Se está gestando un ataque en varios frentes por parte de las mayores trasnacionales de los agronegocios –junto con las de informática y otras– para apropiarse de la decisión global sobre políticas agrícolas y alimentarias sin la participación de los pueblos.
Por Silvia Ribeiro (*) | Foto: Camila Parodi
El intento es reconfigurar el sistema de gobierno internacional –actualmente basado en agencias públicas y de Naciones Unidas, como la FAO– y de investigación agrícola para crear instituciones globales manejadas por y dependientes de las transnacionales, pero desde donde se pretende instaurar políticas públicas para todos los países.
O sea, políticas que nos afectan a todos y todas, que definen la calidad, cantidad y condiciones de acceso a los alimentos, en desmedro de las redes campesinas, que son las que producen la mayoría del alimento que consume 70 por ciento de la población mundial, y de la posibilidad de definir nuestra propia alimentación.
Se trata de tres iniciativas internacionales que vinculan los temas de gobierno, nuevas tecnologías e investigación agrícola: una Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, a realizarse en 2021, una propuesta para establecer un concejo digital internacional de agricultura y alimentación y una propuesta de unificación de los centros de investigación agrícola pública internacionales (sistema Cgiar) bajo una sola mesa directiva global, en función de intereses corporativos. Son iniciativas digitadas por trasnacionales y filantrocapitalistas, como la Fundación Bill y Melinda Gates. El nuevo informe The next agribussiness takeover, del Grupo ETC, analiza estas propuestas y su contexto ( ver aquí).
Paradójicamente, se presentan como iniciativas públicas, por el involucramiento de actores de Naciones Unidas o gobiernos, pero lo que subyace son estrategias para sabotear el multilateralismo, evitar la supervisión pública y, sobre todo, evitar que organizaciones campesinas, indígenas, de derecho a la alimentación y otras puedan opinar y actuar sobre estos procesos.
Por ejemplo, la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios fue anunciada en 2019 por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, desde su sede en Nueva York, afirmando paralelamente que se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino posteriormente.
Se podría creer que una cumbre convocada por el secretario general es una cumbre de Naciones Unidas. Pero esto no es así, como tampoco lo son las cumbres del Clima o de los Océanos, realizadas antes en Nueva York. Son anunciadas desde un cargo público y usando las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados. Quién participa y cómo, depende de las posibilidades económicas que se tenga para llegar allí, o que alguno de los financiadores, filantrocapitalistas o empresas, solvente el gasto. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.
En las agencias de la ONU, como la FAO en el caso de agricultura y alimentación, todos los países miembros deben participar, cada uno con un voto, y para ello se debe garantizar desde la ONU la participación de los países pobres. Dentro de esos organismos hay mecanismos para que los grupos afectados participen en las negociaciones. En el caso del Comité Mundial por la Seguridad Alimentaria, que reúne a todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, se formó un Mecanismo de la Sociedad Civil, que se autoorganiza para discutir los temas en negociación y garantizar se expresen las posiciones, especialmente de las organizaciones campesinas e indígenas.
Sería ingenuo creer que esto alcanza para que haya participación igualitaria de los países y las empresas siempre han intervenido, cabildeado y presionado dentro de Naciones Unidas de todas formas. No obstante, la propuesta ahora viene directamente desde los centros de poder de las trasnacionales, en este caso a través de la Iniciativa de Sistemas Alimentarios del Foro de Davos, y es parte de una estrategia global para garantizar que sean las propias empresas las que definan las políticas públicas.
La intención es asegurar las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la agricultura 4.0, es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, desde cultivos transgénicos y semillas corporativas hasta sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas.
Como una forma de afianzar esto, Guterres nombró enviada especial para la Cumbre de Sistemas Alimentarios a Agnes Kalibata, presidenta de AGRA (Alianza para la Revolución Verde en África), iniciativa para devastar ese continente con agricultura industrial y transgénica, promovida por la Fundación Gates.
El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, que reúne a miles de organizaciones campesinas y de la sociedad civil que han interpelado a las cumbres de la Alimentación desde 1996, lanzó una carta pública de protesta –aún abierta a firmas– exigiendo al secretario general de la ONU que separe a Kalibata del cargo y cuestionando la forma de organización de esta nueva cumbre ( ver aquí).:
(*) Publicado originalmente en La Jornada