En las últimas semanas, el tema central de las noticias ha sido el estallido de la pandemia COVID 19 que ha venido acompañada de una crisis económica mundial de proporciones históricas. ¿Qué se avecina?
Por Francisco Cantamutto / Fotos Silvina Salinas
Día tras día aparecen nuevos informes que indican una situación de creciente vulnerabilidad, contrarias a las noticias que hace un mes atrás pretendían que se trataba de un problema menor que no requería medidas, cambio que ha forzado que incluso líderes que se oponían a actuar, como Boris Johnson en Gran Bretaña, retrotraigan sus dichos y avancen en medidas que profundizan la crisis económica.
El bloqueo del comercio internacional para evitar el flujo de contagios se replica hacia dentro de los países. El transporte limitado y el cierre de puestos de trabajo generó una fuerte parálisis en la economía mundial, donde las estimaciones cambian semana a semana pero todo indica que va a ser la peor caída de la actividad económica mundial desde la crisis del 30, con una pérdida masiva de puestos de trabajo. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), cerca de 25 millones de personas perderían su empleo. Para América Latina y El Caribe, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estimó que alrededor uno de cada tres personas de nuestra región vamos a estar en la pobreza. Esto va de la mano de la precarización del trabajo y una serie de medidas que los distintos gobiernos están tratando de tomar para contener la crisis de distinta manera.
Pesan sobre ellas diferentes condiciones estructurales, según el país. No es lo mismo aquellos donde el Estado aún mantenía ciertas capacidades de previsión social que hacen que, ante esta situación, puedan llegar económicamente a las personas que dejan de trabajar o que cuentan con sistemas de salud mejor preparados para la pandemia. Aquellos países más afectados por las políticas neoliberales, como España o Italia que, tras la crisis del 2008 y el ajuste de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) han sufrido más los efectos de la enfermedad.
Estas condiciones estructurales e históricas se conjugan con las voluntades políticas de los gobiernos. Por caso, tanto en Estados Unidos como en el más cercano Brasil, el interés por precarizar el trabajo a futuro obliga a sostener la lógica de asistencia a los puestos trabajos, incluso en este escenario. Al no tener el amparo del seguro social ante la posibilidad de enfermarse, aumenta el número de infecciones que a su vez produce que la gente no pueda asistir al trabajo debido a la enfermedad en sí. Una cadena que no tiene ningún sentido, salvo sostener la explotación capitalista a costa de sangre y muertes de quienes vivimos del trabajo asalariado.
En este contexto caótico, es importante señalar no solamente los determinantes estructurales sino el hecho de que la crisis estaba gestada antes de la aparición del coronavirus. La retracción del comercio, la ralentización del crecimiento mundial y la disminución de los flujos de capitales eran algo que venía ocurriendo desde hace unos años a esta parte. El estallido lo aceleró. De hecho, más de 70 mil millones de dólares salieron de los países llamados “emergentes” en los primeros tres meses del año. Esta salida masiva de los países de la periferia produce una desestabilización de las economías, en general muy abiertas por las propias lógicas de las políticas neoliberales, lo cual produce, al mismo tiempo, una mayor precariedad y caída del producto bruto. Esto hace prever que va a haber una fuerte seguidilla de crisis de deudas soberanas, no solo en la periferia sino en los países centrales, lo cual probablemente venga acompañado de una crisis de pagos, incluso en las empresas.
De 2008 a esta parte, por las políticas de relajamiento monetario que hicieron que las tasas de interés fueran muy bajas, las grandes empresas tomaron masivamente deuda para especular en mercados secundarios en la recompra de sus propias acciones u de otras, algo que se conoce como financiarización. Con la retracción de los capitales y los flujos negativos, lo que puede pasar es que haya una crisis generalizada tanto de deuda pública como de deuda privada. Sobre la primera, se han expresado actores como el FMI, recomendando condonar deudas de los países muy pobres, o el Papa Francisco, que recientemente habló de la necesidad de reestructurar las deudas. En el mismo sentido hablaron los líderes latinoamericanos del Grupo de Puebla que señalaron la necesidad de reestructurar por completo las deudas externas.
En este contexto es que la economía argentina, que venía de una profunda crisis legada de las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos, se enfrenta a una crisis de esta dimensión casi sin recursos. La inflación ha continuado su marcha con un repunte en marzo y la recesión que ya se preveía se va intensificar, no se sabe hasta qué punto. Con el paquete de medidas orientado sobre todo a sostener el empleo y llegar a la población más vulnerable a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el gobierno ha tratado de tener una política activa que emule lo que se ha hecho en otros países del mundo con políticas a favor de sostener la economía, en medio de una cerrazón producto de la cuarentena preventiva.
