Por María Paula García. Marita desapareció el 3 de abril de 2002 cuando salió de su casa hacia la Maternidad donde una vecina le había conseguido un turno para una ecografía. A 10 años de la investigación queda en evidencia el vínculo entre empresarios, la policía, la justicia y diversos gobiernos de turno en las redes de trata.
Los testigos, muchos de los cuales son chicas rescatadas de prostíbulo, como las investigaciones más importantes realizadas fundamentalmente por su madre Susana Trimarco, revelan que Marita fue víctima de una red que la secuestró para explotarla sexualmente en prostíbulos de La Rioja.
El juicio estará a cargo de la Sala 2 de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán y los imputados son trece, siete hombres – entre ellos un ex policía que era al mismo tiempo empleado en un burdel – y seis mujeres, todos acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con promoción de la prostitución. Ninguno de los imputados está preso y tampoco serán juzgados por la Ley 26,364 (Ley de Trata de Personas. Prevención y asistencia a sus víctimas), porque es una ley sancionada recién en 2008.
“Luché mucho para que estos trece delincuentes enfrenten a la justicia”, dice Susana Trimarco a poco de comenzar el juicio. Si bien Marita desapareció en abril de 2002, la investigación policial comenzó a realizarse a fondo recién en junio de ese año. Es por ello que ante la falta de una búsqueda policial concreta, su madre comenzó a buscarla personalmente. Vendió las dos propiedades que tenía para poder financiar sus viajes por todo el país y hasta se hizo pasar por dueña de un prostíbulo en más de una oportunidad para conseguir información. Mientras la policía, la justicia y el poder político entorpecían por acción u omisión la causa de Marita, Trimarco logró rescatar a cientos de mujeres de las garras de los tratantes, a muchas de las cuales refugió en primera instancia en su propia casa y más tarde en su Fundación María de los Ángeles Verón. Han pasado casi diez años del episodio que cambiaría su vida para siempre y no la detuvieron ni las amenazas ni los intentos de asesinato, tampoco la muerte de su esposo víctima de una profunda depresión. Hoy su nieta Micaela, hija de Marita, tiene 13 años y se ha convertido en querellante de la causa.
La lucha de Susana Trimarco por encontrar con vida a su hija y encarcelar a los culpables representa un antes y un después en nuestro país. En primer lugar porque develó la existencia de redes de trata para la prostitución a nivel nacional, una amplia red mafiosa que trafica jóvenes mujeres para obligarlas a prostituirse, las torturan, las matan si intentan escaparse y cuentan con una enorme complicidad estatal. Redes que además tienen estrechos vínculos con el tráfico de drogas y la venta de órganos, entre otros delitos. Pero además porque motivó a otras madres a levantar la voz por la desaparición de sus hijas y logró que estos hechos sean denunciados y visibilizados por muchas personas y organizaciones. Un movimiento contra la trata de mujeres que puso ante la vista de toda la sociedad que existen cientos de mujeres secuestradas y desaparecidas a las que nadie busca y que estos casos no son considerados ni desapariciones políticas (por lo tanto de segundo orden) ni graves violaciones a los derechos humanos.
A pesar de que actualmente existe una Ley de Trata de Personas que tipifica el delito como delito federal, lo real es que los avances políticos concretos y las políticas públicas que de ellos se derivan no han sido aún significativos. De esta manera, más allá de la repercusión mediática que ya ha adquirido el juicio y que seguramente aumentará a lo largo de los meses en los cuales se desarrollará, es imprescindible dar cuenta de las serias limitaciones que presenta en sí mismo y más allá. Muchos medios ya lo muestran como un juicio que será trascendental para que quede plasmado cómo funcionan las redes de trata de personas. Sin embargo, poco se dice acerca del accionar de la justicia y de la responsabilidad del poder político nacional y provincial en todo ello.
Luego de atravesar incontables obstáculos judiciales, hoy los abogados querellantes y la familia de Marita aspiran a que el juicio logre ampliar la red de encubrimiento y reconstruir el itinerario de Marita aquel 3 de abril de 2002, siendo la expectativa máxima la condena de los trece imputados, que surja algún testimonio que ayude a saber dónde está Marita y sobre todo: que alguien dé la orden para recomenzar su búsqueda. La búsqueda de Marita Verón está cerrada desde diciembre de 2004.
Mientras tanto, el grupo mafioso / empresarial relacionado con el secuestro y la desaparición no ha sido desmantelado. Rubén Ale, uno de los cabecillas del conocido grupo de los Ale, fue sobreseido en el 2004, a pesar de haberse probado que Marita estuvo secuestrada en la casa de una de sus mujeres y de que a su agencia pertenecía el remis que llevó a Marita a la Maternidad (una agencia que llegó a tener una flota de 5000 autos). Los Ale han gozado de una muy buena relación con el gobierno provincial, sobre todo en la época del gobernador Miranda. Sabido es el manejo que tienen de una red de estaciones de servicio, casas de juego y prostíbulos. El mismo Rubén Ale llegó a ser presidente del Club San Martín de Tucumán y hasta se presentó en estos diez años como candidato a concejal y a legislador con apoyo de Carlos Menem.
Pero tampoco se han cerrado los prostíbulos ni ha sido desmantelado el negocio de la prostitución en la provincia, un negocio que se sirve del secuestro y desaparición de mujeres y que está lejos de quedar circunscripto a un problema de “mafia interna”. La trata de mujeres para la prostitución en Argentina no es un problema local, ni mucho menos. Se trata de una red con conexiones nacionales e internacionales, que constituye el segundo negocio ilícito del mundo con ganancias más que millonarias y que cuenta con el encubrimiento y/o el apoyo más o menos directo del Estado en todos sus niveles. Las recientes denuncias sobre el ex SIDE Martins son apenas una de las últimas expresiones al respecto.