos hablado desde Abuelas que era importante que se transmitiera el Canal de YouTube así que se pidió una autorización al Tribunal para que yo entre para hacer la transmisión en vivo y en directo”, explica Metz. “Cada vez que escuchaba los nombres de los que me tocó conocer después o de los que nunca conocí pero sí tengo amigos o información extra- era un estremecimiento bárbaro. Nunca me había tocado así. Yo estuve en Bahía Blanca en las sentencias, donde mis viejos están nombrados como víctimas. Es distinto. Ayer me sentía con el compromiso de estar ahí por todos los que no podían estar por el aislamiento social obligatorio. Esto de la sentencia sin público… Cuando las audiencias terminan siempre salimos y cantamos ´Ole ole olá´. Y ayer eso no estuvo. Y ese abrazo con el desaparecido no va a estar pero por ahí sí con un compañero. Y tampoco se dio ayer porque la gente no pudo estar. Fue rarísimo. Terminó la audiencia y cada uno tenía que seguir su camino. Y nos costaba despedirnos. Todos estábamos diciendo qué era lo que nos faltaba a cada uno: el canto, el abrazo, incluso Gloria León, abogada querellante por la Apdh, decía “nos faltó la puteada cuando absolvían a uno”.
Metz resalta, asimismo, la ausencia generalizada de público a lo largo de todo el juicio.
“Había audiencias en las que estaba solamente los abogados querellantes, la fiscalía, los defensores porque tienen la obligación. Los acusados ni siquiera tienen la obligación de asistir. Y no había público. Me ha pasado de audiencias que eran muy importantes y por mi trabajo en Abuelas no podía dejar de estar en la oficina, porque tenía que estar para una presentación espontánea de una o un joven que tenía la necesidad podía ir en un día y horario específico que justo coincidía con una audiencia”.
Más allá de que los culpables de la desaparición de sus padres ya han sido juzgados y penados en un juicio que culminó en 2012 en Bahía Blanca, Adriana asistió a todas las audiencias de este juicio que le fueron posibles con un propósito específico:
“En este juicio se nombraban a ocho víctimas embarazadas, de las cuales de cuatro pudimos encontrar a sus hijos. Nos quedan cuatro bebés/ya adultos más por encontrar. Lo fundamental de estos juicios es que en los testimonios puede surgir información de un nuevo grupo familiar. El relato de los sobrevivientes nos puede aportar información de una embarazada que por ahí sospechábamos o teníamos alguna otra información. Es fundamental”.
La historia de Adriana
Nació en Bahía Blanca. Sus padres, Raúl Metz y Graciela Romero fueron secuestrades en diciembre de 1976 en Cutral Có. Al momento del secuestro, su papá estaba trabajando en una empresa constructora de caños en dicha ciudad. Su mamá, ama de casa, cuidaba de ella que tenía ya un año y estaba embarazada de cinco meses. Ambos eran militantes barriales en Bahía Blanca: “arrancaron yendo a los comedores, enseñar a leer y a escribir y terminaron en el PRT- ERP”. Pasaron por los centros clandestinos de detención “La Escuelita” de Neuquén y los trasladaron a “La Escuelita” de Bahía Blanca donde nació su segundo hijo, el 17 de abril de 1977. Esto último fue confirmado por una sobreviviente que pudo aportar esa información y además quedó demostrado a partir del primer juicio que se hizo en Bahía Blanca, que arrancó en el año 2011, con sentencia en septiembre de 2012. “Ahí se dio por acreditado el nacimiento de mi hermano y su apropiación: mi hermano nació y alguien se lo entregó a una familia.” Adriana se crió con sus abuelos paternos, quienes desde el inicio hicieron la búsqueda la pareja y luego de su hijo recién nacido. “Ellos siempre me dicen que tengo mucho de mis papás. Pero la verdad es que yo no los conocí. Asique si te dijera qué es lo que tengo de ellos, es la falta. Me faltaron. Saber que no los tuve, y por qué no los tuve, no culparlo a ellos, no culpar a mis abuelos, no culpar a la política de por qué no los tuve, no culpar a la militancia de por qué no los tuve. Entender que eso es justamente lo que el terrorismo de estado hace: crea terror en la población y hace que se señale con el dedo, que no se solidarice con el de al lado, que no haya empatía. Asique empiezo por entender que lo que tengo de mis viejos es la falta”.
