En la administración de la autoproclamada, Jeanine Añez, se elige la represión y los “ciberpatrullajes” en manos de un ministro machista, antes que la asignación de recursos para la atención de la salud y la subsistencia. En Bolivia, más del 70% de la población no cuenta con un sueldo fijo. Las mujeres, las que peor la pasan.
Por Andrea Morales / Foto: Añez y Murillo en la concreción del Golpe de Estado
Es de conocimiento general que el mundo atraviesa la peor crisis sanitaria del siglo XXI, el COVID-19, que presentó los primeros casos positivos en China hace algunos meses se ha propagado rápidamente por todo el mundo, en consecuencia, muchos países se encuentran ahora en medio de una cuarentena absoluta. Está de más decir, que la crisis sanitaria es el inicio de una serie de conflictos sociales y políticos ya que la brecha de desigualdad afecta primero a las y los que menos recursos tienen, las más explotadas y que terminan llevando la peor parte en toda crisis, y que además, son la mayoría.
Ante una crisis sanitaria de tal magnitud lo primero que se piensa es que los gobernantes redistribuirán los recursos en beneficio de quienes viven al día, siendo que en una situación así no tienen para comer, y también en la compra de equipos e insumos médicos que puedan garantizar las condiciones mínimas de bioseguridad para las y los profesionales en salud que en una situación como la que vivimos están en primera fila para enfrentar al virus.
Este escenario tan crítico resulta especialmente doloroso para Bolivia, que desde noviembre de 2019 ha tenido que enfrentar la represión militar y policial al estilo de las dictaduras del siglo pasado; y que ahora, ante la crisis sanitaria destina más recursos a la compra de armas e instrumentos de represión que a la de insumos médicos. Reina la desinformación y, como consecuencia, la gente fácilmente entra en pánico.
Ante la inoperancia de los grandes medios de comunicación y el cierre arbitrario de las radios comunitarias, la gente ha tenido que encontrar maneras seguras de informarse haciendo uso de las redes sociales, aunque el ministro de gobierno de facto ha comenzado una operación de ciberpatrullajes para meter a la cárcel a aquellos que “desinformen”; o mejor dicho, a aquellos que denuncien con pruebas la represión y la inoperancia del régimen que ahora gobierna el país.
Todos los días se filtran videos de declaraciones de la gente más humilde que no tiene que comer, de los productores campesinos que no pueden vender sus productos y ponen en riesgo la soberanía alimentaria en las ciudades, de les profesionales en salud que no reciben respuesta del ministerio de salud ante la solicitud de insumos. Las y los enfermeros y paramédicos son lxs mas expuestxs y también lxs mas discriminadoxs, ya que no destinan fondos a la compra de equipo de protección para ellxs. Ayer fallecieron tres personas a causa del virus y cada día aumentan los casos positivos, aun no existen protocolos y la información disponible es muy poca; en contraste con otros países, que han invertido mucho en la difusión de las medidas que deben tomarse y de los protocolos de reacción ante un posible caso positivo.
A diferencia de la insuficiente gestión del Ministerio de Salud, se le ha dado especial atención al Ministerio de Gobierno, que ha implementado duras formas de represión para aquellos que violen la cuarentena, sin tomar en cuenta que más del 70% de la población boliviana no cuenta con un sueldo fijo y no tiene la capacidad de comprar una gran cantidad de alimentos para poder acatar de forma disciplinada la cuarentena, el gobierno confunde la necesidad con rebeldía y opta por hacer lo único que ha hecho desde que tomó el poder: amenazar, reprimir y castigar.
Mientras tanto, los casos de familias que pasan días enteros sin comer suben todos los días y las cárceles se llenan de infractores a los que el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha pedido que se les de entre uno y diez años de cárcel haciendo caso omiso a las advertencias de Michelle Bachellet, alta comisionada de derechos humanos de la ONU, quién expresó su preocupación por el gran foco de infección que resultan las cárceles en un momento como el que atraviesa el planeta. Es el mismo que, consultado por los abortos clandestinos, dijo: “mátense las mujeres que dicen que quieren hacer lo que les da gana con su cuerpo, háganlo, suicídense”.
Todos los días las autoridades ejercen abuso de poder contra todo aquel que cuestiona su incapacidad, se filtraron videos en los que el Ministro de Obras Púbicas le gritaba de manera prepotente a comunaries de Laja, un pueblo del departamento de La Paz. El Ministro de Gobierno amenazó además, en una conferencia de prensa, con arrestar a alcaldes, gobernadores y quien pretenda “jugar” con él. La presidenta de facto da mensajes presidenciales, cual presentadora de televisión, pidiendo a la población encomendarse a Dios, orar y ayunar, sin explicar el estado actual del país ni proponer soluciones que respondan a las inquietudes de las y los bolivianos que requieren con urgencia respuestas claras y concretas.
Solo queda esperar tratando de organizarnos entre bolivianos y bolivianas porque de las autoridades no se puede esperar mucho. También los autodenominados “defensores de la democracia”, que hasta noviembre de 2019 estaban en primera fila para pedir cuentas al anterior gobierno “en nombre del pueblo”, ahora brillan por su ausencia, como es el caso de Waldo Albarracín, quién gestionó que grupos paramilitares puedan dormir en instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, en la que él fuera rector, como un “acto de humanidad” y ahora guarda silencio a pesar de la cantidad de personas en situación de calle que necesita un lugar para poder pasar la cuarentena. O el del alcalde de La Paz, Luis Revilla, quién no dudó en movilizar a funcionaries para que asistan a los bloqueos de octubre, e incluso mandó a llevar piedras en camionetas de la alcaldía a los puntos de bloqueo para incitar enfrentamientos, y ahora está concentrado en hacer campaña política para ganar las diputaciones uninominales con ese cinismo que lo caracteriza en lugar de darle respuestas a la población que lo eligió como alcalde.
A Bolivia le ha tocado vivir la pandemia en dictadura.