La Asamblea Autoconvocada de Vecinxs por la Salud Ambiental en Coronel Suárez se organiza para resistir las complicidades entre fumigadores y el poder político local. A la vez, realizó intervenciones artísticas, charlas informativas y capacitaciones sobre agroecología para encontrar una forma sana de trabajar la tierra y producir alimentos.
Por Agostina Zeki @agoszeki / Fotos: Juliana Lucero @ju_luc
Finalizó el año. Otro año que en Coronel Suárez, como en tantas localidades de la provincia de Buenos Aires, les habitantes no tuvieron una ordenanza que regule el uso de agrotóxicos en el partido. Otro año en que los gobernantes y la Sociedad Rural, lograron evadir la problemática de los daños ambientales y las enfermedades que causan sus “buenas prácticas agrícolas”. Otro año en que, legalmente, pudieron seguir fumigando en frente de sus casas, por encima de las escuelas, que pudieron pasear sus maquinarias contaminadas por la ciudad, que tienen sus galpones y centros de acopio al lado de las plazas.
Digo legalmente, porque la legitimidad social no la tienen. Porque son les vecines quienes pelean con los productores para que no les fumiguen en frente o encima de elles, literal. Digo legalmente, porque les ciudadanes ya no silencian las prácticas contaminantes, sino que se organizaron, las escracharon, y activan colectivamente para que el cáncer, los problemas respiratorios, los abortos espontáneos y el veneno en los alimentos NO sean lo cotidiano, porque el abuso de sus derechos no sean moneda corriente.
Coronel Suárez es una ciudad ubicada en el centro sur de la provincia de Buenos Aires con al menos 40 mil habitantes. El agronegocio, su matriz económica. El campo que no somos todes. El campo de muchas hectáreas en manos de pocas personas, que produce mercadería y no alimentos, que mata la biodiversidad, que envenena el agua, que esteriliza la tierra, que contamina el viento. Este campo de la Sociedad Rural y Semilleros Argentinos es el que mueve la economía de Coronel Suárez.
En esta línea, también encontramos a éste campo bien representado en el poder político de la ciudad, como si nada hubiese cambiado desde la conformación de los Estados-Nación y la elección de los dirigentes políticos. El poder lo tienen quienes poseen la tierra, quienes la acumulan, quienes la explotan; y las leyes se hacen a su medida.
En este contexto político, social, económico, cultural e histórico, es que quienes habitan este territorio dijeron basta. Se organizaron, discutieron la matriz de producción, se informaron sobre otras formas de producir alimentos sanos, y escribieron un proyecto de ordenanza para, de base, regular el uso de agrotóxicos y que las fumigaciones sean a más de mil metros de zonas habitadas.
Este proyecto, escrito por la ONG Evolución Ambiental, fue presentado el 22 de noviembre de 2018. En 2019, les Vecines Autoconvocades por la Salud Ambiental en Coronel Suárez, se sumaron a la resistencia para que este proyecto de ordenanza fuera tratado en el Concejo Deliberante de la ciudad.
Comenzaron las Asambleas Autoconvocadas en Plaza San Martín, la plaza central de la ciudad, todos los jueves antes de que el Concejo sesione para hacer escuchar la voluntad del pueblo. Un año de fuerte activismo social, en el que hubo intervenciones artísticas, charlas informativas sobre la problemática, y capacitaciones sobre agroecología, una forma sana de trabajar la tierra y producir alimentos que desmiente el mito sobre la productividad y rentabilidad máxima del agronegocio.
Todas estas actividades se dieron en un contexto de resistencia latinoamericana a las prácticas extractivas; prácticas de saqueo del territorio y las corporalidades. Resistencia no sólo al agronegocio, sino que también a la megaminería, el fracking y el desmonte. Prácticas que explotan, envenenan y matan, y que hace décadas se llevan adelante en toda la Abya Yala, porque fueron construidas como naturales para el progreso. Pero ¿de qué progreso se habla si lo que deja es muerte?
En el contexto neoliberal en que se gestaron las resistencias y se tejieron redes para denunciar los abusos, en Argentina fue año electoral. Pudimos ver a nivel nacional, provincial y local, en el caso de Coronel Suárez, cómo las resistencias ambientales y los cuestionamientos al modelo productivo, fueron cooptadas en los discursos de Cambiemos y el Frente de Todos.
