Mucho se ha dicho sobre la sociedad mendocina. Que es parte de la franja de “chetoslovakia”, que exportamos a Vila, Manzano, al vicepresidente del “no positivo”, a Sanz como el operador que conquistó el acuerdo del radicalismo con el PRO en aquel trágico 2015, que somos mansos y “gorilitas”. Sin embargo, por estos días el pueblo de Mendoza está protagonizando un nuevo Mendozazo, en defensa del derecho a la vida y en lucha contra la megaminería.
Por Gisela Marsala desde Mendoza / Fotos: David Medina Kaiser
Un diciembre caliente levanta temperatura en la provincia de Mendoza. Un sol radiante trepa cerca de los 40° todos los días, ríos secos y barrios enteros sufren la falta de agua, mientras que los country lucen sus piscinas, fuentes y lagos privados. Un desierto que es declarado por décimo año consecutivo en estado de crisis hídrica, vive una sequía intensa. Los agricultores realizan el riego bajo turnos estrictos y la cantidad de milímetros de agua que cae por lluvia anualmente, ya es menor a la del desierto de Sahara. El gobierno multa económicamente a vecinos y vecinas que rieguen sus casas, laven el auto o usen agua que no sea exclusivamente para el consumo humano, desde las 7 a las 22 hs. Sin embargo, el agüita pura para las grandes corporaciones mineras, parece estar garantizada.
El pasado viernes, en una sesión exprés, fueron aprobadas las modificaciones de la Ley 7.722 en la Legislatura provincial, impulsadas por el gobierno de Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio) y acompañadas por la mayoría del bloque del PJ, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputades. Esto generó una reacción inmediata de las miles de personas que se habían hecho presentes en el lugar, para seguir minuto a minuto el debate y repudiar el proyecto de modificación.
El domingo comenzó una caravana que recorrió toda la provincia exigiendo al gobernador la derogación de la Ley. Desde San Carlos hasta la Capital de Mendoza, 100 km de resistencia social, en autos, motos, bicicletas y pueblo de a pie que se sumó durante el recorrido. “El agua de Mendoza, no se negocia” coreaban los 12 km de largo que recorrió Pareditas, Eugenio Bustos, Jocolí, General Alvear, San Rafael, Uspallata y el este provincial. La inmensa columna confluyó con las asambleas socio-ambientales de la Ciudad Metropolitana, vecinos y vecinas de todas las localidades, familias enteras, organizaciones políticas, movimientos sociales y agrarios, espacios culturales, el colectivo Ni Una Menos, agrupaciones estudiantiles y comunidades de pueblos originarios. Todo un pueblo. Toda una noche en vigilia por el agua pura. La inmensa movilización se dirigió hacia Casa de Gobierno e hizo entrega de un petitorio al Secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, ya que el #GobiernoDelDiálogo no atendió a nadie. Estaban muy ocupados organizando el protocolo represivo que llevarían adelante, minutos más tarde.
La 7.722 no se toca
La #Ley7722 fue generada por las asambleas socio-ambientales, acompañada y defendida por todo un pueblo que ha desarrollado altos niveles de conciencia respecto a la defensa del agua, como un bien común que hay que proteger y utilizar de manera responsable. Básicamente plantea(ba) la prohibición de sustancias químicas y tóxicas como el cianuro o el ácido sulfúrico en la explotación de proyectos mineros; y que los mismos pasaran por la Legislatura para ser aprobados o rechazados. Desde ese momento, las cámaras empresarias mineras presentaron decenas de pedidos de inconstitucionalidad, aunque la ley fue ratificada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en 2017.
Durante esta década varios emprendimientos mineros se han afincado en este territorio, sin embargo se desarrollaron en el marco de la vigencia absoluta de la Ley 7.722. Es decir, no se prohibía la minería sino que se regulaba de manera sustentable. Desde el punto de vista del derecho ambiental como un derecho humano, rige el “principio de progresividad”, esto es la evolución sostenida de la normativa, mediante medidas cada vez más favorables, algo que les funcionaries parecen desconocer en estos tiempos.