-¿Y la militancia?
“Pero eso no fue elegido, podría haber hecho otra cosa. Creo que con esto de la búsqueda de mis abuelos, ellos me enseñaron a que mi hermano no está y que él tiene todo su derecho a saber quién es y saber que mis papás no lo regalaron, no lo perdieron, no se lo olvidaron. Eso es fundamental”.
La llegada de su segundo hijo fue un antes y un después para Adriana: “Recién ahí terminé de entender esta situación de haber sido criada con abuelos, de no haber tenido a mis padres. Tener dos hijos me hizo entender, me hizo ver qué significaba no haber crecido junto a mi hermano”, reflexiona. “Después de un tiempo se acercaron del Archivo Biográfico para cuando apareciera mi hermano y a partir de ahí me acerqué a Abuelas Mar del Plata y desde 2011 estoy aquí, en la búsqueda no sólo de mi hermano sino de los 300 jóvenes que nos faltan a la sociedad entera. Porque no es solamente un nieto, hermano, un sobrino, son miembros de la sociedad que no tienen su verdadera identidad. Debería ser la búsqueda de todos”.
Gloria: una vida de militancia
Gloria ha participado desde el primer juicio por la verdad en Mar del Plata, en el año 2000 y como abogada de la APDH en el juicio llevado a cabo en Dolores por los cuerpos aparecidos en distintos puntos de la Costa Atlántica. La historia de Gloria es bien diferente.
“Yo soy una sobreviviente de aquella época. Estuve como detenida política cinco años. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Le debo mi vida a mis compañeras Patricia Lazzeri, Liliana Iorio y Liliana Retegui, las mariposas de Mar del Plata” relata, en alusión a las hermanas Mirabal de República Dominicana. Las desapariciones forzadas de las compañeras de Gloria constituyeron tres de los 272 casos que se trataron a lo largo de la megacausa. Gloria vivía con Lazzeri, Iorio, Retegui y otras dos chicas más en un departamento alquilado. La noche previa al secuestro, “no me quedé a dormir en el departamento que alquilábamos y le dije a Pato [Lazzeri] que iba al otro día. Esa madrugada la Marina asaltó la casa y secuestraron a mis tres compañeras y a las otras dos chicas. Cuando llegué al otro día, la señora que nos alquilaba la habitación me contó llorando que habían preguntado por mí también”. Recuerda Gloria la sensación de límite en la que estaba: “Me empecé a despedir del mundo. Dije ´Chau, fuiste´. Y no. Y salí de ahí”.
Stella Maris- una de las dos chicas que no tenían relación con la militancia y que fueron soltadas a los diez días- se prestó para hacer el reconocimiento del lugar, y así se pudo reconocer el lugar donde había estado secuestrada: “La Dependencia de los Buzos tácticos en la Base Naval de Mar del Plata, fue el primer reconocimiento que se hizo en el año 2005 y se pudo reconstruir y acreditar fehacientemente la fecha y lugar donde estuvieron secuestradas”, relata León.
“He sobrevivido. Por eso digo que una de mis vidas se la debo a las mariposas. Es esta manera en que yo siempre he sentido el derecho y el deber de impulsar este tipo de causas, fundamentalmente en Mar del Plata porque es el lugar físico donde milité y donde muchos de mis compañeros de entonces han desaparecido”, concluyó.
Aún restan ver los fundamentos de esta sentencia, que se entregarán el 18 de junio. Pero la mayor importancia de este tipo de juicios reside en demostrar a la República Argentina y al mundo cómo actuó este conjunto de personas que intentaron llevar a cabo esta destrucción de la matriz productiva, de la República Argentina, un cambio radical en la profunda configuración económica del país, para lo cual era necesario, en primer lugar, destruir a la clase obrera organizada y todo aquello que sirviera de apoyo y reaseguro, como las agrupaciones estudiantiles. No juzgarlos por separados hace que se entienda que fue un plan sistemático.