Cabe señalar que aun los fondos no han llegado a las personas más perjudicadas y deberían estar llegando esta misma semana, demorados por una serie de requisitos para inscribirse que han generado varias inconsistencias, como que personas que viven en un mismo grupo familiar o jubiladxs con la mínima o quien tenga un vehículo no demasiado viejo que utiliza para trabajar, no lo puedan cobrar. Se trata de, quizás, no lxs más perjudicados pero en una línea levemente superior, lo que genera situaciones tan específicas que hace que no sean alcanzadxs. En ese sentido, hubiera sido mejor, como proponen algunos expertos como Rubén Lo Vuolo o Corina Rodríguez Enríquez, un ingreso universal sin condición de empleo que hubiera llegado a todos lados con independencia de la condición de origen, eliminando con esto controles y recaudos.
Asimismo, los créditos a las Pymes para pagar salarios han sido bloqueados por los bancos, a los cuales no se les ha aplicado, hasta ahora, presión, en vistas a la renegociación de la deuda externa que sigue su curso, con la presentación de una propuesta para los bonistas el día de hoy. Toda la deuda pública con legislación local, salvo algunos bonos específicos, y en especial los que tiene el ANSES y el Banco Central, han sido reperfilados hasta finales de este año. Sobre los bonos extranjeros, es difícil predecir qué va a suceder, desarrollándose la negociación en un marco de incertidumbre muy fuerte. Con este panorama, el gobierno no quiere aun enfrentarse a los bancos y no tomó decisiones más fuertes sobre este sector, como forzarlos a ejecutar los créditos o, directamente, tomar parte de los fondos que no prestan.
El gobierno, además, emitió un decreto que impide los despidos, el cual ha sido vulnerado por una multitud de grandes multinacionales que nada tienen que ver con la crisis que pueden estar sufriendo las Pymes. Están aprovechando la situación para regimentar hacia abajo las condiciones de trabajo, sea reduciendo salarios a la mitad como hicieron varias cadenas alimenticias, despidiendo y recontratando bajo condiciones más precarias, o transformando el trabajo con formas más desreguladas como el teletrabajo, que no contempla los derechos vinculantes a la actividad. Es, de conjunto, un escenario inestable en el cual se están disputando, en este mismo momento, cuál va a ser el sentido de la salida.
Uno de los problemas centrales de la economía argentina antes del estallido de la pandemia y ligado al gobierno de Cambiemos es el crecimiento exponencial de la deuda pública en los últimos 4 años. No solo creció sino que cambió su composición, siendo ahora mayoritariamente en moneda extranjera y bajo legislación extranjera con acreedores privados. Estos puntos son significativos porque, a diferencia de la composición de la deuda durante el kirchnerismo, implican negociaciones distintas.
La deuda con vencimiento bajo legislación local fue prorrateada hasta finales de este año. Del total de la deuda bajo legislación extranjera, unos 68 mil millones de dólares fueron prestados por privados y el resto por organismos multilaterales de crédito. La negociación con los organismos todavía no es del todo clara pero no resulta urgente para Argentina. Sobre la negociación con los privados, el Ministro Guzmán presentó ayer una oferta que contiene una quita del 5,4% del capital y el 62% de los intereses, con 3 años de gracia para empezar a pagar.
En el contexto actual, donde los bonos cotizan a alrededor de un tercio de su valor, esta quita es bastante liviana y no implica un enfrentamiento con el capital. El hecho de prorratear los plazos de pago, lo cual Guzmán defendió desde el principio, es consistente con un escenario de crisis donde es poco previsible que se pueda pagar antes. Es una oferta muy amigable y aun así parece que no llegaron a un acuerdo con los acreedores. Esto, por supuesto, tiene que ver con que la mayoría son los famosos “fondos buitres” que tienen más del 35% de los bonos, lo cual les da poder de veto para bloquear cualquier oferta.
En un contexto de urgencia de recursos y la necesidad de resolver algunos problemas estructurales, la oferta realizada por el Ministro de Economía llama la atención, puesto que era la oportunidad para avanzar hacia un esquema más profundo de revisión de los términos del endeudamiento argentino. Si los bonistas efectivamente logran bloquear esta alternativa, va a ser más actual que nunca la discusión sobre detener los pagos de la deuda y proceder a una auditoria.