El agua de Mendoza no se negocia
Casi como un mantra suena y se expande esa frase, al ritmo del canto popular. Esta movilización constituye un hito que pasará a ser parte de la historia local. Cerca de 80 mil personas se hicieron presentes el lunes pasado, 23 de diciembre, en Casa de Gobierno, llegando desde todos los puntos de la provincia, con sus carteles, sus familias y su exigencia a dar marcha atrás con la modificación de la 7.722. Sin embargo, el Ejecutivo decidió ir por más y mientras un pueblo entero le copaba las calles, tomaron dos decisiones: por un lado promulgaron la normativa y fue publicada en el Boletín Oficial como la Ley 9.209; por otro lado desataron una represión nunca vista desde la vuelta de la democracia hasta acá. Con la ya conocida estrategia de enviar “infiltrados”, encapuchados con la cara tapada que fueron fotografiados bajando de móviles policiales, unos empujones contra el vallado de Casa de Gobierno, fueron la excusa para la violencia estatal. En pocos minutos la mayoría de les manifestantes se dispersaron con el objetivo de reagruparse en el Km 0 de la ciudad, sin embargo la policía llevó adelante una dura persecución con gases y balas de goma. Un escenario que les mendocines acostumbramos a ver solo por televisión.
Lejos del miedo y las operaciones que promovió el gobierno durante todo el día, la bronca y la rabia crecían. Manifestantes de todas las edades, colores, ideologías y sectores sociales se movilizaron en las calles de la Ciudad, hubo cortes en el Nudo Vial de acceso a la Capital, la Ruta del Mercosur en Uspallata y cacerolazos en distintas localidades del interior de Mendoza. La represión continuó pero la gente la bancó. Hacia la noche, nuevamente, miles y miles de personas recorrieron la ciudad durante horas repudiando la violencia y las detenciones.
El 24 de diciembre fue un día atípico. Lejos de los paseos de compra que promueve el consumismo navideño, Mendoza se vistió de lucha. Hubo concentraciones autoconvocadas a cada hora y expresiones artísticas que visibilizaron el repudio popular, asambleístas y vecines pasaron la Noche Buena en los cortes de ruta en San Carlos y se realizó el “brindis navideño por el agua pura” con cientos de personas en pleno centro. Pos su parte, las redes sociales en esta coyuntura son una gran fuente informativa, donde está la posta de los sentimientos y posicionamientos de las mayorías. Cada familia brindó con agua esa noche y subió su foto en estados de whatsapp, historias de instagram y publicaciones de facebook, alzando carteles en defensa de la 7.722.
El jueves 26 de diciembre el gobernador Rodolfo Suárez brindó una conferencia de prensa para anunciar el llamado a una “mesa de diálogo” para construir acuerdos con distintos sectores y la no reglamentación e implementación de la ley 9.209, mientras dure este proceso. A su vez afirmó que “la gente está desinformada” y “se deja meter miedo” por las campañas mentirosas de “los violentos”, además sostuvo que esto es necesario ya que en Mendoza el 40% de la población vive en la pobreza. Por la noche, el pueblo se convocó nuevamente a lo largo y ancho de la provincia y en la Capital una enorme multitud y muy diversa protagonizó una marcha de 20 cuadras. Pueblo, mucho pueblo. “Tambores por el agua pura” se llamó el encuentro de percusión que acompañó a las 20 mil personas presentes.
La magnitud de esta convicción, la persistencia y el impacto cuantitativo y cualitativo, marcan un antes y un después en la política mendocina. Estamos ante la presencia de un fenómeno poco común en esta tierra que albergó el sueño revolucionario e independentista de San Martín y que luchó en los ´70 generando su propio “azo”.
Y en el medio, dirigentes de todas las fuerzas que no saben dónde están parados (y paradas), ni para dónde correr. Un gobierno neoliberal en Mendoza que lleva adelante con convicción sus planes estratégicos de saqueo y enriquecimiento, a través de corporaciones multinacionales, con una oposición que acompaña mayoritariamente. Pocos son los legisladores y legisladoras que votaron en contra de la modificación y que hoy pueden mirar al pueblo a los ojos. Un análisis profundo sobre esto, que convoque a reflexiones y preguntas, merece otro capítulo en esta crónica.
Ya son seis los municipios que han decidido suspender la Fiesta de la Vendimia (que se realizan durante enero y febrero, culminando en marzo con la fiesta provincial) y la “Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia” expresó un duro comunicado, mantuvo una reunión con el gobernador anunciando que no participarán de ninguna fiesta hasta que no se de marcha atrás con la ley porque “sin agua no hay vendimia”. El reclamo fue sumando voces que ven con preocupación la escalada represiva y la falta de consenso social para avanzar con las medidas del gobierno provincial. Mientras tanto, continúan las convocatorias y el plan de lucha se profundiza. El próximo lunes se espera una masiva movilización que partirá desde todos los departamentos del Gran Mendoza y alrededores, hacia la Casa de Gobierno. La consigna es una: exigir la derogación de la ley 9.209 y la vigencia efectiva de la 7.722.