En esta ciudad bonaerense, a pesar de las intervenciones en el Concejo para que sea tratado el proyecto de ordenanza, los concejales no tuvieron la intención política de presentarlo para ser tratado, excepto Ricardo Alejo Moccero, Concejal del Movimiento para la Victoria e Intendente electo de la ciudad por el Frente de Todos, quien se acercó a la Asamblea autoconvocada con la intención de discutir el proyecto en conjunto y presentarlo desde su bloque, asegurando que era la forma de que sea tratado. “Sabíamos que era parte de su estrategia política para sumar votos”, dijo Lucía Borsella, integrante de la ONG Evolución Ambiental y artivista por la salud ambiental, “lo discutimos y pensamos que si era la única forma de que sea tratado debíamos hacerlo, teniendo en claro nuestro horizonte y nuestro posicionamiento político”.
El candidato, quien también es dueño de varias hectáreas, se juntó con les vecines e integrantes de la ONG. Uno de los puntos que propuso modificar fue la distancia ya que mil metros le pareció mucho, por lo que propuso reducir la distancia de fumigación a 400 metros. Les ciudadanes no estuvieron de acuerdo y propusieron que sean 600, ya que desde 2017 existe la Ordenanza Municipal n° 3029 que establece que los “depósitos de semillas, fertilizantes y agroquímicos (…) deberán radicarse en zona rural y zona de servicios de ruta. Si se emplazaran en zona rural, deberán distar como mínimo 600 m. del límite del área urbana y de sus zonas de reserva”, por ende, explicó Borsella que: “si los bidones cerrados tienen que estar a 600 metros, abiertos es lógico que la distancia sea mayor”.
Así fue que entre otras negociaciones se estableció esa distancia inicial que cada año deberá aumentar 100 metros hasta que llegar a los mil metros que se pidieron inicialmente desde la ONG y les vecines autoconvocades. El candidato a intendente, presentó el proyecto de ordenanza, se paseó por los medios haciéndose parte del mismo, y hasta se comprometió él mismo a producir desde la agroecología.
Sin embargo, el martes 26 de noviembre, a cuatro días de cumplirse el primer aniversario de presentado el proyecto de ordenanza, el concejal Javier Roth del bloque de Cambiemos, presentó un contraproyecto que ignora la voluntad popular y el trabajo realizado por la Asamblea Autoconvocada y la ONG, proponiendo distancias de aplicación que burlan la exigencia de les ciudadanes: 50 metros de zonas urbanas, 30 metros de cursos de agua y no se estipulan las distancias de escuelas rurales.
A este contraproyecto, el Movimiento para la Victoria, adhirió, dejando clara su posición y verdaderas intenciones frente a la regulación del uso de agrotóxicos. Frente a ésta estrategia de los dirigentes políticos que dos días antes de la última sesión del Concejo Deliberante, y antes del cambio de gestión, propuso tratar este contraproyecto “sobre tablas”, les vecines otra vez resistieron. En dos días lograron que la problemática sobrepase los límites locales y la noticia de esta jugada política en favor del agronegocio llegue a múltiples medios provinciales y nacionales, denunciando la connivencia política en la que la grieta entre el bloque de Cambiemos y del Frente de Todos, se cerró para seguir legitimando el poder de la oligarquía ecocida.
Llegó el día en que se reunió el Concejo. En la plaza, la Asamblea autoconvocada debatió las líneas de acción: lo importante fue que no se apruebe el proyecto ese día. Esta vez, la sala donde se reunieron los concejales estaba llena de vecines preocupades por el futuro de su salud e inquietes por la posibilidad de que se legalizara el envenenamiento silencioso, pero con la certeza de que sus corporalidades significaban resistencia y presión a les gobernantes.
El contraproyecto finalmente no se trató sobre tablas, pero pasó a cuarto intermedio. Una batalla ganada les dio más tiempo pero no ignoran que la bomba aún puede explotar, porque esta medida significa que los concejales pueden juntarse en cualquier momento y entre cuatro paredes, y a espalda de les habitantes, aprobarlo. No fue un respiro de alivio, sino un respiro que llenó los pulmones de aire para seguir gritando y exigiendo que ¡paren de fumigarnos!
Así, pasó otro año sin ordenanza. Otro año en que se visibilizó a quienes responden y representan verdaderamente los que ocupan los puestos políticos de la ciudad. Otro año en que los empresarios del agronegocio demostraron su incumbencia en lo estatal, impunes, sin disimulo.
Pero otro año, también, de lucha. Otro año de encuentros, de redes que se tejieron para resistir. Otro año en que las energías y el amor de todes les que se nuclearon en la Asamblea Autoconvocada por la Salud Ambiental de Coronel Suárez, se expandió demostrando que la transformación es posible si nos fortalecemos colectivamente para construir nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno y nosotres mismes. Otro año que les llenó de fuerza para convencernos de que #SeráOrdenanza.
